El Comité Económico y Social Europeo (CESE) publica su dictamen definitivo sobre la reforma de pensiones complementarias que está preparando Bruselas. Una reforma que suscita opiniones encontradas, en particular, la propuesta lanzada hace meses por la Comisión Europea donde tanteaba el terreno para que los países asumieran la afiliación automática a planes de empleo, además de sugerir varios cambios que afectarían al Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP).

Una muestra del debate que generan estas reformas pendientes es que el dictamen del CESE, según explica la ponente del organismo y secretaria de Políticas Europeas de UGT, María del Carmen Barrera, enfatiza la necesidad de reforzar los sistemas públicos y condiciona la afiliación automática a planes de pensiones colectivos, insistiendo en que un modelo de autoenrolment debe ser "fruto exclusivo de la negociación colectiva y el consenso social".

Respecto a los planes de pensiones paneuropeos, el CESE recomienda a la Comisión Europea que cualquier modificación legislativa que emprenda debe mantener estos sistemas de ahorro como productos individuales, sin permitir la adquisición colectiva. 

La premisa fundamental de este informe del Consejo Económico es que el fomento de los planes privados y de empleo no debe utilizarse, ni directa ni indirectamente, para justificar el debilitamiento de las pensiones públicas ni de su capacidad para proporcionar unos ingresos adecuados. "El paquete legislativo sobre pensiones debe garantizar que todos los ciudadanos de la Unión Europea puedan jubilarse con dignidad, con seguridad y con unos ingresos adecuados (...) La jubilación digna no es un lujo ni una aspiración abstracta: es un derecho social básico que define la calidad de nuestras democracias", explica María del Carmen Barrera.

Futuro de los planes paneuropeos

En su dictamen sobre las pensiones complementarias, el CESE marca una clara separación entre los planes individuales y aquellos otros vinculados al ámbito laboral.

Al matizar su rechazo a que los PEPP puedan comercializarse en el ámbito laboral, advierte que introducirlos en el lugar de trabajo, especialmente mediante mecanismos de inscripción automática impulsados por los empleadores, "puede interferir y perjudicar a los planes de empleo colectivos ya existentes".

El informe del CESE reclama también una mayor protección para el ahorrador, insistiendo en que la suscripción de planes paneuropeos individuales debería de incluir asesoramiento o, como mínimo, módulos de orientación y educación financiera estandarizados. Estos deben ofrecer simulaciones claras sobre los costes y el capital final para proteger a los consumidores, insiste el dictamen.

Recomendaciones sobre los planes de empleo

El dictamen subraya que es esencial preservar y reforzar el papel distintivo de los planes de empleo, los cuales gestionan activos bajo marcos acordados por los interlocutores sociales mediante el diálogo social y la negociación colectiva.

Señala que cualquier sistema de inscripción automática de los trabajadores debe hacerse respetando la autonomía de los interlocutores sociales en cada Estado miembro.

El CESE propone establecer indicadores comunes para evaluar la relación calidad-precio y fijar márgenes mínimos de solvencia, siempre que no supongan una carga administrativa excesiva. Además, exige proteger a los afiliados estableciendo un límite temporal (máximo de 10 años) y planes de corrección para los fondos que se encuentren infrafinanciados.

Mayor brecha de género en pensiones privadas

Otra de las recomendaciones y advertencias que lanza el Comité Económico y Social Europeo es el impacto de la brecha de género, que en los sistemas privados alcanza el 40% ("muy superior a la de las pensiones públicas"), por lo cual exige introducir medidas acordadas mediante diálogo social, para corregir estos desequilibrios.

Advierte asimismo que los planes complementarios benefician principalmente a trabajadores con rentas altas y carreras estables, mientras excluyen a quienes tienen empleos precarios. Expandir estos sistemas sin una fuerte regulación social corre el riesgo de aumentar la pobreza y la desigualdad, argumenta el dictamen del CESE.

Para controlar estos riesgos, propone la creación de un comité de seguimiento a nivel europeo que vigile el impacto real de la extensión de estas pensiones sobre la desigualdad y la pobreza.