En pleno escándalo poltítico por la condena a José Luis Ábalos –el que fuera su hombre fuerte en el Gobierno y en el partido–, Pedro Sánchez ha querido cambiar el foco y por sorpresa ha hecho este martes, un día después, un anuncio histórico: la aprobación en el Consejo de Ministros de "la mayor inversión de la historia democrática".

"Hoy el Consejo de Ministros y Ministras, que vamos a celebrar en escasos minutos, va a aprobar un real decreto ley con la mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática. Estamos hablando en concreto de 2.218 millones de euros extra para cuidar más y mejor a quienes más lo necesitan", ha avanzado Sánchez en el salón de actos de la sede del Imserso, en un encuentro con organizaciones de discapacidad y dependencia, al que han asistido varios ministros como la portavoz del Gobierno y responsable de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. 

 

 

 

 

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Según ha precisado, esta inversión "casi multiplica por cinco" la financiación estatal desde su llegada al Ejecutivo y "va a permitir cumplir con uno de los grandes compromisos de esta legislatura": que "la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia elevando su aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027". Actualmente, el Ejecutivo aportaba cerca del 30% y el resto se financiaba a través de las comunidades y del copago.

El llegar al 50% de la financiación no sólo era un objetivo del acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE y SUMAR en 2023, es también una reclamación histórica de asociaciones de mayores y de familiares, sindicatos, patronales, comunidades autónomas y otras organizaciones del sector. 

Es más, la propia Ley de la Dependencia, aprobada en 2006, nació con este compromiso. Cuando se aprobó, el propio ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de aquel entonces, el socialista Jesús Caldera, impulsor de esta norma, ya promentió que "la financiación" sería "suficiente" y quedaría "garantizada mediante la corresponsabilidad de todas las Administraciones Públicas". 

Ahora bien, han tenido que pasar 20 años –con incluso recortes de por medio, con motivo de la crisis, durante la legislatura de Mariano Rajoy–, para que se cumpla con este objetivo.

Y se ha hecho, finalmente, no vía Presupuestos Generales de Estado (PGE), sino a través de un Decreto Ley. Cabe recordar que, tras los importantes incrementos de fondos que se produjeron durante la pandemia con el Plan de Choque 2021-2023 –diseñado principalmente para reducir la lista de espera–, la partida de la Dependencia dejó de aumentar a ese mismo ritmo en los últimos tres años, coincidiendo con las sucesivas prórrogas de los PGE.  

Más ayudas para los dependientes

Ahora, según explican en un comunicado de prensa del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la medida anunciada por Sánchez se materializará con un aporte del Estado de 6.200 millones de euros más (6.162.904.040 euros), solo entre 2026 y 2027.

Esta cifra se alcanzará mediante una reforma estructural de la financiación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) y que consistirá en un incremento de las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tenga reconocido un grado de dependencia.

En particular, las cuantías serán duplicadas en el caso de las personas con mayor dependencia y que, por tanto, requieren más recursos:

• Para el grado III (gran dependencia) suben un 128%, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes.
• Para el grado II (dependencia severa) suben un 100%, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes.
• Para el grado I (dependencia moderada) suben un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes.

En total, estos incrementos implican que la aportación económica del Gobierno de España a la dependencia alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones de euros en 2027.

Esto supone que el año que viene, la inversión del Estado en dependencia será el doble que en 2025 y cinco veces más que hace una década, cuando se produjeron los recortes de la administración Rajoy, con motivo de la crisis económica. 

Según adelantan en el comunicado, a partir del 1 de julio de este año 2026, la Administración General del Estado (AGE) comenzará a transferir una cantidad mayor de dinero a los gobiernos autonómicos, que son quienes tienen la competencia exclusiva de gestionar la dependencia.

Financiación blindada

Además, detallan, se blinda a futuro esta inversión ampliada ya que supondrá una obligación para el Estado, independientemente de cuál sea el Gobierno y de su situación presupuestaria, y dado que estas nuevas cuantías para cubrir los niveles mínimos de protección sólo podrían revertirse por una norma con rango de ley.

Y la medida se toma, justifican, con el objetivo de mejorar la calidad de atención y, al mismo tiempo, enfrentar nuevos retos como el envejecimiento de la población o los cambios en las estructuras familiares.

Igualmente, este incremento en la financiación supondrá, de manera inmediata, añaden, aumentar las prestaciones de más de 1,6 millones de personas en España –hay 1.682.785 personas con prestación efectiva según los últimos datos publicados por el Imserso, a fecha de 31 de mayo de 2026, en nuestro país–.

Y, asismo, puntualizan, esto se traducirá en que en 2027 la aportación del Estado al SAAD alcanzará el 50% del gasto total de la Dependencia.

Nuevo modelo de cuidados y listas de espera

Estos fondos, prosiguen en el comunicado, no sólo son para mejorar el sistema sino también para que se pueda avanzar hacia el nuevo modelo de cuidados que impulsó el Ministerio de Derechos Sociales hace dos años con una estrategia estatal para desinstitucionalizar a las personas en situación de dependencia.

Es decir, afirman, para dejar atrás un enfoque asistencialista de los cuidados y avanzar hacia uno más centrado en la persona, en el que disponga de más derechos y autonomía, y que priorice su voluntad –como la de vivir en su hogar o en entornos próximos y comunitarios–.

Con este objetivo, explican desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, los gobiernos autonómicos dispondrán ahora de una mayor cantidad económica cada año para invertir en dependencia y en mejoras como:

• Continuar reduciendo listas de espera para acceder a una prestación por dependencia, agilizando el sistema y minimizando la burocracia. Según calcula la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, 900.000 personas dependientes habrían fallecido desde que se creó la Ley en el limbo de la Dependencia. Según los datos recopilados por Europa Press, un total de 271.556 personas se encontraban a la espera de la dependencia a 31 de marzo de 2026, un 2,5% menos que hace un año. De ellas, 152.249 personas llevan esperando más de 6 meses, que es el plazo máximo que establece la ley (180 días) para que la Administración resuelva estos procedimientos, la mitad que en 2020.
• Contratar a más trabajadoras para ofrecer cuidados a las personas en situación de dependencia y mejorar sus condiciones laborales.
• Ofrecer más y mejores servicios a las personas en situación de dependencia, especialmente aquellas en una situación más grave.
• Ampliar la atención a domicilio e incrementar los centros de día.
• Invertir más en tecnología y consolidar servicios como la teleasistencia.
• Transformar los centros residenciales para superar el modelo de las macrorresidencias y habilitar espacios en el que los usuarios tengan más autonomía, en sintonía con los diferentes proyectos residenciales que el Gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años a través del PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).

Una inversión con retorno económico

Además de todas las mejoras que podrán aplicarse con este incremento en la financiación de la dependencia, el Ministerio de Derechos Sociales estima que esta política social tendrá una elevada rentabilidad económica y social, y que será capaz de generar un impacto significativo sobre la actividad económica, en base a diferentes estudios publicados al respecto en los últimos años.

Uno de esos estudios fue publicado hace un mes con el título El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España, y realizado por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE). Según este informe, que analizó el plan de choque del Gobierno de España para revertir los recortes en el SAAD, cada euro que se invirtió en dependencia generó 1,6 euros de actividad económica. El estudio también señala que esta inversión creó 95.000 empleos directos en el sector y que el 49% del gasto en este sistema regresó a las administraciones públicas a través de cotizaciones sociales e impuestos.

En base a estos datos, el Ministerio de Derechos Sociales estima que, a partir de este 2026, la mayor inversión que va a hacer el Estado en dependencia con esta plan de expansión puede traducirse en un impacto económico cifrado en hasta 4.000 millones de euros, con un retorno aproximado a las arcas públicas de 3.000 millones de euros, posibilitando además que se creen cerca de 100.000 nuevos empleos.

Hoy aprobamos la mayor inversión social en décadas para refundar el sistema de la dependencia y avanzar hacia un nuevo sistema público de cuidados para todas las fases de la vida.

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— Pablo Bustinduy (@pbustinduy.bsky.social) 23 de junio de 2026 a las 9:42

Reforma de la Ley de Dependencia

Otro objetivo fundamental de esta ampliación de la financiación del SAAD, puntualizan en el comunicado, es reforzar los recursos que reciben los gobiernos autonómicos para poner en marcha los cambios estructurales que establece la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad, actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados.

Esta reforma legislativa incluye nuevos servicios que los gobiernos de las Comunidades Autónomas tendrán que ofrecer a través del SAAD como:

• Nuevos modelos de convivencia colaborativa, y cuidados y apoyos en viviendas compartidas.
• Productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz, que se servirán mediante préstamo o cesión temporal.
• Servicios de asistencia personal para aquellas personas que lo deseen y tengan mayores necesidades de apoyo.
• Extensión del servicio de ayuda en el domicilio, para las personas que reciban esta ayuda puedan ser acompañadas por sus personas cuidadoras en otras actividades como ir al médico o a hacer la compra.

Al mismo tiempo, esta reforma reconocerá la teleasistencia como un derecho universal para garantizar que toda persona que requiere de este servicio pueda acceder a él, y garantizando igualmente que esta prestación no podrá ser única y deberá combinarse con otros apoyos. Así mismo, se extenderá la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, para evitar así que deban reintegrar prestaciones económicas.

Esta reforma, informan desde el Gobierno, incorpora otros avances como ofrecer a la persona usuaria el derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y garantizar su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas. Por otro lado, se garantiza que las personas en situación de dependencia recibirán una atención sanitaria sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias, estableciendo bases para que los gobiernos autonómicos coordinen sus servicios sanitarios y sociales, y con el objetivo de evitar lo ocurrido durante la pandemia del COVID-19 en algunas residencias.

Empleo de más calidad

Finalmente, aseguran desde el Ministerio de Derechos Sociales, entre los principales objetivos tanto del incremento presupuestario aprobado este martes como de esta reforma legislativa se encuentra también mejorar la calidad en el empleo de las personas que trabajan en la dependencia, con la máxima de mejorar las condiciones de las personas cuidadas y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de las personas que cuidan. De igual forma, una de las metas más importantes es poder incorporar más profesionales a un sistema que va a necesitar aumentar sus plantillas en los próximos años para hacer frente al desafío demográfico que supone tener poblaciones cada vez más envejecidas.

Para ello, los gobiernos autonómicos no sólo dispondrán de más dinero para poder contratar y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sistema (mayoritariamente mujeres), sino que la propia reforma de las leyes de dependencia y discapacidad incorpora un artículo específico sobre la calidad en los empleos de los cuidados, encaminado a garantizar que las trabajadoras tengan una situación laboral digna, estable y profesionalizada. Ese artículo señala, además, que el Consejo Territorial, integrado por el Gobierno de España y por los gobiernos de las CCAA, deberá establecer tanto los criterios de acreditación de calidad y estándares del empleo, como el número adecuado de profesionales según perfil de usuarios, su cualificación y formación.

Procesos administrativos vinculados a la dependencia y a la discapacidad.

Por otra parte, tanto la ampliación de la inversión en dependencia como esta reforma legislativa permitirá introducir mecanismos para agilizar y acelerar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y a la discapacidad. A nivel normativo, uno de los avances más destacados será el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas con un grado I en el SAAD, y a las personas que obtengan un grado II o III se les ofrecerá una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Además, se establecerá un procedimiento de urgencia para que las personas en situación de especial vulnerabilidad puedan acceder antes a servicios y prestaciones.

Por último, con la nueva financiación estatal del SAAD y la reforma en curso, el Gobierno da también un paso muy importante para dotar de más recursos económicos y normativos a los gobiernos de las CCAA para que cumplan con el mandato del nuevo Artículo 49 de la Constitución Española, reformado en 2024 para ofrecer más dignidad y más protección a las personas con discapacidad, y que implica garantizar derechos como, por ejemplo, la accesibilidad universal.