Precios elevados, de 2.118 euros euros de media, pero sueldos que, por lo general, rondan el SMI para gerocultoras.

Esta es la realidad de las residencias de mayores privadas, que las propias empresas gestoras reconocen. 

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65YMÁS ha contactado con varias patronales del sector para conocer por qué se pagan salarios bajos a los profesionales, mientras las tarifas por una plaza, en los casos más lujosos, pueden llegar a rozar las cinco cifras.

Desde AESTE, la organización que engloba a los operadores más grandes del país, señalan que existe una "falta de reconocimiento social del sector de los cuidados" y que esta realidad tiene un reflejo directo en el reconocimiento económico de la actividad y de sus profesionales.

Subrayan que se trata de un ámbito esencial cuya relevancia seguirá creciendo por el aumento de la demanda.

Para justificar el precio de las mensualidades, AESTE recuerda que los servicios de cuidados –residencias, centros de día, ayuda a domicilio– son "intensivos en personas", requiriendo atención profesional continuada.

Pero el gasto no se detiene en las nóminas, argumentan: las residencias exigen infraestructuras complejas y servicios complementarios como atención sanitaria, alimentación, lavandería, mantenimiento y prevención de riesgos laborales. Todo este engranaje, indican, obliga a mantener "elevados estándares de calidad y seguridad".

Por ello, la patronal advierte que no se puede hablar del precio de las plazas al margen de los "costes reales que implica prestar unos cuidados de calidad". Y concluyen que: "Reducirlos, sin una financiación suficiente, tendría inevitablemente impacto en la calidad de la atención".

En un sentido similar se pronuncian desde Federación Empresarial de la Dependencia (FED), donde insisten en que, al ser servicios muy intensivos en personal, cualquier mejora en las condiciones laborales de las plantillas tiene una "incidencia muy directa en los precios".

"Actualmente, consideramos que ofrecemos servicios muy baratos para los que prestamos y la calidad de los mismos", añaden.

Y para sostener esta afirmación, la patronal invita a comparar los precios del mercado español con los de los principales países europeos.

Aun así, la FED no es ajena a la carga que esto supone. Reconocen que el pago mensual "es mucho dinero" y que, al ser un servicio que se prolonga en el tiempo, "dificulta que las familias puedan sufragar estos costes", los cuales suelen abonarse combinando la pensión del mayor, prestaciones económicas y la ayuda económica de los hijos.

Finalmente, lanzan una advertencia: "Si se quiere mantener y mejorar los servicios y las condiciones laborales del personal, esto es incompatible con la reducción de precios".

Y recuerdan que las retribuciones de sus trabajadores están sujetas a las tablas negociadas con los sindicatos, oscilando entre los 17.000 y los 60.000 euros anuales, según la categoría profesional.

El foco en la administración

Para ambas patronales, el problema de la accesibilidad económica no debe recaer sobre los márgenes empresariales, sino sobre el Estado.

AESTE, consciente del "importante esfuerzo económico" de las familias, argumenta que el debate no debería centrarse solo en el precio del servicio, sino "en el nivel de cobertura pública del sistema".

Desde AESTE reivindican una mayor apuesta de todas las administraciones –autonómicas, estatales y europeas– por la colaboración público-privada.

Y exigen "una mayor financiación pública y un refuerzo del sistema de atención a la dependencia" como única vía para garantizar la sostenibilidad, la accesibilidad y la calidad de los cuidados.

Cabe recordar que actualmente el convenio marco de la Dependencia –caducado en diciembre de 2025 y prorrogado en 2026– se encuentra pendiente de negociación y que los sueldos base para gerocultores de dicho acuerdo laboral están por debajo del SMI actual, tal y como han denunciado a 65YMÁS desde los sindicatos CCOO y UGT. Sólo con los pluses se estaría llegando al mínimo acordado por la Ley en la mayoría de comunidades.