Los jubilados mutualistas pendientes de las devoluciones del IRPF por una doble tributación podrían estar más cerca de recuperar su dinero. Esas devoluciones, que ahora mismo están paralizadas, podrían quedar desencayadas en cuestión de días. Bien es verdad que el calendario de la renta avanza, la paciencia de los mutualistas se agota y los tiempos son muy, muy ajustados.
Pero lo cierto es que el cambio normativo necesario para proceder a los pagos, podría estar aprobado al filo de fin de mes. El Congreso va a dar luz verde este mismo martes día 10 de junio al cambio normativo, que se ha introducido como enmienda en una ley relacionada con el seguro del automóvil. El proyecto de Ley pasa así al Senado, que dispone ahora de 20 dias -como máximo- para dar luz verde definitiva.
El pasado 27 de mayo, la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados aprobaba con mayoría el informe que la ponencia había elaborado sobre esa ley. Ahora, la iniciativa está lista para su aprobación con competencia legislativa plena. La votación va a tener lugar este mismo martes, 10 de junio.
La aprobación con competencia legislativa plena en las Cortes Generales implica que la comisión pueda aprobar una ley sin la necesidad de que el Pleno la debata y vote. Es un procedimiento, que se usa con frecuencia en las Cortes Generales y que permite agilizar la tramitación de proyectos de ley, especialmente aquellos que no generan gran controversia. Y en este asunto no hay discrepancia entre los diferentes grupos parlamentarios.
Una vez que el Congreso de luz verde definitiva a este proyecto de Ley relacionado con el seguro y los vehículos a motor, pero que incluye una enmienda, la número 27, para que se puedan practicar las devoluciones a mutualistas de los periodos impositivos 2019, 2020, 2021 y 2022, y anteriores no prescritos si los hubiera, el texto será remitido al Senado.
El Senado tiene 20 días para aprobar la norma o para rechazarla, ya que se tramita con urgencia. De haber sido tramitado el texto por la vía ordinaria el plazo sería de dos meses. Así, nos colocamos ya en el último día hábil de junio, lunes día 30 como plazo máximo. Precisamente, el mismo día en que termina el calendario de la Renta.
A la espera de que ese cambio normativo quede definitivamente aprobado, y así poder practicar las devoluciones de una sola vez, este mismo año, Hacienda mantiene, por el momento, esas devoluciones paralizadas.
Cuando comenzó la campaña de la Renta, el pasado día 2 de abril, y apenas unos días después de que la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero anunciara su rectificación para con los mutualistas, se habilitaba el formulario que la Agencia Tributaria tenía preparado para solicitar la devolución de solo un año (2019). Los mutualistas tienen que solicitar de nuevo la devolución, y el Gobierno tiene que acometer un cambio normativo, para que, con ese formulario, se puedan devolver todos los años adeudados (de 2019 a 2022).
Pero, lo que los mutualistas están pidiendo ahora mismo es la devolución de un año. Y por eso, Hacienda no va a realizar la devolución, hasta que no esté aprobado el cambio normativo.
“Yo entiendo que no hagan la devolución ahora, esperando precisamente a que salga la ley, y así no tener que andar haciendo después ninguna complementaria ni ninguna reclamación nueva ni nada por el estilo que suponga más problemas y trámites para los mutualistas” ha dicho a este diario Anatolio Díez, Secretario General de la Federación de Pensionistas y Jubilados de UGT-UJP y miembro del Comité Asesor de 65YMÁS.
"No van a devolver a nadie y esperarán a que se publique la ley y salga esta enmienda”, asegura Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), el órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España (CGE).
Hacienda se enfrenta a un pago total de más de 4.000 millones de euros en devoluciones a los pensionistas. En concreto, 4.611 millones de euros que debe pagar a los jubilados mutualistas por las devoluciones a las que tienen derecho por exceso de tributación. Es la cantidad total que falta por devolver, contando con la parte de las haciendas forales, tal y como ha admitido la propia María Jesús Montero.
Tras las sentencias del Tribunal Supremo, Hacienda cuantificó el importe de las devoluciones que tenía que hacer a los pensionistas, al igual que la AIReF en 1.700 millones de euros, según dejó reflejado en las Cuentas de la Administración General del Estado de 2023. Pero era mucho más. Casi 6.000 millones de euros, de los que ya ha abonado, el año pasado, 1.325 millones de euros.
A la vista de lo que supone cumplir con la sentencia del Supremo, es por lo que en diciembre pasado el Gobierno trató de evitar el impacto en las arcas públicas con la sorprende decisión de anular las solicitudes hechas y no resueltas y cambiar el sistema para dilatar las devoluciones en varios años, que ahora, se ha visto obligado a corregir. Fundamentalmente por la presión y críticas de los afectados, así como sindicatos, asociaciones de mayores y organizaciones profesionales, de fiscalizas o gestores administrativos, entre otros.
Un importante monto que ya está contemplado en el déficit público del 2,8% del PIB del ejercicio 2024. “La Agencia Tributaria está en condiciones de poder atender estas solicitudes en ese solo pago”, aseguraba María Jesús Montero.
