Claves de la reforma de fondos de pensiones que planea Bruselas: los planes paneuropeos, en la diana

La Comisión Europea tiene en marcha una reforma para aumentar la capacidad del sector de las pensiones complementarias de la UE. Se modificarían las Directivas (UE) 2016/2341 y 2016/97 en lo que respecta al refuerzo del marco de los planes de pensiones de empleo y también el Reglamento (UE) 2019/1238 sobre el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP), coloquialmente denominado plan de pensiones paneuropeo.

Uno de los grandes cambios es que la Comisión Europea pretende introducir la posibilidad de que los países puedan incluir por primera vez en sus sistemas de pensiones nacionales la afiliación automática de empleados a planes en el lugar de trabajo. La afiliación automática consiste en que las personas se adhieren automáticamente a un régimen complementario de pensión, abriendo con ello la posibilidad a todos los sistemas de pensiones complementarias: pilar 2 (planes de empresa) y pilar 3 (planes individuales).

"Esto supone un gran cambio de paradigma: pasar de sistemas voluntarios a un modelo en el que la participación se convierte en norma, aparte de que la afiliación automática plantea problemas claros de intromisión en los sistemas de pensiones de empleo, donde la gobernanza reside en los agentes sociales a través del diálogo social y la negociación colectiva". Así lo expone María del Carmen Barrera Chamorro, secretaria de Políticas Europeas de UGT y ponente del Comité Económico y Social Europeo (CESE), que este martes ha celebrado en Bruselas una audiencia pública para debatir sobre la propuesta de la Comisión.

En este debate sobre el paquete de pensiones complementarias, la hoja de ruta debe ser "garantizar jubilaciones dignas en la UE, priorizando la protección del sistema público y la negociación colectiva". La ponente del CESE enfatiza que las pensiones complementarias (privadas y de empleo) no deben servir como excusa para debilitar las públicas, y que las reformas europeas deben respetar las competencias de cada país.

Debate del CESE sobre planes de empleo y paneuropeos

Este martes, en Bruselas, Mari Carmen Barrera ha expuesto algunas de las claves que se barajaban en el CESE acerca de por dónde debería transcurrir la reforma que promueve la Comisión Europea.

Según ha detallado Barrera, los agentes sociales valoran que cualquier aumento en favor de las pensiones privadas se debe realizar dentro de estos parámetros: 

- Freno a la brecha de género. Ante la alarmante brecha de género en las pensiones privadas (que alcanza hasta el 40%), la nueva Directiva europea debería obligar a los Estados miembros a adoptar medidas concretas, pactadas con los agentes sociales, para reducir esta desigualdad.

- Los planes paneuropeos deben permanecer como productos individuales. En el seno del CESE se trabaja en el borrador de un dictamen, y todo apunta a que se recomendará que los PEPP (Productos Paneuropeos de Pensiones Individuales) sigan siendo individuales, sin permitir la adquisición colectiva. "Es imperativo reforzar la especificidad de los Fondos de Pensiones de Empleo (FPE), que gestionan activos colectivos bajo marcos negociados con los agentes sociales a través del diálogo social y la negociación colectiva", afirma Barrera.

- Condiciones para la afiliación automática. Cualquier modelo que adscriba automáticamente a los trabajadores a un plan de pensiones debe ser fruto exclusivo de la negociación colectiva, así como de un amplio consenso social.

- Mayor seguridad en las inversiones.  Reformular el "principio de prudencia" para garantizar que las inversiones de los fondos no pongan en riesgo el pago de las pensiones y se protejan las cotizaciones de los trabajadores ante posibles crisis.

- Protección al ahorrador. Normas más estrictas de transparencia, márgenes de solvencia regulados y un asesoramiento obligatorio antes de que un ciudadano contrate un PEPP, evitando que asuman riesgos financieros desproporcionados. De la intervención de Mari Carmen Barrera este martes, se deduce que se pedirá la inclusión de una guía accesible para el ahorrador con información y simulaciones acerca de capital final y costes, y el refuerzo de la participación mínima necesaria para autorizar una transferencia de PEPP transfronteriza.

- Simplificar la retirada de dinero de planes. Se debería emplazar a los Estados miembros a evaluar las prácticas de desacumulación y su impacto sobre los consumidores, eventualmente simplificando estas opciones, y evaluar los periodos de infrafinanciación de un fondo de pensiones, distinguiendo entre factores coyunturales y estructurales, impidiendo un impacto negativo futuro sobre las pensiones de los miembros actuales.

- Comité de Seguimiento: instaurar un comité europeo (con Estados, industria, sindicatos y sociedad civil) para vigilar que estas medidas no aumenten la desigualdad y la pobreza entre los futuros jubilados.

- Políticas sociales. El despliegue de planes privados de pensiones debe ir acompañado de políticas sociales para evitar la segregación.

- Digitalización de la Seguridad Social europea, para garantizar que los trabajadores no pierdan sus derechos de pensión al moverse por Europa.

Alerta por la mayor brecha de género en pensiones privadas

En Europa, la brecha de género en pensiones públicas se sitúa de media entre el 30% y el 32%, mientras que en pensiones privadas y complementarias la diferencia es mayor, y la mujer cobra el 35%-40% menos que el hombre de media.

Sin embargo, en el caso de los países que han desarrollado más el pilar privado, incluso con afiliación automática, desde 2012, como es el caso del Reino Unido, la brecha de género en pensiones privadas es del 35%, trece puntos más que en las públicas.

Lo mismo ocurre en los Países Bajos, donde la brecha en pensiones privadas se sitúa en el 40%, veintidós puntos más que en las públicas.

Los datos que maneja el CESE reflejan que el patrón se repite en países como España, con escaso desarrollo del pilar privado, solo un 2%, y que mantiene una brecha de género en pensiones privadas del 40%.

"Esta brecha está causada por el hecho de que las mujeres suelen tener carreras profesionales más fragmentadas, salarios más bajos y menor acceso a planes de empleo, lo que amplifica la desigualdad en los sistemas privados, sin ningún tipo de medida correctiva para la adecuación. Mientras las brechas en los sistemas privados persisten, la tendencia en los sistemas públicos es a la reducción de la brecha de género", ha detallado Barrera durante su intervención como ponente del CESE.