Las residencias privadas cobran hasta 10.000 euros por vivir en ellas y pagan el SMI a sus empleados
"No existe relación directa entre precio y mejora de ratio o condiciones", critican los sindicatos
Precios de artículo de lujo y sueldos que rondan el SMI. Esta es la realidad de las residencias de mayores privadas.
Y es que vivir en ellas puede llegar a costar, en los centros más exclusivos y con todo tipo de servicios incluidos, hasta 10.000 euros, según se explica en una publicación en la web de la empresa Ballesol.
Eso sí, al mismo tiempo, los sueldos de los profesionales del cuidado en las residencias –también conocidos como gerocultores–apenas llegan al SMI en la mayoría de comunidades autónomas.
Precios de las residencias privadas
Basta con echar un vistazo a los datos para darse cuenta de lo caros que son estos servicios. Según el portal especializado Inforesidencias.com, en el año 2025, el precio medio de una plaza privada en España se situaba en 2.118 euros al mes. Por comunidades, País Vasco era la que tenía las tarifas más altas: 2.548,32 euros. En el extremo opuesto se encontraban Extremadura –1.677,39– y Castilla-La Mancha –1.817,47– y, rondando la media nacional, regiones como la Comunidad de Madrid –2.184,12– o Cataluña –2.235,56–.
Al precio por plaza habría que sumarle todos los extras –podología, fisioterapia, acompañamiento, corte de pelo...–. Según una encuesta publicada recientemente por la OCU, supondrían unos 110 euros suplementarios de media sobre la cuota mensual.
Cabe recordar que todas estas tarifas también se han visto afectadas por la inflación que se ha producido en los últimos años, sobre todo, tras la pandemia. En concreto, entre enero de 2014 y marzo de 2025, habrían aumentado un 15,74% –algo menos que el incremento general del coste de la vida en ese mismo periodo, que fue del 25,6%, según explican en Inforesidencias.com–.
Cuánto cobran los gerocultores
Ahora bien, en paralelo a estos precios, las retribuciones mensuales que reciben las plantillas, aunque también han aumentado en los últimos años, apenas llegan al salario mínimo.
El convenio colectivo a nivel nacional –pactado en 2023, caducado el 31 de diciembre de 2025 y prorrogado hasta que se pacte uno nuevo– marca que el sueldo base de una gerocultora debe ascender a 1.160,37 euros.
Esto es menos que el SMI de 2026, que se sitúa en 1.221 euros brutos mensuales, lo que provoca, según denuncian los sindicatos consultados, que estos profesionales terminen cobrando –si se le suman al salario base, los pluses de antigüedad, nocturnidad, etc.– poco más que el mínimo fijado por Ley.
Únicamente en unas pocas comunidades con convenio colectivo regional –no todas lo tienen– se mejoran algo estas condiciones, como en Baleares –1.500,00 euros–, Bizkaia –1.800,10– o Gipuzkoa –1.798,59–. En el resto de autonomías con un marco laboral propio, los sueldos son muy similares a los pactados a nivel nacional. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la retribución es indéntica a la del conjunto de España. Y en la Comunidad Valenciana, la base, sin pluses, es algo superior –1.174,45 euros–, así como en Cataluña –1.229,92 euros–.
Sueldos de los sanitarios, también bajos
Y no sólo los gerocultores tienen sueldos bajos. En comparación con los de la sanidad pública, los salarios de los médicos también son inferiores.
Según el convenio colectivo nacional, un facultativo debe cobrar, como mínimo, 1.791,96 euros brutos al mes, con unos pluses más bajos que los que se perciben en un hospital del sistema nacional de salud. Por otro lado, el sueldo base de un terapeuta ocupacional o trabajador social es de 1.455,98 euros.
Fuentes conocedoras del sector explican a 65YMÁS que, si bien normalmente se sigue pagando a los gerocultores en base al convenio –nacional, regional o provincial–, para ciertas profesiones sanitarias, como los médicos o las enfermeras, las empresas, en la práctica, están teniendo que mejorar las condiciones en sus ofertas, por las dificultades que se dan para encontrar personal por unos mínimos tan bajos.
Los sindicatos piden mejoras
"No existe relación directa entre precio y mejora de ratio o condiciones", critica Consuelo Cuadra, responsable de Dependencia de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, quien denuncia que se estén ofreciendo salarios base "por debajo del SMI", "jornadas interminables" y que haya un "escaso reconocimiento social" de su sector. Por todo ello, y en el contexto actual, "con la negociación del IX Convenio Estatal de la Dependencia" en ciernes, reclama pactar un nuevo marco digno que "contribuirá de forma directa no sólo a atraer a nuevos profesionales sino a evitar que se vayan los actuales".
Por su parte, Luis Batuecas, coordinador de UGT Servicios Públicos, exige también una "dignificación salarial vía Convenio" para los profesionales del sector con el fin de "superar los salarios mileuristas". Asimismo, pide aumentar las ratios de personal, regulando "por ley estatal un número mínimo de trabajadoras por residente". "Menos carga de trabajo reduce el estrés laboral y mejora drásticamente la calidad asistencial del mayor", comenta. Y propone "reconocer las enfermedades profesionales musculoesqueléticas derivadas de las movilizaciones de pacientes y permitir coeficientes reductores para la jubilación anticipada del sector". "Las residencias de capital privado no concertadas no pueden operar como islas ajenas al bienestar social", opina.
"Una contradicción muy evidente"
Las organizaciones de familiares y de mayores también se muestran en contra de esta realidad. Desde la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, su portavoz, Xabier Monreal, asegura que los usuarios deben recurrir a la vivienda para afrontar los pagos o a las familias, produciéndose un "empobrecimiento intergeneracional". "Es especialmente grave que esta dinámica coexista con una precariedad laboral extrema", opina. "Se genera así una doble injusticia: el servicio es caro para el usuario y los salarios son bajos para las trabajadoras, lo que apunta a que el lucro empresarial se sitúa en el centro del modelo", valora.
Por su parte, José Luis Fernández, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), considera que es una "realidad compleja" y destaca la "evidente preocupación por el elevado coste" de las plazas, que exigen un "esfuerzo económico muy elevado para gran parte de las familias", lamentando, en paralelo, que los "salarios en muchos casos apenas alcanzan el SMI".
Desde Pensionistas CCOO, su secretario general Juan Sepúlveda recalca que "los precios de las residencias sin concierto son muy elevados" y critica que, simultáneamente, las "condiciones salariales del personal profesional –mayoría mujeres–" sean precarias y las ratios bajas.
Coincide con Sepúlveda el secretario general de UJP-UGT, Anatolio Diez, quien expone esta, a su parecer, "contradicción muy evidente", afirmando que existe una "fuerte presión empresarial para contener salarios y costes laborales", lo que da como resultado un "equilibrio muy frágil" donde las familias no pueden pagar y las empleadas no cobran lo justo.
Finalmente, Gloria Veiga, presidenta de la Confederación Estatal De Mayores Activos (Confemac), comparte la opinión del resto de representantes respecto al precio y es tajante sobre las condiciones de las plantillas, afirmando que "los trabajadores están mal pagados en relación con la carga de trabajo fisica y mental".
Las residencias defienden sus tarifas
65YMÁS se ha puesto en contacto con las principales patronales del sector para conocer qué valoración hacen de esta situación.
"La falta de reconocimiento social del sector de los cuidados es una realidad y, sin duda, esa situación tiene también un reflejo en su reconocimiento económico y en el de sus profesionales", reconocen a este diario desde AESTE, la organización empresarial que engloba a los operadores más grandes del país.
En ese sentido, consideran "necesario seguir avanzando en un mayor reconocimiento social del sector y en la mejora de las condiciones laborales y salariales de los profesionales de los cuidados".
"Además, al mismo tiempo, es imprescindible garantizar que todas las personas puedan acceder a estos servicios cuando los necesitan y en condiciones adecuadas. Somos conscientes del importante esfuerzo económico que muchas familias realizan para acceder a determinados servicios. Por ello, entendemos que el debate no debería centrarse únicamente en el precio, sino en el nivel de cobertura pública del sistema; en este sentido, reivindicamos una mayor apuesta de las administraciones públicas –autonómicas, estatales y europeas– por el sector de los cuidados y por la colaboración público-privada. Es necesaria una mayor financiación pública y un refuerzo del sistema de atención a la dependencia que permita asegurar la sostenibilidad, la calidad y la accesibilidad de estos servicios esenciales", indican. Y puntualizan que, "cuando hablamos del precio de estos servicios, no podemos hacerlo al margen de los costes reales que implica prestar unos cuidados de calidad. Reducirlos, sin una financiación suficiente, tendría inevitablemente impacto en la calidad de la atención".
Desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) precisan que "nuestros servicios son muy intensivos en personal, así que inevitablemente la mejora en las condiciones laborales de los profesionales tienen una incidencia muy directa en los precios".
"Actualmente, consideramos que ofrecemos servicios muy baratos para los que prestamos y la calidad de los mismos, simplemente hay que comparar nuestros precios con los de los principales países europeos", señalan, aunque reconocen también que "es cierto que es mucho dinero mensualmente" y que son unos apoyos que se van "a prolongar en el tiempo, lo que dificulta que las familias puedan sufragar estos costes".
Con todo, avisan: "Si se quiere mantener y mejorar los servicios y las condiciones laborales del personal, esto es incompatible con la reducción de precios". Y recuerdan que los salarios "están sujetos a las tablas que se negocian con los sindicatos y van de 17.000 a 60.000 euros anuales, dependiendo de la categoría profesional".
Un sector en crecimiento
Cabe recordar que, según el estudio Sectores Residencias para la Tercera Edad del Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce), las empresas gestoras registraron unos ingresos agregados de 6.100 millones de euros durante 2025, lo que representa un incremento del 6,9% respecto al ejercicio anterior. Este aumento habría sido impulsado, interpretan, por una demanda sólida y la tendencia al alza de las tarifas. La gestión de plazas privadas puras –179.000– concentró el 55% del valor total del mercado, sumando 3.350 millones de euros.
