La reforma de la Ley de Dependencia pasa su primer examen en el Congreso

La reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad ha pasado su primer examen en el Congreso. El PNV ha retirado la enmienda a la totalidad que puso anteriormente, al llegar a un acuerdo con el Gobierno, y la de Junts, que finalmente se ha votado, sólo ha contado con siete apoyos –los parlamentarios que tiene la formación catalana–: 171 diputados han votado en contra y 169 se han abstenido.  

Durante el debate previo a la votación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que la reforma de las leyes va a contar "con la financiación necesaria para ser viable y salir adelante".

"Yo hoy con total claridad quiero transmitirle a todos los grupos parlamentarios que estas reformas contarán con la financiación necesaria para ser viables y salir adelante. Es lo que refleja el acuerdo de gobierno que recoge el compromiso de alcanzar un 50% de la financiación de la dependencia en la contribución de la Administración General del Estado", aseguró.

Según precisó Bustinduy, la "triste realidad" es "un pasado de infrafinanciación crónica". "Tenemos que reforzar el sistema al mismo tiempo que lo reformulamos y lo transformamos. Pero yo hoy quiero declarar aquí que tenemos toda la determinación de hacerlo", insistió y puso en valor que, desde el año 2020, la contribución del Estado al sistema de la dependencia "se ha incrementado en un 150%" y "se ha triplicado desde el año 2014". Además, destacó que este 2025 se alcanzará "un máximo histórico de más de 3.700 millones de euros".

Argumentos en contra y a favor de la Ley

Para defender la enmienda de devolución, el diputado de Junts Josep María Cruset denunció que este proyecto de ley supone "una contundente invasión competencial" y envía "un mensaje falso" pues "pretende insinuar que Cataluña no es capaz de proteger por sí sola a sus ciudadanos".

Además, señaló que "más de 100.000 catalanes han muerto en lista de espera" de la dependencia "por falta de recursos del Estado y por mal funcionamiento de la ley de dependencia" y añadió que no van a "regalar votos a cambio de una ley nefasta".

Desde el PP, el diputado Enrique Belda advirtió de que "sin dinero no hay desarrollo de los derechos" sino "solo buenas palabras". "Sin unos Presupuestos Generales del Estado y unos compromisos plurianuales se nos cae todo el edificio de los derechos que están articulando", precisó. Además, criticó la "prisa" por sacar el "producto legislativo" y pidió que "la tramitación se relaje".

Por su parte, el diputado del PSOE Emilio Saez ensalzó que es un proyecto "consensuado", que "no vulnera competencias en Cataluña" y aunque reconoció que "hacen falta recursos", afeó al PP falta de inversión en sus comunidades autónomas. "Los gobiernos del presidente Sánchez han derivado más de 300.000 millones de euros a las CCAA en los últimos años, de los cuales podían haber dedicado más dinero a la discapacidad y a la dependencia en sus comunidades", les reprochó.

Mientras, desde Vox, la diputada Rocío De Meer criticó la enmienda de Junts y les acusó de ser "abanderados del egoísmo, carroñeros de los impuestos de los españoles y ladrones de la identidad colectiva". Si bien, añadió que la reforma del Gobierno "no es la que necesita España" pues, a su juicio, "no brinda ninguna ayuda real" y "quienes cuidan van a seguir igual de abandonados y quienes sufren van a seguir sin alivio". "Eso se llama estafa", denunció.

Por otro lado, el diputado de Sumar, Lander Martínez, alabó el "esfuerzo" de Derechos Sociales al redactar esta norma que, a su juicio, "respeta con pulcritud el ámbito competencial". "No caben cálculos y no caben ni siquiera bloques, lo que estamos intentando construir es un consenso en torno a la expansión permanente de nuestro sistema de cuidados de larga duración". Además, aseguró que durante la tramitación se iban a poder incorporar mejoras y llegarán "hasta donde se pueda", una afirmación que ha dejado "preocupado" al diputado de Junts.

Mientras, el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch criticó que la ley "hace grandes promesas" de "grandes mejoras" pero "sin presupuesto". "El menú es bueno, tiene buena pinta, pero al final nos piden que paguemos nosotros. Espero que eso no pase", remarcó.

En la misma línea, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta avisó de que los derechos que amplía la norma pueden quedar en "papel mojado" sin financiación y espera que el compromiso de Bustinduy "esta vez sí se cumpla". En todo caso, aseguró que el proyecto supone "una oportunidad para avanzar en derechos" y criticó a las formaciones que "recurren al tema competencial como excusa para frenar avances".

Desde el PNV, la diputada Maribel Vaquero explicó que habían retirado su enmienda a la totalidad tras llegar a un acuerdo con el Gobierno, con el compromiso de poder incorporar mejoras. "De ello dependerá, señor ministro, nuestro voto al final de la tramitación. Porque a pesar de que el portavoz de Sumar hoy haya afirmado que el texto propuesto respeta el ámbito competencial, esto no es así", advirtió.

La diputada de Podemos, Noemí Santana ha precisado que su grupo no está de acuerdo "al cien por cien" con el proyecto pero ha defendido que las personas dependientes y discapacidad "no pueden seguir esperando". Además, aclaró que "la ministra que revirtió los recortes de la derecha, del señor Rajoy, fue la ministra Ione Belarra" y ha afeado a Bustinduy que "a día de hoy no han subido un céntimo".

Cambios propuestos a las leyes

Cabe recordar que la norma incorpora la accesibilidad universal como un derecho y una obligación de todos los poderes públicos y contenía medidas destinadas a agilizar y desburocratizar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad.

Para avanzar en la autonomía de las personas con discapacidad y fomentar su inserción laboral, la ley también permite compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema.

Además, el proyecto de ley amplia el catálogo de servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia y las que tienen una discapacidad; suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones que se introdujo en el año 2012 y elimina el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

Según el Ministerio de Derechos Sociales, la reforma de ambas normas al mismo tiempo va a permitir "avanzar en la transformación del modelo de cuidados" para "dejar atrás el modelo asistencialista y acercarse más a un modelo que se adapte a las preferencias y necesidades de las personas".

Enmiendas parciales

Ahora el texto seguirá su trámite parlamentario, pudiendo incluirse enmiendas parciales, entre las cuales pueden estar las propuestas de diferentes organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de los propios mayores o familiares de personas con discapacidad y dependencia, que han ido formulando en las últimas semanas.