Los médicos que forman parte del cuadro de facultativos de los seguros de salud han decidido llevar a los tribunales a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), dependiente del Ministerio de Economía, por su falta de respuesta ante las reiteradas quejas sobre las condiciones económicas que aplican las compañías aseguradoras.
El colectivo de facultativos que ejerce en la sanidad privada, aglutinados en la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel) han decidido acudir a la justicia y el juzgado central de lo contencioso-administrativo número 2 ha admitido a trámite la demanda.
Desde hace años, médicos autónomos que colaboran con aseguradoras sanitarias denuncian ante la Administración que perciben honorarios insuficientes por sus actos médicos, que no se les reembolsa el material utilizado en determinadas pruebas y que los pagos se efectúan con retraso. A su juicio, estas prácticas repercuten tanto en su actividad profesional como en la calidad de la atención que reciben los pacientes. Sin embargo, aseguran que la DGSFP, organismo supervisor del sector, no ha atendido sus reclamaciones.
“La Dirección General de Seguros -DGSFP- tendrá que responder en Sede Judicial tras tres años de ignorar todos nuestros requerimientos para que intervenga en defensa de los 13 millones de asegurados que contratan pólizas de Salud”, nos dicen fuentes de Unipromel.
La asociación, que agrupa a unos 5.000 médicos autónomos, ostiene que las condiciones impuestas por las aseguradoras introducen criterios económicos que condicionan la práctica clínica. Según su denuncia, muchas pruebas diagnósticas y tratamientos requieren autorizaciones previas por parte de la compañía, lo que, a su entender, limita la autonomía profesional y puede afectar a la calidad asistencial.
Unipromel señala además que las aseguradoras reducen costes limitando el número de actos médicos cubiertos al mes y manteniendo tarifas de procesos que han quedado obsoletos, sin incorporar nuevos procedimientos que sí se aplican en el sistema nacional de salud. Esta situación obligaría a utilizar códigos alternativos que no siempre se ajustan al acto médico realizado, con el consiguiente impacto en la retribución.
La asociación también denuncia interpretaciones restrictivas de los actos médicos por parte de las compañías y la exigencia de informes adicionales para autorizar determinadas intervenciones, como cirugías. Asimismo, advierte de la exclusión de profesionales veteranos de los cuadros médicos, una práctica que, según la organización, busca desplazar a pacientes crónicos hacia el sistema público.
Otro de los puntos recogidos en la demanda es la existencia de trabas administrativas que, en opinión del colectivo, dificultan la aplicación de determinados tratamientos y aumentan la carga burocrática de los facultativos, lo que podría repercutir en la atención al paciente.
“Sospechamos que en su falta de rigor en la vigilancia de los hechos denunciados puede tener mucho que ver la evidencia de que han existido puertas giratorias desde la propia DGS hacia compañías aseguradoras y hacia la propia patronal UNESPA” aseguran fuente de la asociación.
Entre las prácticas que consideran contrarias a la competencia, la asociación menciona la imposición de tarifas por debajo de los costes reales y la exclusión de los médicos que no acepten estas condiciones de los cuadros profesionales. A su juicio, ello limita la libre elección de facultativo por parte de los pacientes, ya que aquellos que no figuran en dichos listados quedan fuera del sistema, pese a cumplir los requisitos legales y profesionales exigidos.
