Los nuevos planes de pensiones paneuropeos y de empleo, más cerca

Bruselas tiene sobre la mesa una importante reforma de las pensiones complementarias en la UE, para potenciar los planes de pensiones de empresa y los privados individuales, dentro de sus políticas para afrontar los cambios demográficos y la jubilación del baby boom, habida cuenta de que la Comisión Europea avisa de que las pensiones públicas "pueden no ser suficientes".

Los cambios afectan a las Directivas (UE) 2016/2341 y 2016/97, de refuerzo de planes de pensiones de empleo, así como al Reglamento (UE) 2019/1238, sobre el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP), coloquialmente conocido como plan de pensiones paneuropeo.

Una de las medidas que más expectación levanta es que la Comisión Europea ha planteado que los países puedan incluir en sus sistemas nacionales la afiliación automática a planes de pensiones de empleo. Es decir, que los trabajadores se adhieran de forma inmediata a un régimen complementario de pensión, abriendo la posibilidad a todos los sistemas: pilar 2 (planes de empresa) y pilar 3 (planes individuales).

Precisamente, este jueves, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado su dictamen sobre la reforma de pensiones complementarias. El texto, presentado por la secretaria de Políticas Europeas de UGT, María del Carmen Barrera, subraya la necesidad de reforzar los sistemas públicos y condiciona la afiliación automática, insistiendo en que cualquier modelo que adscriba automáticamente a un trabajador a un plan de pensiones debe ser fruto exclusivo de la negociación colectiva y el consenso social.

"Pasar de sistemas voluntarios a un modelo en el que la participación se convierta en norma plantea problemas claros de intromisión en los sistemas de pensiones de empleo, donde la gobernanza reside en los agentes sociales a través del diálogo social", explica Barrera, para quien la meta de cualquier reforma de Bruselas debe ser "garantizar jubilaciones dignas en la UE, priorizando el sistema público. Además, insiste en que se deben garantizar "pensiones suficientes, equitativas y con capacidad redistributiva, especialmente frente a las brechas de género". 

El dictamen del CESE pone el acento en la necesidad de "evitar que la expansión de instrumentos privados, como el producto paneuropeo, genere nuevas desigualdades derivadas de las diferencias en la capacidad de ahorro de las personas trabajadoras".

Dictamen del CESE sobre la reforma que planea Bruselas

Los miembros del CESE establecen en su informe, aprobado este jueves en Bruselas, que toda medida que refuerce las pensiones privadas se debe adoptar dentro de unos parámetros claros:

- Los planes paneuropeos deben seguir siendo productos exclusivamente individuales. La recomendación del CESE consiste en que los PEPP (Productos Paneuropeos de Pensiones Individuales) sigan siendo individuales, sin permitir la adquisición colectiva. "Es imperativo reforzar la especificidad de los Fondos de Pensiones de Empleo (FPE), que gestionan activos colectivos bajo marcos negociados con los agentes sociales a través del diálogo social y la negociación colectiva", afirma Barrera.

- Reducir la brecha de género. La nueva Directiva europea debería obligar a los Estados miembros a adoptar medidas concretas, pactadas con los agentes sociales, para reducir esta desigualdad, ante la alarmante brecha de género en las pensiones privadas, que alcanza hasta el 40%.

- Condiciones para la afiliación automática. Cualquier modelo que adscriba automáticamente a los trabajadores a un plan de pensiones debe ser fruto exclusivo de la negociación colectiva, así como de un amplio consenso social.

- Simplificar la opción de sacar dinero del plan. Se debería emplazar a los Estados miembros a evaluar las prácticas de desacumulación y su impacto sobre los consumidores, eventualmente simplificando estas opciones, y evaluar los periodos de infrafinanciación de un fondo de pensiones, distinguiendo entre factores coyunturales y estructurales, impidiendo un impacto negativo futuro sobre las pensiones de los miembros actuales.

- Mayor seguridad de las inversiones, mediante una reformulación del "principio de prudencia" que proteja las cotizaciones de los trabajadores ante posibles crisis.

- Protección al ahorrador. Normas más estrictas de transparencia, márgenes de solvencia regulados y un asesoramiento obligatorio antes de que un ciudadano contrate un PEPP, evitando que asuman riesgos financieros desproporcionados.

- Políticas sociales. El despliegue de planes privados de pensiones debe ir acompañado de políticas sociales para evitar la segregación.

- Digitalización de la Seguridad Social europea, para que los trabajadores no pierdan derechos de pensión al desplazarse por Europa.

- Comité de Seguimiento: instaurar un comité europeo (con Estados, industria, sindicatos y sociedad civil) para vigilar que estas medidas no aumenten la desigualdad y la pobreza entre los futuros jubilados.