La regularización de inmigrantes como "salvavidas" del sector cuidados: oportunidades y riesgos

En un momento en el que el debate sobre la inmigración vuelve a la primera línea política, el sector de los cuidados y sociosanitario observa el movimiento con especial atención. El Gobierno ha iniciado los trámites para una regularización extraordinaria de extranjeros residentes en España antes del 31 de diciembre de 2025, una medida que, según un análisis realizado por Supercuidadores, podría ser decisiva para sostener el sistema de atención a la dependencia, siempre y cuando no se limite a un mero trámite administrativo.

El diagnóstico es claro: faltan manos. Según estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, España necesitará incorporar 261.400 trabajadoras adicionales en el ámbito de los cuidados de larga duración de aquí a 2030. Para garantizar la atención de una sociedad envejecida, el sistema requerirá una fuerza laboral de más de 750.000 personas en ese horizonte. Ante esta realidad, la bolsa de empleo que supone la población migrante es una oportunidad ineludible, pero que conlleva desafíos importantes.

Del mercado negro al empleo formal

La principal oportunidad que presenta esta regularización es la capacidad de aflorar la economía sumergida. Históricamente, una gran parte del cuidado domiciliario se ha sostenido sobre relaciones laborales frágiles o informales. Facilitar la transición al empleo formal no solo aporta estabilidad y cotizaciones a las arcas públicas, sino que ofrece "trazabilidad al servicio" y reduce la vulnerabilidad de los trabajadores.

Además, permitiría cubrir vacantes cronificadas tanto en la atención a domicilio como en residencias, donde la demanda crece exponencialmente debido al envejecimiento y la cronicidad de las patologías.

El riesgo de la "precariedad regularizada"

Sin embargo, desde Supercuidadores lanzan una advertencia contundente: "Regularizar no equivale a profesionalizar". Existe el peligro de caer en lo que denominan "precariedad regularizada": que cambie el estatus administrativo de la persona, pero no mejoren sus condiciones laborales ni sus competencias.

El sector sociosanitario es sensible: un error no es un simple fallo administrativo, sino que se traduce en daños reales para las personas cuidadas, como caídas, lesiones por malas movilizaciones o errores en la medicación. Incorporar volumen de trabajadores sin asegurar unas competencias mínimas podría deteriorar la confianza social en el sistema y aumentar las incidencias.

La fórmula: regularizar, cualificar y acreditar

Para que el impacto de esta medida sea neto positivo, la propuesta de los expertos pasa por vincular la regularización a la formación. La clave reside en aprovechar el proceso para impulsar la Acreditación de Competencias Profesionales (PACP).

"La formación es el punto de apoyo más eficaz para transformar experiencia previa en una trayectoria formal", señalan desde la entidad. El objetivo es que la regularización sirva como palanca para que los nuevos trabajadores adquieran conocimientos técnicos verificables (higiene, nutrición, movilización segura), convirtiendo una solución de urgencia ante la falta de personal en una estrategia de profesionalización a largo plazo.

En definitiva, la regularización se presenta como una de las herramientas necesarias para garantizar la viabilidad del sistema de cuidados, pero insuficiente por sí sola si no va acompañada de un plan de formación que garantice la seguridad de los mayores y la dignidad profesional de los cuidadores.