La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, rechazó recientemente eliminar los coeficientes reductores a la jubilación anticipada de quienes tienen más de 40 años cotizados argumentando que el coste de superaría los 3.300 millones de euros anuales, lo que sería inasumible para el Estado. Sin embargo, muchos creemos que la Sra. Ministra maneja los números a su conveniencia, ya que los 3.300 millones no supone un gasto para el Estado, puesto que se los está ahorrando al mantener las pensiones penalizadas con coeficientes reductores de casi 900.000 jubilados penalizados.

Muchos aún no entendemos que al jubilarnos anticipadamente con 62 años tras haber trabajado y cotizado más de 45 años, cumplir con las normativas y sin perjudicar a la Seguridad Social, tengamos que ser penalizados hasta con un 30% a perpetuidad. Es de suponer que la Sra. Ministra sabe que al eliminar estos coeficientes reductores deja de recaudar el remanente de la penalización al restablecer la pensión completa, y por ahí su negativa. Mientras tanto, ¿qué se hace con el remanente que se recauda de las pensiones penalizadas?

En un alarde de imaginación, un jubilado con una pensión de 936 euros al mes y penalizado con el 24%, se le resta a su pensión 225 euros, quedando esta en 711 euros. Con un esfuerzo más imaginación, calculamos llegar a los 80 años, con lo que nuestra pensión, estando penalizada, habría dejado de cobrar un total de 56.700.00 euros, siendo el Estado el único beneficiario.

Se da la paradoja de que un trabajador, con 45 años cotizados, a los 62 años se anticipa a su jubilación, dándose de baja. Con las cuotas de 3 años de autónomo (12.000 euros) que deja de pagar y sus propios fondos, llega a los 65 años, por lo que solicita la jubilación, dado que cumple con los años cotizados y, con la normativa vigente, consigue una pensión del 100% y sin penalización. Dos mismos casos y dos soluciones distintas..

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