Los trabajadores de residencias de mayores exigen salarios dignos: los sueldos apenas llegan al SMI
Denuncian "jornadas interminables" y "escaso reconocimiento social"
No existe una relación entre los altos precios que se cobran a los clientes de residencias privadas por todos los servicios que se prestan y los sueldos del sector, que apenas llegan al mínimo legal.
Así lo denuncian los principales sindicatos del país, CCOO y UGT, que alertan sobre la profunda contradicción que atraviesa el sector de las residencias privadas puras (no concertadas) en España: cuotas inasumibles para las familias frente a salarios que rondan el SMI.
Para Consuelo Cuadra, responsable de Dependencia de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, existe una preocupante normalización social sobre el hecho de que una persona dependiente deba aportar no sólo su pensión, sino también los ahorros de toda su vida o su propia vivienda para costear estos servicios y es tajante a la hora de afirmar que "no existe relación directa entre precio y mejora de ratio o condiciones laborales".
Según la representante sindical, a pesar de las altas tarifas, el sector sufre una alarmante falta de personal provocada por la precariedad de las condiciones, con "jornadas interminables", "escaso reconocimiento social" y salarios base que a menudo caen "por debajo del SMI".
Por su parte, Luis Batuecas, coordinador de UGT Servicios Públicos, señala que el coste medio de una plaza supera ampliamente la pensión media de jubilación, obligando a los usuarios a liquidar su patrimonio inmobiliario o a depender de la ayuda de sus hijos, mermando la economía de hasta tres generaciones.
Ante esta realidad, el coordinador de UGT advierte que "las residencias de capital privado no concertadas no pueden operar como islas ajenas al bienestar social".
Un frente común
Para frenar esta situación, ambos sindicatos exigen una profunda transformación estructural y laboral.
Desde CCOO, Consuelo Cuadra emplaza a aprovechar la actual negociación del IX Convenio Estatal de la Dependencia para conseguir un marco digno que permita "atraer a nuevos profesionales" y "evitar que se vayan los actuales".
Asimismo, insta a los gobiernos autonómicos a revisar sus normativas para mejorar obligatoriamente las ratios de personal.
En la misma línea, Luis Batuecas (UGT) reclama una "dignificación salarial vía Convenio" que permita superar los sueldos bajos y exige regular mediante una ley estatal un número mínimo de trabajadoras por residente.
"Menos carga de trabajo reduce el estrés laboral y mejora drásticamente la calidad asistencial del mayor", argumenta.
Además, UGT pide reconocer las enfermedades profesionales musculoesqueléticas derivadas de la movilización de pacientes y aplicar coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada en el sector.
Finalmente, para proteger económicamente a los ciudadanos, UGT propone incrementar de forma drástica las ayudas de la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), aplicar deducciones fiscales directas en el IRPF y obligar por ley a las residencias 100% privadas a reservar un porcentaje de plazas con precios tasados para emergencias de vulnerabilidad.
Precios altos frente a sueldos bajos
Cabe recordar que según el portal especializado Inforesidencias.com, en el año 2025, el precio medio de una plaza privada en España se situaba en 2.118 euros al mes. Por comunidades, País Vasco era la que tenía las tarifas más altas: 2.548,32 euros. En el extremo opuesto se encontraban Extremadura –1.677,39– y Castilla-La Mancha –1.817,47– y, rondando la media nacional, regiones como la Comunidad de Madrid –2.184,12– o Cataluña –2.235,56–.
Al precio por plaza habría que sumarle todos los extras –podología, fisioterapia, acompañamiento, corte de pelo...–. Según una encuesta publicada recientemente por la OCU, supondrían unos 110 euros suplementarios de media sobre la cuota mensual.
Cabe recordar que todas estas tarifas también se han visto afectadas por la inflación que se ha producido en los últimos años, sobre todo, tras la pandemia. En concreto, entre enero de 2014 y marzo de 2025, habrían aumentado un 15,74% –algo menos que el incremento general del coste de la vida en ese mismo periodo, que fue del 25,6%, según explican en Inforesidencias.com–.
En paralelo a estos precios, las retribuciones mensuales que reciben las plantillas, aunque también han aumentado en los últimos años, apenas llegan al salario mínimo.
El convenio colectivo a nivel nacional –pactado en 2023, caducado el 31 de diciembre de 2025 y prorrogado hasta que se pacte uno nuevo– marca que el sueldo base de una gerocultora debe ascender a 1.160,37 euros.
Esto es menos que el SMI de 2026, que se sitúa en 1.221 euros brutos mensuales, lo que provoca, según denuncian los sindicatos consultados, que estos profesionales terminen cobrando –si se le suman al salario base, los pluses de antigüedad, nocturnidad, etc.– poco más que el mínimo fijado por Ley.
Únicamente en unas pocas comunidades con convenio colectivo regional –no todas lo tienen– se mejoran algo estas condiciones, como en Baleares –1.500,00 euros–, Bizkaia –1.800,10 (2025)– o Gipuzkoa –1.798,59 (2024)–. En el resto de autonomías con un marco laboral propio, los sueldos son muy similares a los pactados a nivel nacional. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la retribución son indénticos a los del conjunto de España. Y en la Comunidad Valenciana, la base, sin pluses, es algo superior –1.174,45 euros (2025)–, así como en Cataluña –1.229,92 euros (2025)–.
