Cambios en jubilación anticipada: las bajas laborales contarán para el retiro en trabajos penosos

Saiz ampliará la compatibilidad de pensión y empleo mediante la jubilación parcial

Sindicatos piden que los requisitos de la jubilación anticipada incluyan los trabajos más precarios

La incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que se puedan causar, se tendrán en cuenta a la hora de aplicar la penalización de pensión al adelantar la jubilación en las profesiones penosas o peligrosas. Esta es la nueva propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a cuyo frente se encuentra Elma Saiz, que este lunes día 5 ha entregado a sindicatos y patronal, dentro de las negociaciones que mantienen en la Mesa de Pensiones.

Uno de los puntos clave que ocupa a Gobierno y agentes sociales en estos momentos es "regular (en cumplimiento de la Ley 21/2021) el procedimiento general para el establecimiento de coeficientes reductores a fin de anticipar la edad de jubilación en función de los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para su desempeño, experimenten un elevado índice de morbilidad o siniestralidad a partir de una determinada edad, o que ocasionen secuelas que den lugar a elevados índices de morbilidad o mortalidad como consecuencia de contingencias profesionales", tal como explica el Ministerio de Saiz.

De hecho, en la reunión del pasado lunes, el Ministerio ha presentado un borrador a los sindicatos UGT y CCOO y a la patronal CEOE-Cepyme, que todas las partes ven como punto de partida, y que servirá para tratar de acordar los indicadores objetivos para justificar dichas condiciones de salud o peligrosidad en profesiones, trabajos, edades, incluso con relación a la situación de las mujeres.

Precisamente, los sindicatos insisten en que la nueva regulación que se acuerde debe proteger también a las personas que tienen condiciones de trabajo más débiles y realizan empleos más precarios, de tal forma que se les facilite el acceso a los coeficientes de adelanto de la edad de jubilación, según ha anunciado UGT (@UGT_Comunica). 

Tanto UGT como CCOO han reclamado en varias ocasiones otro problema fundamental: las mayores dificultades que afrontan las mujeres, que a menudo realizan trabajos con un fuerte sesgo de género, en condiciones más precarias que los hombres, y donde la edad actúa como una doble penalización.

Según explicaba hace unas semanas Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional de UGT, "no todo el mundo se puede jubilar con 66 años y medio, o con 67 años, que serán los que rijan de modo ordinario en 2027, dependiendo de su actividad. En el caso de las mujeres es aún más preocupante, no hay más que ver que ellas son la mayoría en trabajos de cuidados a personas mayores, labores sanitarias, residencias, con una gran carga de trabajo". 

Para UGT y CCOO, se trata de lograr una salida anticipada más generosa con quienes realizan trabajos tóxicos, peligrosos e insalubres, con una especial atención al sesgo de género, que padecen las mujeres. 

El Gobierno quiere reforzar el papel de las mutuas

En una reunión mantenida el lunes, 5 de febrero, el Ministerio ha presentado un borrador, "como punto de partida para iniciar el debate sobre la revisión del procedimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades penosas o peligrosas, así como sobre el desarrollo de lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en relación con la implicación de las mutuas en la Incapacidad Temporal", según confirma el departamento de Saiz en un comunicado.

El objetivo declarado por el Gobierno es el de "facilitar la recuperación óptima de la salud de los trabajadores".

Si bien no han trascendido detalles, y la Mesa de Pensiones ha quedado en volver a reunirse en los próximos días, la propia ministra adelantó este reforzamiento de las mutuas, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el 31 de enero, para explicar las líneas maestras de la legislatura. Saiz indicó entonces que hace casi cuatro años el Pacto de Toledo pedía avanzar "en una mejor utilización de los recursos y experiencia de las mutuas", en su recomendación número 9. Por ello, el Gobierno prepara el camino para articular "fórmulas de colaboración" entre los servicios públicos de salud y las mutuas colaboradores de la Seguridad Social para optimizar la atención de procesos de incapacidad relativos a contingencias comunes de origen traumatológico.

Más incentivos a la jubilación parcial, sobre la mesa 

En la actualidad, existen tres fórmulas para compatibilizar pensión y empleo: la jubilación parcial, la flexible y la activa. Este último sistema, la jubilación activa, ya fue reformado durante el mandato del anterior ministro, José Luis Escrivá, que endureció el acceso, al exigir un año extra al de la edad de retiro ordinaria. Sigue siendo una modalidad apenas utilizada por los asalariados, por sus numerosos requisitos y por necesitar el acuerdo de la empresa. Los autónomos son prácticamente los únicos que se acogen a ella.

En cuanto a la jubilación flexible, casi desconocida por los trabajadores, permite cobrar una parte de la pensión y seguir trabajando, aunque no puede tratarse de un empleo a jornada completa. En este panorama, el Gobierno se ha decidido por la jubilación parcial, de acuerdo a lo avanzado en varias ocasiones por la ministra Saiz.

Tal como explicó recientemente Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas de CCOO (@CCOO), la intención de los agentes sociales es acordar otra regulación para la jubilación parcial, que fije una normativa homogénea para todos los sectores de actividad, puesto que, desde 2018, existen condiciones más ventajosas para quienes accedan a esta figura, pero únicamente para la industria manufacturera (ventajas prorrogadas hasta 2025).

¿Hace falta un nuevo tipo de contrato?

Aunque desde el Ministerio no ha trascendido la fórmula para hacer más atractivo que trabajador y empresa quieran compatibilizar empleo y pensión, entre las posibilidades se barajan dos líneas de actuación. Por una parte, dar más incentivos económicos y/o legales para empleado y empleador, por ejemplo, subir la cuantía de la pensión, ventajas fiscales a las empresas, extender el contrato relevo a todos los sectores, etc. Por otra parte, podría también abordarse una reforma más profunda del sistema actual y crear una figura específica para los jubilados trabajadores a tiempo parcial.   

De hecho, son numerosos los expertos y empresas que reclaman un nuevo contrato de compatibilidad, para los trabajadores que deseen seguir en su puesto tras la edad de retiro ordinaria, sin que su permanencia sea tan gravosa para las compañías que los tengan en nómina. Uno de sus defensores, José Antonio Herce, doctor en Economía y socio fundador de LoRIS Retirement, propone crear "un contrato radicalmente nuevo, sin antigüedad, donde los sueldos estén ajustados al nuevo estatus de ese trabajador, que ya está jubilado y no necesita acumular derechos. Ese jubilado-trabajador seguiría cotizando no por solidaridad, sino por contingencias comunes, y se le recalcularía su pensión cuando acabara de trabajar. En mi opinión, con este tipo de contrato podríamos rescatar mucho talento, mucha lealtad y mucha experiencia".