Las residencias de mayores privadas se han convertido en un verdadero artículo de lujo. Y es que vivir en ellas cuesta de media, según los datos de 2025 de Inforesidencias.com, 2.118 euros al mes. 

Ahora bien, se trata de una tarifa media. A ella hay que añadirle todos los extra, que se cobran a parte y engordan la factura final.

Estos suplementos han sido situados como uno de los principales "problemas" de las residencias de mayores, en opinión de las familias de usuarios ingresados, según una encuesta de satisfacción realizada recientemente por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). 

En concreto, los centros privados, concertados y públicos recibieron una valoración media muy parecida: 69 puntos sobre 100, los primeros, y 67 y 65, los segundos y terceros. "Los resultados no son demasiado buenos, tratándose de un servicio de atención integral a personas vulnerables", comentaban desde la OCU en un comunicado. 

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Así, a raíz de las preguntas que hicieron a los encuestados, desde la OCU pudieron destacar cuáles eran las quejas más comunes. La principal fue la escasez de personal durante la noche y en festivos o fines de semana. Además, otra carencia detectada fue la falta de ayuda psicológica: el 36% de los mayores no dispone de un profesional, ni siquiera una vez por semana. 

Y a este "problema" añadían un tercero: el sobrecoste de los servicios extra, "que suponen otros 110 euros de media sobre la cuota mensual, encareciendo aún más la factura".

Cabe destacar que estos servicios muchas veces son esenciales para el mayor, aunque se facturen como un plus opcional.

Según explican desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) "entre los más demandados" se encuentran "peluquería, fisioterapia, podología o determinados artículos de higiene y cuidado personal".

"Se trata de prestaciones que, en la mayoría de los casos, los propios residentes deciden contratar de manera voluntaria para complementar la atención integral que ya reciben en el centro", afirman.

Unos extra, defienden, que "responden a necesidades personales, de bienestar y de calidad de vida de los propios usuarios" y que !suelen ofrecerse a precios más asequibles que los existentes en el mercado convencional o 'en la calle', gracias a las economías de escala y a los acuerdos que mantienen muchos centros con profesionales especializados". 

"Esto permite que personas mayores o en situación de dependencia puedan acceder de una manera más sencilla y cómoda a servicios que contribuyen directamente a su bienestar físico, emocional y social, evitando además desplazamientos innecesarios y facilitando una atención más cercana y adaptada a sus necesidades diarias", apuntan y aseguran que estas prestaciones "forman parte también de un modelo de cuidados centrado en la persona, donde no solo se atienden las necesidades asistenciales básicas, sino también aspectos vinculados a la autonomía, la autoestima, la imagen personal o la prevención de problemas de salud". 

Desde la FED han explicado a este medio cuánto suelen costar los servicios, por ejemplo, indican, una sesión de podología rondaría, aseguran, los 20 euros, la fisioterapia, unos 21 euros, y un corte de pelo de señora 13 euros –uno de caballero, 11 euros–. 

Mayores piden más transparencia

"Existe una creciente preocupación entre las familias, porque algunos conceptos que deberían formar parte de una atención integral se ofrezcan como prestaciones adicionales, dificultando que conozcan desde el principio el coste real de una plaza", apunta por su parte Anatolio Díez, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT y miembro del Comité Asesor de este diario, quien entiende que, para frenar estos sobrecostes que pueden convertir una plaza asequible en un gasto difícilmente sostenible, se debería transitar hacia un nuevo modelo que ofrezca información comparable y mayor transparencia en los contratos antes del ingreso.

Entre sus principales reivindicaciones, Díez reclama establecer una cartera mínima de servicios obligatorios sin costes añadidos y limitar los suplementos cuando estos correspondan a necesidades asistenciales básicas de los residentes.

Y afirma que "en muchos casos, estos 'extras' pueden elevar la factura entre un 10% y un 40%, dependiendo del grado de dependencia de la persona residente, de la política de precios de cada centro y de los servicios que necesite". "En situaciones de gran dependencia, cuando se requieren cuidados individualizados, fisioterapia intensiva o acompañamientos frecuentes, el coste total puede superar con facilidad los 4.000 euros mensuales", indica. 

Finalmente, subraya como imprescindible incrementar el número de plazas públicas y concertadas para aliviar la carga económica sobre las familias, reforzando la normativa para proteger los derechos de los mayores.

Precios medios por CCAA

Cabe recordar que las tarifas medias de las residencias privadas varían también, dependiendo de la región, así como de otros factores como su ubicación –en medio urbano o rural– y de lo exclusivo que sea el centro. En particular, los más selectos, con todo tipo de servicios incluidos, pueden llegar a costar hasta 10.000 euros, según se explica en una publicación en la web de la empresa Ballesol

Por comunidades, según el informe de 2025 de Inforesidencias, País Vasco era la que tenía las tarifas más altas: 2.548,32 euros. En el extremo opuesto se encontraban Extremadura –1.677,39– y Castilla-La Mancha –1.817,47– y, rondando la media nacional, regiones como la Comunidad de Madrid –2.184,12– o Cataluña –2.235,56–. 

Todas estas tarifas también se han visto afectadas por la inflación que se ha producido en los últimos años, sobre todo, tras la pandemia. Entre enero de 2014 y marzo de 2025, habrían aumentado un 15,74% –algo menos que el incremento general del coste de la vida en ese mismo periodo, que fue del 25,6%, según explican en Inforesidencias.com–.

Sueldos bajos que apenas superan el SMI

No obstante, tal y como denunciaban a este diario desde los principales sindicatos, al mismo tiempo, no existe una correlación entre estas tarifas elevadas y los sueldos de los profesionales del cuidado de las residencias, también conocidos como gerocultores, que apenas llegan al SMI en la mayoría de comunidades autónomas. 

El convenio colectivo a nivel nacional –pactado en 2023, caducado el 31 de diciembre de 2025 y prorrogado hasta que se pacte uno nuevo– marca que el sueldo base de una gerocultora debe ascender a 1.160,37 euros. 

Esto es menos que el SMI de 2026, que se sitúa en 1.221 euros brutos mensuales, lo que provoca, según denuncian los sindicatos consultados, que estos profesionales terminen cobrando –si se le suman al salario base, los pluses de antigüedad, nocturnidad, etc.– poco más que el mínimo fijado por Ley.  

Únicamente en unas pocas comunidades con convenio colectivo regional –no todas lo tienen– se mejoran algo estas condiciones, como en Baleares –1.500,00 euros–, Bizkaia –1.800,10– o Gipuzkoa –1.798,59–. En el resto de autonomías con un marco laboral propio, los sueldos son muy similares a los pactados a nivel nacional. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la retribución es indéntica a la del conjunto de España. Y en la Comunidad Valenciana, la base, sin pluses, es algo superior –1.174,45 euros–, así como en Cataluña –1.229,92 euros–.

"No existe relación directa entre precio y mejora de ratio o condiciones", criticaba Consuelo Cuadra, responsable de Dependencia de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, quien denunciaba que se estén ofreciendo salarios base "por debajo del SMI", "jornadas interminables" y que haya un "escaso reconocimiento social" de su sector. Por todo ello, y en el contexto actual, "con la negociación del IX Convenio Estatal de la Dependencia" en ciernes, reclamaba pactar un nuevo marco digno que "contribuirá de forma directa no sólo a atraer a nuevos profesionales sino a evitar que se vayan los actuales". 

Por su parte, Luis Batuecas, coordinador de UGT Servicios Públicos, exigía también una "dignificación salarial vía Convenio" para los profesionales del sector con el fin de "superar los salarios mileuristas". Asimismo, pedía aumentar las ratios de personal, regulando "por ley estatal un número mínimo de trabajadoras por residente". "Menos carga de trabajo reduce el estrés laboral y mejora drásticamente la calidad asistencial del mayor", comentaba. Y proponía "reconocer las enfermedades profesionales musculoesqueléticas derivadas de las movilizaciones de pacientes y permitir coeficientes reductores para la jubilación anticipada del sector". "Las residencias de capital privado no concertadas no pueden operar como islas ajenas al bienestar social", opinaba.

Las residencias defienden sus tarifas

Por su parte, las principales patronales del sector defendían sus tarifas. "La falta de reconocimiento social del sector de los cuidados es una realidad y, sin duda, esa situación tiene también un reflejo en su reconocimiento económico y en el de sus profesionales", reconocían a este diario desde AESTE, la organización empresarial que engloba a los operadores más grandes del país. 

En ese sentido, consideraban "necesario seguir avanzando en un mayor reconocimiento social del sector y en la mejora de las condiciones laborales y salariales de los profesionales de los cuidados".

"Además, al mismo tiempo, es imprescindible garantizar que todas las personas puedan acceder a estos servicios cuando los necesitan y en condiciones adecuadas. Somos conscientes del importante esfuerzo económico que muchas familias realizan para acceder a determinados servicios. Por ello, entendemos que el debate no debería centrarse únicamente en el precio, sino en el nivel de cobertura pública del sistema; en este sentido, reivindicamos una mayor apuesta de las administraciones públicas –autonómicas, estatales y europeas– por el sector de los cuidados y por la colaboración público-privada. Es necesaria una mayor financiación pública y un refuerzo del sistema de atención a la dependencia que permita asegurar la sostenibilidad, la calidad y la accesibilidad de estos servicios esenciales", indicaban. Y puntualizaban que, "cuando hablamos del precio de estos servicios, no podemos hacerlo al margen de los costes reales que implica prestar unos cuidados de calidad. Reducirlos, sin una financiación suficiente, tendría inevitablemente impacto en la calidad de la atención". 

Desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) precisaban que "nuestros servicios son muy intensivos en personal, así que inevitablemente la mejora en las condiciones laborales de los profesionales tienen una incidencia muy directa en los precios". 

"Actualmente, consideramos que ofrecemos servicios muy baratos para los que prestamos y la calidad de los mismos, simplemente hay que comparar nuestros precios con los de los principales países europeos", señalaban, aunque reconocían también que "es cierto que es mucho dinero mensualmente" y que son unos apoyos que se van "a prolongar en el tiempo, lo que dificulta que las familias puedan sufragar estos costes". 

Con todo, avisaban: "Si se quiere mantener y mejorar los servicios y las condiciones laborales del personal, esto es incompatible con la reducción de precios". Y recordaban que los salarios "están sujetos a las tablas que se negocian con los sindicatos y van de 17.000 a 60.000 euros anuales, dependiendo de la categoría profesional".