La incorporación de inmigrantes a las filas del mercado laboral y de la Seguridad Social alivia, pero no resuelve el desafío del envejecimiento de la población española y el consiguiente disparo del gasto en pensiones en las dos próximas décadas, al decir del grupo de expertos reunidos en una jornada organizada por Funcas y la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

Elisa Chuliá, profesora de Sociología de la UNED e investigadora de Funcas, subraya que la inmigración tiene un impacto positivo, pero "moderado", sobre la sostenibilidad financiera del sistema, y reclama análisis más amplios que tengan en cuenta tanto las aportaciones realizadas por la población inmigrante como el uso de los distintos servicios públicos a lo largo de todo su ciclo vital.

Al analizar el efecto de la inmigración en la sostenibilidad del sistema de pensiones, el profesor de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto de Actuarios Españoles, Enrique Devesa, reconoce que la llegada de nuevos trabajadores contribuye a sostener el sistema de reparto, aunque advierte de que "esos cotizantes también generan futuros derechos de pensión". En este contexto, defiende la necesidad de incorporar una perspectiva actuarial más amplia al análisis de la sostenibilidad y lamenta la ausencia de balances actuariales similares a los utilizados en otros países.

A su vez, Ignacio Fernández-Huertas, investigador de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), señala que el organismo ha tenido que revisar al alza sus previsiones migratorias en los últimos años ante la llegada de más población extranjera de la inicialmente prevista. No obstante, precisa que las previsiones ya incorporan el hecho de que "esos inmigrantes también envejecen, se jubilan y perciben prestaciones" en el futuro. 

Según el experto de la AIReF, incluso con los actuales flujos migratorios, las proyecciones apuntan a una reducción de la población en edad de trabajar a partir de mediados de la década de 2030.

La reforma de 2023, "oportunidad perdida"

Durante la jornada organizada por Funcas y la APIE, los expertos han criticado el cortoplacismo que, en su opinión, marca el debate sobre el futuro del sistema y han reclamado que se aborde su sostenibilidad con una visión de largo plazo.

Para Elisa Chuliá, la reforma de pensiones de 2023 ha supuesto un "cambio de paradigma" respecto a las anteriores, puesto que mientras las reformas previas habían estado orientadas a contener el crecimiento del gasto, la última ha centrado su atención en el aumento de los ingresos del sistema. 

Según esta especialista, la reforma ha sido una "oportunidad perdida" y se corre el peligro de que algunas medidas adoptadas serán "muy difíciles de revertir", ya que podrían acabar siendo percibidas por la sociedad como derechos adquiridos.

Por su parte, Fernández-Huertas ha insistido en que cualquier reforma debe integrarse en una estrategia fiscal "realista y creíble" que garantice la sostenibilidad del conjunto de las administraciones públicas.

Muy crítico con el panorama de las pensiones futuras, Enrique Devesa califica la reforma de 2021-2023 como una "huida hacia adelante" y defiende la necesidad de acometer cambios estructurales que permitan garantizar la viabilidad del sistema. A su juicio, las medidas aprobadas han incrementado los ingresos, pero no han corregido suficientemente la evolución del gasto. Además, ha defendido que el sistema afronta un problema "estructural" y ha advertido de que "no va a poder seguir así".

Del "elefante en la habitación" a las críticas al Pacto de Toledo

Los expertos también han debatido sobre la forma en que se han diseñado las reformas de pensiones en España y sobre el escaso peso que, a su juicio, tienen las perspectivas de largo plazo en la discusión pública.

Chuliá ha definido la cuestión de las pensiones como "el elefante en la habitación" de la sociedad española, considerando que existe conciencia de los desafíos del envejecimiento, pero poca disposición a abordar públicamente las consecuencias. Así, ha defendido que países como Suecia o Países Bajos han desarrollado reformas más sólidas a través de procesos prolongados de trabajo técnico, frente a España, donde el Pacto de Toledo ha funcionado en gran medida como un "paraguas protector" de decisiones previamente negociadas por los gobiernos, en lugar de constituir un verdadero foro de discusión técnica.

En la misma línea, Devesa ha recordado que algunos mecanismos de reformas anteriores, como el factor de sostenibilidad, nunca llegaron a aplicarse, pese a haber sido aprobados, lo que refleja las dificultades para adoptar medidas con efectos a largo plazo.

La solución: reformas a largo plazo y cuentas nocionales 

Tanto Elisa Chuliá como Enrique Devesa se han mostrado favorables a avanzar hacia sistemas de reparto basados en cuentas nocionales o de aportación definida, similares al modelo sueco. Según han explicado, este tipo de sistemas tienen en cuenta las cotizaciones realizadas durante toda la vida laboral, incorporan factores como la esperanza de vida y permiten un cálculo más transparente de las prestaciones.

Chuliá también ha defendido impulsar mecanismos complementarios de ahorro, como la denominada "mochila austríaca", y ha abogado por reforzar la previsión social complementaria mediante instrumentos que faciliten el ahorro a largo plazo.

Asimismo, el experto de la AIReF, Fernández-Huertas, ha reiterado que corresponde al ámbito político decidir el diseño concreto del sistema de pensiones. No obstante, ha insistido en que, independientemente del modelo que se adopte, este deberá encajar en una estrategia fiscal sostenible y creíble que garantice la estabilidad de las cuentas públicas a largo plazo.