La reforma laboral portuguesa: una bomba de relojería para los trabajadores mayores de 50 años

Hay reformas que se presentan como modernizaciones y que, sin embargo, esconden en su letra pequeña una redistribución brutal del riesgo. La reforma de la legislación laboral que el Gobierno portugués de Luís Montenegro lleva ocho meses negociando con patronal y sindicatos es, posiblemente, el mejor ejemplo reciente de este fenómeno en la Península Ibérica. Lo que empezó como un anteprojeto presentado en julio de 2025 —con más de un centenar de modificaciones al Código do Trabalho— se ha convertido, a mediados de abril de 2026, en un campo de batalla político donde cada coma importa. Y donde los trabajadores mayores de 50 años tienen más que perder que nadie.

Resumamos lo esencial. La reforma toca los nervios más sensibles del mercado laboral: despidos, contratación temporal, externalización de servicios tras reestructuraciones, banco de horas, formación y servicios mínimos en caso de huelga. La UGT —la central sindical que había estado negociando con el Gobierno— rechazó la última propuesta en su secretariado nacional, lo que ha provocado una nueva ronda de reuniones esta misma semana. Y Chega, el partido de extrema derecha de André Ventura, se ha ofrecido como socio parlamentario alternativo para sacar adelante la ley, presentando cinco condiciones que incluyen limitar la precarización y reforzar la protección en maternidad y paternidad, aunque su historial de coherencia legislativa invite al escepticismo.

Para quien tiene más de 50 años y trabaja en Portugal, hay tres aspectos de esta reforma que merecen un análisis detenido. El primero y más peligroso es el cambio en las reglas de reintegración tras un despido ilícito. Hasta ahora, solo las microempresas y los cargos directivos podían solicitar al tribunal que excluyera la obligación de readmitir a un trabajador despedido ilegalmente. El Gobierno propone ampliar esa posibilidad a todas las pymes, aduciendo que el regreso del empleado puede ser «gravemente prejudicial» para el funcionamiento de la empresa. Traduzcámoslo: un trabajador de 55 años despedido sin causa justa podrá ganar el juicio y, aun así, no recuperar su puesto. Recibirá, eso sí, una indemnización —que el Gobierno ha subido de un mínimo de 30 a 45 días por año de antigüedad—, pero quien lleva décadas en una empresa sabe que ningún cheque sustituye la estabilidad de un empleo a tres o cinco años de la jubilación.

El segundo punto crítico es la relajación de las restricciones al outsourcing tras despidos colectivos. La legislación vigente, introducida por la Agenda do Trabalho Digno de los gobiernos de António Costa, prohibía durante doce meses que una empresa que despidiera trabajadores externalizara las mismas funciones. El Gobierno quiso eliminar esa barrera por completo; ante la presión sindical, ahora propone un término medio: la prohibición se reduce a seis meses y solo para funciones de la «actividad principal» de la empresa. En la práctica, esto significa que una empresa puede despedir a sus empleados sénior del departamento administrativo o de soporte y contratar inmediatamente servicios externos para esas mismas tareas. Es un mecanismo de sustitución de trabajadores caros —los que llevan más años y tienen salarios más altos— por proveedores más baratos. Y quienes cobran más son, por definición, quienes llevan más tiempo trabajando: los mayores de 50.

El tercer elemento es la recuperación del banco de horas individual —ahora rebautizado como «banco de horas por acuerdo»—, que fue abolido en 2019 y que la patronal reclamaba con insistencia. Se establecerá, según la última propuesta, por acuerdo directo entre empleador y trabajador cuando no exista convenio colectivo que lo regule. Para un senior, esto plantea una trampa sutil: la presión individual para aceptar jornadas más largas —hasta 300 horas anuales de trabajo suplementario, frente a las 200 actuales— es mucho más difícil de resistir cuando sabes que la alternativa puede ser la extinción de tu puesto. La negociación colectiva, ese escudo que protegía especialmente a los trabajadores con menos poder de negociación individual, se debilita otro poco.

La comparación con España resulta reveladora e, en este caso, favorable a nuestro país. La reforma laboral española de 2021, impulsada por Yolanda Díaz, caminó en la dirección opuesta: restringió la temporalidad, fortaleció la negociación colectiva y limitó el recurso al despido fácil. Los datos le han dado la razón parcialmente: España ha batido récords de empleo indefinido y la tasa de paro de los mayores de 55 años ha descendido. Portugal, en cambio, se dispone a recorrer el camino inverso, flexibilizando despidos y abaratando la sustitución de mano de obra experimentada. Es legítimo preguntarse si el modelo portugués no está importando, con retraso, las recetas de austeridad laboral que ya fracasaron en el sur de Europa durante la década de 2010.

Hay, además, un contexto económico que agrava la situación. Portugal, que cerró 2025 con superávit, se encamina ahora hacia el déficit por el impacto de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio. El Banco de Portugal ha revisado a la baja el crecimiento (del 2,3% al 1,8%) y al alza la inflación (hasta el 2,8%). En este escenario, las empresas buscarán reducir costes laborales, y los primeros en la línea de fuego serán, como siempre, los trabajadores más caros: los sénior. La reforma les ofrece ahora las herramientas legales para hacerlo de forma más limpia y barata.

El desenlace de esta negociación es todavía incierto. Si la UGT no firma, el Gobierno llevará igualmente la propuesta al Parlamento, donde necesitará los votos de Chega para aprobarla. Es una alianza que dice mucho sobre el estado de la política portuguesa —y poco bueno—. Pero más allá de los juegos parlamentarios, hay una pregunta que debería inquietar a cualquier persona que se acerque a la edad de jubilación, a un lado y otro de la raya: ¿puede una sociedad que envejece a toda velocidad permitirse el lujo de desproteger laboralmente a quienes están en la recta final de su vida productiva? La respuesta portuguesa, por ahora, parece ser un preocupante «sí».