Las subidas de precios llegan a las residencias privadas: "El impacto para las familias es brutal"

El impacto de la inflación ya no sólo se nota en los supermercados o en el recibo de la luz, también se ha trasladado a la factura que pagan los usuarios de residencias de mayores privadas, según aseguran a 65YMÁS asociaciones de familiares, patronal, portales especializados y sindicatos, con el impacto que esto tiene para un colectivo, el de los mayores dependientes, que suele recibir ayuda de sus familias o recurrir a ahorros para permitirse este tipo de servicio.  

Según prevé el director del portal Inforresidencias.com, Josep Martí, "no sería una sorpresa que hablásemos de una subida del 8%" en el próximo informe de precios que realiza la web anualmente y saldrá en septiembre –en 2021, la tarifa media en España rondaba los 1.830 euros al mes–. De esta manera, si se cumpliese la previsión de Martí significaría que, para una plaza de 2.000 euros mensuales, el usuario estaría pagando 160 euros más de media –2.160–. 

Eso sí, de momento el aumento no ha sido cuantificado por la web y, según familiares consultados, varía dependiendo de la región y de las empresas. Por ejemplo, en Madrid –donde se pagaban cerca de 2.000 euros de media al mes en 2022– habría sido en algunos casos inferior al "3% desde enero de 2023", en otros, del "5,8%" o del "6,7%", pero no habría habido un incremento homogéneo.

"Han subido los salarios –se pactó un 4% en 2023–, los suministros y, en algunos casos, los precios públicos que pagan las administraciones, por lo que es lógico que aumenten. El problema es saber si habrá suficiente demanda solvente, es decir, de quien necesita una residencia y tiene suficiente dinero, propio o en forma de ayudas públicas, para pagar la plaza", apunta.

Ahora bien, matiza Martí, no todo se puede achacar a la inflación que llegó a estar en el 10% en verano de 2022.

"Una parte tiene que ver con eso, pero la otra, con el hecho de que los precios hayan permanecido casi estancados durante muchos años a pesar de que las residencias hayan visto incrementados sus costes", afirma.

"El 60% de lo que paga alguien por recibir atención va directamente a costes de personal; más o menos un 12/15%, para alquiler; otro 12/15%, a suministros y otros gastos; y el resto son costes financieros, amortizaciones, impuestos y beneficios. Todo va relacionado. No es sólo la inflación. El sector debería pagar mejor a sus profesionales para asegurarse el talento que necesita; todo el mundo está de acuerdo en que los perfiles de los usuarios tienden a ser más asistidos/dependientes, lo que requiere más personal. Si aumenta el coste de personal, lo harán los costes y los precios. Pero si no queda margen de beneficio, nadie invertirá en la gestión de residencias. Esta es la situación", argumenta.

Por ello, entiende, la solución pasa por una mayor inversión en el sector por parte de la administración, para que el precio pueda subir –más calidad, compensar la inflación, etc.– sin comprometer la demanda de este servicio.

Cabe recordar que en esta legislatura el Gobierno ha aumentado la partida que destina a Dependencia con el objetivo de reducir las listas de espera y promover un cambio en el modelo de cuidados –fomentar que se pueda envejecer en el domicilio y, en paralelo, hacer que las residencias sean más hogareñas (más personal, unidades de convivencia, etc.)–.

Sin embargo, por el momento, este nuevo sistema no se ha comenzado a implementar en todas las regiones –se terminará de aplicar en 2029–, aunque sí que buena parte de las autonomías han reducido sus listas de espera gracias a los fondos aportados por el Ejecutivo. 

"España gasta un 0,8% del PIB en atención a la dependencia. Países de nuestro entorno invierten entre el doble a casi el triple. Si consideramos que la atención a la dependencia es un sector estratégico de generación de puestos de trabajo no deslocalizables, podemos plantear gastar más. Yo abogo por un sistema generalizado de Prestaciones Económicas Vinculadas con las que se fomente la diversidad en la oferta de servicios y en la que sea el dependiente y sus familiares –cuando éste quiera– quien tome las decisiones. Si se ampliase el gasto en dependencia a niveles de los países de nuestro entorno, la cosa mejoraría mucho. No sería perfecto, ya que el tsunami demográfico será muy potente, pero estaríamos mucho mejor preparados para afrontarlo", afirma.

El aumento del precio recae en las familias

Ahora bien, mientras tanto, quienes deben afrontar el pago de una plaza privada de residencia, muchas veces, porque no tienen otra alternativa, están notando el impacto de esta subida de precios, denuncian asociaciones de familiares. 

"Se está produciendo una subida generalizada, pero la cuantía no es homogénea. El aumento, está claro, tiene que ver con la inflación, en su mayor parte. Era evidente que empresas y fondos de inversión, que han venido a hacer negocio, no iban a asumir el incremento del IPC. El problema es que la mayor parte de las residencias está en manos privadas y los importes están fuera del control de las CCAA", opina la presidenta de la asociación catalana Coordinadora 5+1 (@CooResidencias) y miembro de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias (@La_Plataforma_1), María José Carcelén. 

"Los precios oscilan mucho, y también depende de si el centro está en una capital de provincia o en su entorno. No es lo mismo Barcelona y su área metropolitana, donde no bajan de los 2.500 euros al mes, que en pueblos de interior", añade.

Con todo, visto el panorama actual, las familias esperan que con la moderación de la inflación, que ronda el 4%, las nuevas tarifas sean menores en el futuro.

"El problema es que si no hay más plazas públicas y sigue habiendo mucha demanda, van a seguir subiendo. Es un tema de oferta y de demanda”, comenta. 

“Y el impacto para las familias es brutal, porque con unas pensiones muy bajas es imposible asumir esos costes. Además, los que ya son usuarios van a tener serias dificultades. Por ejemplo, nos comentaban hace poco el caso de una residencia en Ibiza que costaba 3.500 euros. Y no todo el mundo tiene un capital que permita asumir esta diferencia", afirma. 

Y la solución, argumenta, no es que los mayores envejezcan en sus domicilios, puesto que no todos pueden, porque las casas no están adaptadas para su dependencia, no reciben las suficientes horas de atención, etc. 

“La situación se puede revertir equilibrando lo público. Urge un plan para la construcción de residencias públicas. De lo contrario, va a haber miles de personas que mueran en condiciones indignas en sus domicilios, porque no tienen casas adaptadas. Es un derecho el tener atención residencial”, apunta.

"El aumento ha sido desigual dependiendo de las empresas. Este tema en la Comunidad de Madrid y me imagino que también en el resto de comunidades es un poco una 'barra libre'", señala el presidente de la asociación madrileña de familiares Pladigmare (@pladigmare), Miguel Vázquez, quien reconoce que ciertos centros han ligado "la subida de los precios en función del IPC y del convenio aplicable, si eso ha supuesto un incremento de los costes". 

"La Comunidad se limita a obligar a las empresas a que les comuniquen el nuevo precio, pero no lo hacen para decirles que es excesivo, sólo como un trámite. El problema es el de siempre. Como se ha convertido a las residencias en un negocio, pues tienen que facilitarlo, porque si no tendría que dar el servicio la autonomía, y como no quieren hacerlo, pues quedamos en manos de las empresas", apunta. 

"Y las familias y residentes están cada vez más indefensos, porque las condiciones mínimas que se les exigen para prestar el servicio no garantizan el cuidado, suba el coste lo que termine subiendo. Porque aumentan el precio, no para garantizar el servicio, sino los márgenes de beneficio", denuncia.

Coincide con Carcelén el responsable de Negociación Colectiva Privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (@fssccoo), Jesús Cabrera. 

"En las plazas privadas, las empresas repercuten en las personas usuarias los incrementos de costes como los asociados al IPC. Las necesidades de mejora de condiciones salariales y de trabajo así como de incrementos de ratios de plantilla requieren de un incremento del precio del coste de la plaza/día, que paulatinamente conllevan un sobrecoste para las personas usuarias cada vez más difícil de asumir", contextualiza.

"Por consiguiente, se requiere la intervención de las administraciones públicas, incrementando las plazas públicas, o bien a través del aumento de las plazas concertadas, para poder dar cobertura a esta situación; siendo necesario un incremento del precio de las plazas concertadas por parte de las administraciones autonómicas con el que mejorar la calidad de atención del usuario, para lo que es fundamental mejorar las condiciones de trabajo y salariales de las plantillas, e incrementar de forma relevante las ratios de plantilla en las diferentes normativas autonómicas de acreditación", afirma.

Finalmente, el presidente de la patronal Federación Empresarial de la Dependencia (@FEDdependencia), Ignacio Fernández-Cid, confirma que muchas empresas han tenido que subir las tarifas de las plazas privadas por el aumento de los costes tanto de los suministros energéticos como de los productos de alimentación –subieron un 15%–, así como por el aumento de los sueldos de los trabajadores –4% en 2023–.  

Por ello, reclama a las comunidades una mayor financiación y que las exigencias del nuevo modelo vengan respaldadas con fondos y sean realistas. Cabe recordar que el 60% de las plazas en España se pagan parcial o completamente con fondos públicos, pero el 70% de los centros son de titularidad privada.

"Ya anunciábamos que íbamos a pasar de 2.000 euros por plaza a 3.000 en el futuro. Vamos hacia ahí", afirma. Y es que el presidente de la FED entiende que difícilmente se podrán bajar los precios el año que viene, puesto que los sueldos, los suministros y los alimentos siguen disparados, así como los tipos de interés.