Expertos alertan: España no está preparada para la llegada del 'tsunami' de personas dependientes

El aviso de la AIReF: el envejecimiento presionará al alza el gasto en sanidad y cuidados

Un experto de la AIReF advierte: "El gasto en Dependencia se duplicará en 2050”

 

El gasto que se destina al sistema de cuidados podría duplicarse en España de aquí a 2050. Si no se producen grandes cambios en la prevalencia de la dependencia entre la población mayor, debido al progresivo envejecimiento de la sociedad, aumentará, en paralelo, el número de personas con necesidades de apoyo, con el consiguiente incremento de los recursos que deberán destinarse para atenderles. 

Según aseguró en enero de este año Ignacio Fernández-Huertas Moraga, director de la División de Análisis Presupuestario de la AIReF (@AIReF_es), en la jornada El reto de la dependencia organizada por Fedea (@socialfedea) y el Consejo General de Economistas de España (@EconomistasOrg), la previsión es que se doble "el importe inicial, alcanzando el 1,7% del PIB", y que, posteriormente, la tendencia sea a la estabilización, hasta 2070, cuando se podría alcanzar el 2%. Unas estimaciones, que se han realizado teniendo en cuenta las tasas de dependencia actuales, y no tienen en cuenta los avances científicos que puedan ocurrir en el futuro, la longevidad saludable o el papel de la tecnología. "El gasto en cuidados de larga duración será una de las principales presiones sobre las finanzas públicas en los próximos años", indicó. 

El desafío de atender a todos los dependientes

Y es que España se enfrenta a un desafío doble en el cuidado de su población dependiente. Por un lado, tiene que lograr atender a todas las personas con estas necesidades y, por otro, debe prepararse para un incremento considerable y sostenido de la demanda de estos servicios. 

Actualmente, según datos del INE, la tasa de dependencia superó el 53% en 2024, y las listas de espera para recibir servicios o prestaciones del sistema siguen siendo importantes –182.532 personas llevan más de seis meses esperando desde la solicitud–, así como el número medio de días que se tarda para la resolución de las solicitudes –338, en 2025–, pese a que gracias a medidas como el Plan de Choque 2021-2023 se ha aumentado la financiación y reducido estas demoras.

Con todo, al ritmo actual de reducción de las listas y los tiempos, y si no se producen cambios para mejorar esta tendencia, se tardará 10 años en acabar con la lista de espera, según reconoció a finales del mes de abril la propia secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que afirmó que, de aquí a 2030, está previsto que aumente la cifra de dependientes en 400.000 personas por el progresivo envejecimiento de la población. 

Por ello, el aumento de la inversión resulta crucial y de ello dieron cuenta en la jornada El reto de la dependencia, que fue presentada por Valentín Pich, presidente del CGE, y Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea y contó con la intervención de Ignacio Fernández-Huertas, director de la División de Análisis Presupuestario de la AIReF, y Sergi Jiménez-Martín, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, director de la BMiSS de la BSE, investigador senior del CRES e investigador asociado de Fedea.

Un componente crucial del Estado del Bienestar

En la apertura del acto, Valentín Pich apostó por aumentar la financiación pública en Dependencia llegando hasta el 1,7%, que es la media de los países de la OCDE. "Este aumento contribuiría a aliviar las cargas familiares y generar nuevos empleos en el sector, fortaleciendo la economía y garantizando un modelo de atención más equitativo y sostenible para el futuro”, señaló. 

Por su parte, Ángel de la Fuente explicó que "la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) fue un avance significativo, pero parece haberse quedado a medio camino. Es necesario darle un impulso adicional, lo que requiere situarlo más alto en la lista de prioridades sociales y políticas. No todo debe centrarse en las pensiones; también debemos garantizar un sistema de atención que responda a las necesidades actuales y futuras de nuestra población". 

A continuación, Ignacio Fernández-Huertas y Sergi Jiménez-Martín presentaron cada uno una breve ponencia. La de Fernández-Huertas llevó por título Dependencia: Perspectivas a largo plazo, en la que dio a conocer las previsiones de aumento de gasto, y la de Jiménez-Martín, Atención a la dependencia en España: Problemas y soluciones, en la que destacó los avance presupuestarios producidos en los últimos años, tras la pandemia. 

Otro de los puntos que fueron tratados fue la comparación entre España y los países del entorno. Para Ignacio Fernández-Huertas, “el gasto en cuidados de larga duración en España, según el informe de envejecimiento de la Comisión Europea, sigue estando casi un punto por debajo de la media europea (1,7%) a pesar de los incrementos de los últimos ejercicios. Esta cifra está muy alejada del peso cercano al 4% registrado en países como Noruega u Holanda, e incluso del 3% de Suecia o Dinamarca. Por otra parte, España cuenta también con un importante desafío vinculado a la descentralización de esta política, que afecta a la financiación, gestión e implementación del sistema de atención a la dependencia. Esto supone la existencia de situaciones heterogéneas en distintas comunidades autónomas”.

Sergi Jiménez-Martín, por su parte, aseguró que “la atención a las personas mayores dependientes es una tarea delicada, donde suelen destacar especialmente las situaciones de desatención. En España, en el año 2022, el 13,6% de la población de 65 años o más recibía ayudas para la dependencia, lo que representa un incremento de 1,2 puntos porcentuales respecto al año 2021 y un porcentaje significativamente superior al promedio de la OCDE. En comparación, la cobertura de ayudas es mayor en países como Suiza y Alemania, con un 24,2% y un 20,5% respectivamente, así como en los países de Europa del Norte, donde oscila entre un 13% y un 16%. Por otro lado, es menor que en España en los países del centro y sur de Europa, particularmente en Francia e Italia”.

Razones del incremento de la demanda

A continuación, los expertos también detallaron el motivo por el que se está incrementando la demanda de servicios de dependencia, es decir, la transición demográfica. Para Fernández-Huertas, “el principal factor del incremento de la demanda de servicios de la dependencia es el proceso de envejecimiento al que se enfrenta la sociedad española. Este proceso es consecuencia de la llegada a edad de jubilación de los denominados babyboomers (nacidos entre 1957 y 1977), junto con la creciente longevidad de la población y el descenso de la fecundidad de las cuatro últimas décadas, compensado parcialmente por los flujos migratorios. Esto supone un incremento a futuro de la población con más probabilidad de necesitar los servicios de dependencia, unida al hecho de que también supondrán una mayor proporción de la población total. La AIReF estima que la población mayor de 66 años estaría cerca de los 15 millones de personas en 2050 y supondría el 29% de la población total”. 

“La principal fuente de demanda proviene del envejecimiento poblacional, dado que la proporción de personas mayores de 80 años continúa en aumento. El establecimiento de una prestación universal para la atención a la dependencia contribuye significativamente a este objetivo. Sin embargo, el sistema es relativamente nuevo y, por tanto, susceptible de mejoras, ya que debe adaptarse a realidades muy diversas”, añadió Sergi Jiménez-Martín. 

Posibles soluciones

Finalmente, los dos ponentes se refirieron a las posibles soluciones para hacer frente al incremento de personas con necesidad de cuidados que vendrá en los próximos años. Fernández-Huertas indicó que “en un contexto en el que los recursos son limitados y las necesidades crecientes, ser eficaz y eficiente en el gasto público es una exigencia incuestionable. Por ello, la AIReF ha propuesto evaluar el gasto en dependencia en el marco del Spending Review. Esto permitiría detectar áreas y actuaciones de mejora y afrontar con mayores garantías los retos actuales y futuros que se plantean en este ámbito. Asimismo, sería conveniente encuadrar las presiones de incremento del gasto en dependencia y de otras políticas públicas en el marco de una estrategia fiscal a medio plazo realista y creíble que garantizase la sostenibilidad de las finanzas públicas del conjunto de las administraciones”. 

Por último, para Jiménez-Martín, las medidas necesarias serían: 

• Agilizar los trámites y procedimientos para acceder a las prestaciones.

• Reducir o eliminar la incertidumbre financiera que enfrentan las regiones, diversificando las fuentes de financiación. Esto podría lograrse combinando financiación pública nacional, a través de impuestos y contribuciones (idealmente mediante un sistema de aseguramiento público), con financiación regional mediante la asignación finalista de impuestos sobre sucesiones o transmisiones patrimoniales, y complementándola con financiación privada, promoviendo el aseguramiento individual privado.

• Avanzar hacia un modelo de atención residencial más personalizado, fomentando la convivencia de mayores activos en pequeñas comunidades.

• Profesionalizar la fuerza laboral, mejorando sus condiciones laborales en términos de estabilidad contractual, formación y salarios, tanto en la atención domiciliaria como en la residencial.

• Mejorar la coordinación efectiva entre la atención sanitaria y la atención a la dependencia, evitando que una cubra problemas propios de la otra.