La reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad llega a su fase final. Tras pasar por el Congreso de los Diputados en julio, el pleno del Senado ha incluido este miércoles varias enmiendas promovidas por las formaciones políticas, principalmente las del Grupo Popular, en la Comisión de de Derechos Sociales, sobre las que deberá pronunciarse ahora la Cámara Baja. Se trata del último trámite parlamentario previsto antes de su aplicación.

En concreto, el Pleno ha aprobado el proyecto de ley por el que se reforman las leyes de discapacidad y dependencia con el apoyo de PP, PSOE y Junts y la abstención de Vox, PNV, Esquerra Republicana y EH Bildu, que se han abstenido.

En total, el texto ha obtenido 235 votos a favor, 23 abstenciones y ningún voto en contra. El texto tendrá que volver ahora al Congreso para su aprobación definitiva.

Antes de la votación, el Gobierno ha intentado vetar una propuesta de modificación del Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Plural, Grupo Parlamentario Vasco y Grupo Parlamentario Mixto. Así, ha tenido lugar una reunión de la Mesa para calificar el escrito presentado por el Gobierno en el que manifestaba su disconformidad con la tramitación de esta propuesta. Si bien, la Mesa ha levantado el veto presentado por parte del Gobierno, tal y como ha informado el presidente del Senado, Pedro Rollán, y la propuesta ha salido adelante.

Durante el debate del dictamen, la senadora del PSOE María del Lirio Martín ha pedido "la vuelta al texto original" de la reforma y ha pedido "responsabilidad" al PP, después de los cambios introducidos a su paso por la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Senado.

"Resulta especialmente difícil de entender la postura del Partido Popular en esta Cámara del Senado. Lo han convertido ustedes en una Cámara de revancha política, porque la discrepancia nos debería servir para avanzar y para mejorar el contenido técnico de las leyes", ha lamentado Martín.

Por su parte, la senadora del PP Cristina Casanueva ha defendido los cambios introducidos por su grupo entre los que se encuentran eliminar de la LOMLOE la prevalencia de la educación inclusiva frente a la especial. "Garantizamos la libertad de las familias para decidir qué modelo y qué centro quieren para sus hijos y que hasta los 21 años los niños con discapacidad puedan estar escolarizados", ha explicado. Al mismo tiempo, exigen "obtener el título de la ESO no cierre las puertas a personas con discapacidad".

Además, los 'populares' han criticado la financiación del proyecto porque "los derechos sin financiación es hipocresía social" y han puesto de relieve algunas otras de sus propuestas introducidas. Entre ellas, han destacado que revisan "los criterios de prioridad en el acceso a los servicios" y rebajan "el IVA al 4% a las obras de accesibilidad en la vivienda habitual y zonas comunes de un edificio", entre otras.

El texto de la reforma, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, modifica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Dependencia con el objetivo de reforzar la autonomía personal, ampliar servicios y corregir restricciones introducidas en etapas anteriores.

Entre otras medidas, la reforma elimina las incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia; permite el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia; incorpora la figura del asistente personal y blinda por ley la financiación estatal del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), estableciendo que la Administración General del Estado asuma el 50% de su financiación –la reforma se vincula a una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027–.

También incluye la figura de la persona experta facilitadora procesal, incorporada durante la tramitación en el Congreso mediante una transaccional.

El Congreso aprobó el proyecto con el respaldo de todos los grupos salvo el PP, que se abstuvo, y Vox, que votó en contra. El texto pasó entonces al Senado, donde el PP ha introducido sus modificaciones. Ahora, el texto debe volver al Congreso para que decida si ratifica o no los cambios introducidos en la Cámara Alta.