Bustinduy confía en aprobar la reforma de la ley de dependencia pese al veto de Junts y PNV

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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avanzado que el último pleno del Congreso del actual periodo de sesiones, que se celebrará el 11 de diciembre, incluirá el debate y votación de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley para reformar la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Pablo Bustinduy se ha expresado así durante su intervención en un desayuno informativo Nueva Economía Fórum, donde ha sido presentado por la vicepresidenta Segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

 

 

Los grupos parlamentarios de PNV y Junts han presentado en el Congreso dos enmiendas de totalidad para devolver al Gobierno a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia por entender que vulnera la competencias autonómicas.

"Es la siguiente gran tarea del Ministerio. No son leyes que sean del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. No son leyes que sean del Gobierno. Son leyes del país", ha declarado Bustinduy, que ha defendido que estas normas vienen "avaladas y empujadas por un amplísimo consenso social y por una movilización de la sociedad civil organizada absolutamente determinante".

Para el ministro de Derechos Sociales, que ha reconocido que "no es la legislatura ni el momento más fácil", la construcción del sistema de la dependencia es el "principal desafío" de la política social a futuro en España. "Por tanto, el momento de actuar es ahora", ha subrayado. En este sentido, Pablo Bustinduy ha defendido que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) debe incluir, y ese es su "compromiso", una mejora "sustantiva" de la financiación de la dependencia.

 

 

Además, ha abogado por la transformación del modelo de cuidados, pasando de un "paradigma asistencial e institucional, basado en la gestión de grandes complejos residenciales, a generar un ecosistema de apoyos, de prestaciones y de prácticas que permitan que la gente mantenga condiciones de autonomía y de bienestar durante el mayor tiempo posible" y en su casa.

La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, según ha destacado el ministro, "diseñan el horizonte de ese modelo" reconociendo nuevos derechos, como el de la teleasistencia como derecho subjetivo universal o nuevas fórmulas de atención como la ayuda a domicilio que se va a extender a actividades fuera del domicilio (ir a la compra, al médico, al centro de día).

Bustinduy ha señalado que la tercera pata de esta reforma son las condiciones de trabajo. "Hay que hacer un ejercicio colectivo de valorización, no sólo de mejor remuneración, de mejores condiciones de trabajo, de mayor estabilidad de itinerarios socioprofesionales, sino de valorización", ha manifestado, al tiempo que ha advertido de que "si el trabajo de cuidados se detuviera un solo día, el país colapsaría".

Prestación universal por crianza

El ministro de Derechos Sociales también ha afirmado que la prestación universal por crianza "va a suceder". "Nos llevaremos las manos a la cabeza por no haberlo hecho antes", ha declarado.

Según Bustinduy, "un país que está viviendo un momento macroeconómico objetivamente bueno, no puede tolerar, no puede consentir, no puede asumir como normal que prácticamente uno de cada tres niños, niñas y adolescentes vivan en riesgo de exclusión social o de pobreza".

Según el ministro, es una cuestión que "trasciende un posicionamiento ideológico". Así, Pablo Bustinduy ha dicho que "no hay que inventar la pólvora", porque en "17 países europeos existe un mecanismo que se llama prestación universal por crianza". "Es una obligación, no es una opción", ha asegurado.

"Toda la literatura científica, pero también la experiencia de nuestros vecinos y vecinas, demuestra que tendría una capacidad, según las estimaciones, de reducir de manera inmediata un 50% las cifras de pobreza infantil y del 50% restante, hasta un 50% la intensidad de esa pobreza", ha argumentado el ministro.

Frente a los que esgrimen un "supuesto coste desorbitado" de esta medida, Pablo Bustinduy ha respondido que "el coste desorbitado es el que tiene el impacto de la pobreza infantil" en España, "que se estima, se cifra, hasta en 65.000 millones de euros todos los años".

"Yo creo que es algo que no sólo debe suceder, sino que va a suceder, y que cuando suceda miraremos y nos llevaremos las manos a la cabeza por no haberlo hecho antes", ha declarado el titular de la cartera de Derechos Sociales.

Alimentación infantil

En materia de alimentación infantil, se ha mostrado "orgulloso" de haber aprobado el año pasado el real decreto de comedores escolares, que va a garantizar que "cinco comidas a la semana, las que hacen los niños y niñas en los colegios en España, respondan a los estándares nutricionales sugeridos por la Organización Mundial de la Salud".

Preguntado sobre qué puede hacer el Gobierno y su Ministerio para hacer realidad la universalización del comedor escolar, el ministro ha recordado que es una competencia autonómica y ha añadido que "si no se pueden dar pasos adelante o no se quieren dar pasos adelante, por lo menos no darlos hacia atrás". "Lo que es absolutamente incomprensible es que en los últimos años se hayan recortado los programas de financiación para garantizar la gratuidad de los comedores escolares", ha indicado.

"Esto ha sucedido en Extremadura, esto ha sucedido en Galicia, esto ha sucedido en Andalucía. Es absolutamente incomprensible. El comedor escolar debe ser un derecho de los niños y de las niñas y debe ser universal y gratuito. ¿Qué puedo hacer yo? Decirlo y presionar, darle una vuelta a ver cómo conseguimos generar la suficiente presión social, ciudadana y política", ha concluido.