La Plataforma en Defensa de los Servicios Sociales y la Diversidad Funcional UPLA-La Unión se ha personado en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para registrar una solicitud formal de reunión con el ministro Pablo Bustinduy.

Según explican en un vídeo difundido en redes sociales, el objetivo de esta iniciativa es comenzar a trabajar en el desarrollo de una nueva ley estatal de residencias que sirva como marco unificado para todas las comunidades autónomas, con el fin de garantizar la calidad de vida y los derechos de las personas en situación de dependencia.

En el vídeo, miembros de UPLA-La Unión denuncian que el actual modelo de cuidados está "obsoleto, deshumanizado y no se adapta a las necesidades y preferencias de los usuarios". 

Es imprescindible una #LeyDeResidenciasEstatal que sirva de marco Estatal para las Autonomías y que favorezca la igualdad de trato a la persona independientemente de donde viva.https://t.co/BOvndYcSN9

— ÚPLA - LA UNIÓN. (@DiciembreYo) June 18, 2026

Para cambiar el modelo proponen que la futura normativa estatal se asiente sobre una base de principios que transformen radicalmente la atención. Entre los objetivos principales que proponen destacan:

• Nuevo modelo de convivencia: reducir el tamaño de las macrorresidencias para transitar hacia "unidades de convivencia más pequeñas y personalizadas" donde los propios residentes tengan voz en la gestión de su día a día.
• Fin de las sujeciones: eliminar por completo el uso de sujeciones físicas, químicas o farmacológicas, al considerar que "atentan contra la dignidad y la libertad de las personas".
• Mejoras laborales: incrementar tanto el número de profesionales como su cualificación, dignificando y mejorando sus condiciones laborales y formativas.
• Implicación familiar: fomentar la participación activa de las familias y allegados en el cuidado y seguimiento, respetando siempre la voluntad del usuario.
• Alternativas a la residencia: impulsar de forma decidida la atención domiciliaria y los centros de día para evitar, en la medida de lo posible, la institucionalización. 

Garantizar la igualdad territorial

De esta manera, frente a la disparidad de normativas autonómicas actuales, UPLA-La Unión defiende que una ley de rango estatal es el único instrumento capaz de garantizar la "igualdad y la cohesión entre comunidades autónomas", evitando cualquier tipo de discriminación territorial.

Según argumentan, un marco normativo único a nivel estatal no solo facilitaría su conocimiento y cumplimiento por parte de la ciudadanía, sino que también evitaría "posibles conflictos y duplicidades entre las normas estatales y autonómicas".

Esto permitiría una cooperación mucho más eficaz entre el Estado y las autonomías para elevar la calidad global de los servicios públicos.