Jubilémonos todos (cuando queramos y podamos)

El reto demográfico pone en cuestión la viabilidad de unas pensiones públicas apoyadas en el único pilar del reparto. Exige apoyarse en los otros dos pilares complementarios capitalizados, el de empleo y el privado. A la vez que liberalizar la edad de jubilación para utilizar mejor el talento y la experiencia de los sénior. 

No es novedad, jubilarse está de moda. Los boomers queremos hacerlo cuanto antes, algunos a los 60 años. Y con las mejores pensiones posibles. La pensión media ya supera el sueldo de muchos jóvenes. A quien le falten años de cotización, se le añaden por la mili, por ser ama de casa o por la mater/paternidad. Los gobiernos suelen ser generosos, están en juego muchos votos. Muchos necesitan jubilarse, otros lo hacen para disfrutar de nuevos intereses y experiencias, de los nietos y de la amplia oferta de ocio senior, desde los viajes del Imserso a otros más rumbosos. La “silver economy” es un sector boyante, uno de los motores económicos de España, país ideal para jubilarse. 

Pero nada es gratis y “lo que el gobierno regala, lo pagamos todos”. Impacta en las cuentas de la Seguridad Social y del Estado, vasos comunicantes. Las cotizaciones ya no alcanzan para las prestaciones, el déficit supone más impuestos. O más deuda pública, que pese a la leve mejoría de 2024-25, supera el 100% del PIB. Sin mucha prisa por amortizarla, las próximas generaciones pueden heredar más deuda que activos, algunos obsoletos. Elemento principal del déficit y de la deuda son unas pensiones generosas en proporción a la base de cotización, al último salario o la renta per cápita.    

Las pensiones y sus tres pilares

Proporcionalmente más generosas que en otros países, dependen de un único pilar: la pensión pública por el sistema de reparto. Cuando un trabajador/a cotiza no lo hace en anticipado para su pensión futura, paga la pensión de sus padres y abuelos. Espera que alguien pague por él/ella cuando se jubile. Es la solidaridad intergeneracional que nos han explicado claramente. Aunque nos cuesta asumir que depende de quién y cuánto se cotice, de la tasa de dependencia que es elevada y que sigue creciendo.  Creemos que, tras haber cotizado tantos años, tenemos derecho incuestionable a nuestras pensiones. Pero el Pacto de Toledo de 1995 que decía garantizarlas ha quedado en un deseo o una promesa, no es una realidad porque no están capitalizadas. La “hucha de las pensiones” es más un relato político que una realidad económica sólida. 

Apenas se han desarrollado los otros dos pilares. Los planes de empleo diseñados por el ministro Escrivá en 2021 aún no han arrancado. Los planes de pensiones lo hicieron hace 40 años, pero se desarrollaron poco y han perdido atractivo por su modesta rentabilidad, por los gastos de gestión, por los escasos incentivos y por la fiscalidad del rescate. Así que poca gente tiene otra pensión que la pública.  Más unos ahorros no siempre seguros. Y la vivienda que no siempre es fácil vender porque la renta vitalicia inmobiliaria, la venta de nuda propiedad y la hipoteca o alquiler inverso no se han popularizado lo suficiente. 

En resumen, es un régimen de previsión social poco desarrollado, insuficiente. El reparto sirvió cuando los años como pensionista eran muchos menos que los de cotizar. No es un esquema Ponzi, pero en algo se le parece. Con la esperanza de vida por encima de los 85, algunos van a cobrar pensión más de 20 o 25 años, las cuentas ya no salen.  

Salarios estancados

Los jóvenes no pueden pagar ni alquileres ni hipotecas, siguen en casa de los padres hasta los treinta y tantos. Con sus salarios modestos tienen que cotizar para que algunos boomers nos “demos la vida padre”, con la vida resuelta.  Los inmigrantes contribuyen a la economía, pero no son la solución a la sostenibilidad fiscal y de las pensiones porque sus salarios (y cotizaciones e impuestos) son bajos además de que a muchos les acompañan familias que incrementan el gasto social.  

Con la demografía y los salarios estancados, el Estado no puede pagar tantas pensiones. La carga de las cotizaciones e impuestos lastra así a los jóvenes, a las pymes, a los consumidores, a todos. Hay que aligerarla y repartirla mejor.  Salvo para las profesiones penosas y peligrosas o quienes estén en mala salud, hemos de gestionar mejor nuestras vidas laborales.

Parece que hay pocas alternativas a alargar la cotización y reducir los años como pensionistas. Las públicas tendrán mínimos vitales, pero no podrán ser un porcentaje tan elevado del último salario. Quien la quiera más alta, ha de apelar a los otros dos pilares: los planes de empresa y los planes de pensiones privados. O vender su casa y dejar menos herencia. Si uno deja mucha herencia probablemente ha planificado mal. 

Necesidad de reformar el sistema

A mucha gente esto les suena ultraliberal, se manifestarán por las “pensiones públicas dignas”. Como sociedad avanzada hemos de resolver esta compleja cuestión haciendo los ajustes “por las buenas”, con incentivos fiscales a las contribuciones al segundo y tercer pilar. Desde 2015 la deducción en el IRPF por aportación a planes de pensiones se ha reducido de 10.000 € a 1.500 €.  Los rescates (por renta o pago único), tributan al tipo marginal del trabajo, aunque son rendimiento del ahorro. Así se lo reconoce el Gobierno Vasco a sus afortunados pensionistas que ahorran del 6 a 15%, según los tramos. 

Hemos de reformar inteligentemente las pensiones en sus tres pilares independientes pero complementarios. Las públicas no son sostenibles porque la última reforma de 2021 fue insuficiente, incluso en sentido contrario al requerido. Y los pilares de empresa y privados están lejos de su potencial, hay que desarrollarlos, tarea que llevará tiempo. 

En cuanto a la edad de jubilación, hemos de aprender a manejar mejor esta cuestión sin caer en el edadismo que margina a muchos trabajadores a partir de los 50 y tantos.  La mejor fórmula es dejarla a la decisión individual que mejor se adapte a su salud, a su familia y a su situación financiera. Quien quiera jubilarse antes, que lo haga con su patrimonio o con su pensión de empresa o privada. Las públicas han de mantener el equilibrio financiero actuarial.  Eso supone reducir las pensiones de quienes, al jubilarse antes, van a cobrar más años. Ha de ser con coeficientes reductores bien calculados, asegurando el equilibrio actuarial. Desincentivando sí, pero sin penalizar en exceso.  Al contrario, a quien opte por demorar, se le debe incentivar razonablemente.    

La polémica de la edad de jubilación

La edad normada de jubilación ha de ajustarse a cada ocupación y adaptarse a la evolución demográfica. A partir de 2027, para la mayoría va a ser los 67 años. Que sea igual para todos, sin privilegiados que pueden jubilarse a los 65 e incluso algunos a los 60 o antes con pensión máxima porque lo estipula su convenio, porque son funcionarios o porque su empresa paga. La jubilación anticipada solo se justifica en profesiones con penosidad o peligrosidad, no debe ser el método de ajuste de las plantillas.  

En cambio, a quienes quieran o necesiten alargar su carrera laboral hay que permitirles continuar hasta los 70, 72, 75 años o hasta que su salud y su aportación a la sociedad lo aconsejen. ¿Tiene sentido forzar a jubilarse a directivos de empresas, catedráticos, jueces, diplomáticos, altos funcionarios, médicos o científicos que son la clave de las instituciones y los servicios, públicos y privados? ¿No será mejor que lo decidan ellos?   

Merece la pena incentivar la jubilación demorada de estos “Activos de Gran Experiencia” de 65 y más que quieren seguir activos, que quieren elegir cuándo jubilarse sin que normas obsoletas les fuercen a hacerlo.  Además del ahorro en sus pensiones, se facilitaría la transición de las plantillas, mejoraría el funcionamiento tanto de muchas empresas privadas como de servicios públicos. Tienen mucho que aportar.  Largas carreras de formación y adaptación les dotan de criterio, talento y experiencia que son valores al alza para los nuevos modelos de gestión con Inteligencia Artificial.  No hay pues razón para prescindir prematuramente de los seniors que pueden complementar y encauzar el talento de los jóvenes. Ambos han de combinarse para abordar en armonía las transformaciones que se avecinan como la reducción de jornada y tantos otros cambios sociales y tecnológicos.