Los micropréstamos se disparan un 46%: el año pasado se firmaron más de 3,8 millones de contratos

Las empresas de micropréstamos firmaron el año pasado 3,8 millones de contratos de préstamo, lo que supone un aumento del 46% respecto a los 2,6 millones de contratos de 2024, por un volumen total que alcanzó los 1.236 millones de euros. Segun los datos de la Asociación Española de Micropréstamos (Aemip), el importe medio por préstamo ha continuado el descenso iniciado hace dos años, al pasar de 371 euros en 2023 a 322 euros en 2025, un dato que confirma que los microcréditos se utilizan, en su mayoría, "para cubrir necesidades de liquidez de pequeño tamaño", según indica la patronal en un comunicado.

En relación al uso efectivo de los préstamos, el sector registra un plazo medio de uso de 22,57 días sin extensiones y 31,65 días cuando se incluyen extensiones.

Por otra parte, la ratio de aprobación de nuevos clientes se situó en el 16,30%, lo que supone que menos de dos de cada diez solicitudes de nuevos clientes son finalmente aprobadas, con procesos de evaluación de solvencia exigentes.

Aemip integra en la actualidad a 17 de las 26 empresas operativas en el segmento del microcrédito y cubrió alrededor del 95% del volumen total de actividad en 2025 desde el 78% registrado un año antes. La patronal explica que este incremento se debe a la "mejor cobertura estadística" y no solo a crecimiento orgánico del mercado.

"Los datos de 2025 confirman que el microcrédito regulado es, cada vez más, una herramienta clave para millones de operaciones de pequeño importe y muy corta duración, y que el sector está respondiendo con una combinación de volúmenes elevados, importes contenidos y controles de riesgo estrictos", señaló la presidenta de AEMIP, Alisa Cevere.

Endurecer la concesión de créditos rápidos

Recientemente, el Pleno del Congreso aprobaba una proposición no de ley de Sumar que pide al Gobierno endurecer la normativa sobre los créditos rápidos y especialmente sobre aquellos de pequeños importes que contienen intereses usureros que someten a los deudores a una espiral de pagos imposible.

En la propuesta se recoge que en ocasiones préstamos de entre 50 y 1.000 euros tienen intereses de hasta el 4.000%, el 5.000% o el 59.000% TAE. Por ello, el texto pide al Gobierno reforzar el control de las cláusulas abusivas aplicadas en los contratos a través de la futura Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiera, de forma coordinada con el resto de autoridades administrativas y judiciales competentes.

También se piden medidas para evitar costes de créditos excesivos o usurarios, establecer un procedimiento de registro y supervisión de todos los prestamistas de crédito al consumo y reforzar la obligación de que, con la debida antelación a la contratación, las entidades que ofrezcan créditos al consumo faciliten información precontractual estandarizada.

La propuesta apoyada en la Cámara Baja también insta a someter a empresas de crédito al consumo y de créditos rápidos al control y la supervisión del Banco de España, prohibir la publicidad de los créditos rápidos en la que se destaque su facilidad para acceder al dinero y reforzar los controles sobre los prestamistas de crédito al consumo, tanto en la fase de publicidad y comercialización como en la de ejecución de los contratos.