Desde la Coordinadora Balear por la Defensa de las Pensiones Públicas, un espacio compartido por plataformas pensionistas y diversas entidades sindicales y sociales, se está llevando a cabo, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la creación de un Sistema Balear de Complemento para las pensiones públicas de cuantía inferior al Salario Mínimo Interprofesional.

Esta ILP (amparada en la Ley 4/2018, de 12 de junio, modificación de la Ley de 13 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular en Baleares) fue admitida a trámite por el Parlamento Autonómico en octubre del año pasado, y actualmente se encuentra en fase de recogida de firmas entre la ciudadanía de las Islas Baleares.

La cara oscura de la postal turística

Baleares se intenta vender, por parte del gobierno autonómico y las patronales de la industria turística, como un paraíso de sol, playa y paisajes idílicos, y vivir en las Islas lo consideran, de cara al exterior, como una especie de privilegio. Pero hace ya tiempo que la cruda realidad nos dice que la población trabajadora de Baleares es más bien víctima de la turistización, la versión perversa de un sistema económico de monocultivo turístico, depredador de los recursos naturales y de los derechos de las personas. La imagen idílica que venden nuestras “autoridades” esconde la realidad de una clase trabajadora precaria, fragmentada y empobrecida, con derechos básicos como el de la vivienda cada vez más imposible de alcanzar.

Dado que el binomio salarios-pensiones es indisociable (las pensiones son salarios diferidos), esta situación precaria del mundo laboral se traduce en que las pensiones en las Islas Baleares son de las más bajas de todo el Estado. Según datos de la Seguridad Social de 2025 (que hemos incluido en la documentación presentada en el Parlament), más de la mitad de las pensiones públicas de las Islas Baleares son inferiores a 1.000 euros, una cruel dicotomía en una de las comunidades autónomas de mayor renta per cápita. Así, las pensiones contributivas en Baleares se sitúan por debajo de la media estatal, con más de 100 euros mensuales de diferencia. Si además tenemos en cuenta a las personas que reciben solo una pensión no contributiva, la situación de todo este colectivo de pensionistas pobres es dramática.

Tampoco podemos olvidar que la pobreza en este caso tiene también nombre de mujer. Porque la mayoría de las personas que reciben pensiones pobres son mujeres, consecuencia de una situación histórica de discriminación y exclusión del derecho a un empleo a tiempo completo remunerado. Las mujeres, relegadas al trabajo reproductivo y de cuidados, tienen períodos de cotización inferiores a los de los hombres, lo que implica pensiones más bajas e, incluso, no tener derecho a pensión alguna al llegar a la edad prevista legalmente, o tan solo poder acceder a ser perceptoras de pensiones de viudedad o no contributivas de escasa cuantía. De ello se deriva una brecha de género en pensiones superior al 30%, como dicen muy claramente los datos de la Seguridad Social.

Si a los efectos precarizantes de la turistización (estacionalidad, temporalidad, fragmentación, empobrecimiento salarial y de pensiones…) le añadimos la carestía de vida provocada por la insularidad (los territorios insulares, Baleares y Canarias, son los más caros para vivir), podemos afirmar, sin tapujos, que detrás de la postal turística de las Islas Baleares se esconde un enorme pozo de pobreza de gente mayor y pensionista, mayoritariamente mujeres.

¿Por qué esta Iniciativa Legislativa Popular?

Esta iniciativa ciudadana intenta poner remedio, en las Islas Baleares, a la situación de pobreza severa y marginalidad de 94.000 personas mayores que necesitan, de manera urgente, este complemento de carácter social (individualizado, y no en función de los de la unidad de convivencia) que, sumado a su pensión, llegue al equivalente al Salario Mínimo Interprofesional, para poder vivir con un mínimo de dignidad.

Esta urgencia social tendría un carácter provisional, si el Estado (que tiene la competencia en las pensiones de la Seguridad Social) atendiera a la demanda del Movimiento Pensionista que, desde hace más de ocho años, le reclama la equiparación de la Pensión Mínima (PM) al SMI.

Además de la legislación europea (Art. 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, o el art. 23 de la Carta Social Europea) o estatal (Art. 50 de la Constitución Española), el propio Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, en su art. 16.3 señala que “… la actuación de las administraciones públicas de las Illes Balears debe centrarse primordialmente en los siguientes ámbitos… la protección y la atención integral de las personas mayores para la promoción de su autonomía independiente y su bienestar social e individual.” También, en el artículo 6 de la ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears, se incluye al colectivo de personas mayores como destinatario prioritario de los servicios sociales, en caso de situaciones de vulnerabilidad, riesgo o desamparo.

Por tanto, el Parlamento de las Islas Baleares y el Gobierno autonómico tienen la obligación y las competencias suficientes en materia de protección social, como para no dejar desamparados a los colectivos vulnerables, como la gente mayor que recibe pensiones de miseria. Se trata, pues, de una cuestión de voluntad política: priorizar las necesidades sociales de los colectivos más necesitados.

Las personas mayores pertenecen a una generación que dio lo mejor de sí misma para construir ese país. Fue decisiva para la construcción de un sistema democrático y luchó por implantar y defender los derechos y las libertades democráticos y sociales (entre otras, la de tener instituciones autonómicas). Por eso, la ILP que hemos presentado en el Parlamento de las Islas Baleares, y que pedimos a la ciudadanía que apoye con su firma, es un gesto de reconocimiento a este legado de las personas mayores, y la compensación de una parte de la deuda que toda la sociedad tenemos con ellas y ellos.

En resumen, en Baleares tenemos un problema muy serio de desigualdades y pobreza, y esta ILP intenta, en todo o en parte, dar soluciones, tanto para los colectivos afectados, como para el conjunto de la sociedad, como por ejemplo:

- Dotar a todas las personas que necesitan unos ingresos mínimos para poder vivir dignamente, más aún en un contexto de una inflación especialmente alta que afecta a los bienes y servicios más utilizados por las personas pensionistas, como son la alimentación, el gas, la electricidad y los servicios de atención a las situaciones de dependencia.

- Reducir la brecha de género existente en materia de pensiones. Dado que la mayoría de las personas perceptoras de estas pensiones son mujeres, serán ellas, por tanto, las que, en mayor número, se beneficiarán del complemento.

- La reactivación de la economía productiva, puesto que este complemento generaría creación y consumo de productos, bienes y servicios, con los consiguientes puestos de trabajo y bienestar social.

- La creación de este Sistema Balear de complemento para las pensiones públicas sería un importante ejercicio de autogobierno, que reforzaría al sujeto político de nuestra Comunidad Autónoma. Por solidaridad y justicia, y por todas las razones expuestas, hacemos un llamamiento a toda la sociedad balear para apoyar con su firma a esta Iniciativa Legislativa Popular.

Maribel Alcázar y Pep Juárez son representantes de la Comisión Promotora de la ILP en Baleares

Si eres lector o lectora de 65YMÁS y quieres denunciar cualquier situación de la que hayas sido testigo, dar tu opinión sobre cualquier tema de actualidad o sobre cualquier circunstancia que te afecte, puedes enviarnos una carta a nuestro diario. Es muy sencillo. Sólo tienes que entrar en CARTAS A LA DIRECTORA o rellenar este formulario: