Blindar las pensiones en la Constitución, la forma de parar los intentos de enfrentar a generaciones

Juristas de prestigio, expertos, plataformas de pensionistas y asociaciones de personas mayores urgen a los partidos políticos a blindar las pensiones en la Constitución, otorgándoles la categoría de derecho fundamental, de la que ahora carecen. Consagrar la pensión pública en la Carta Magna es la mejor garantía para desactivar los intentos de enfrentar a abuelos y nietos por el pago de las pensiones presentes y futuras.

Esta es una de las conclusiones unánimes de los participantes en el debate Blindar las pensiones, organizado por la Mesa Estatal por el Blindaje (MERP @merp_org) y llevado a cabo en el Congreso de los Diputados. Convertir estas prestaciones en cámara acorazada del Estado del bienestar resulta imprescindible para "prevenir que los gobiernos puedan recortarlas e impedir que se utilicen como arma arrojadiza en la lucha política", avisan.

Tal como subraya la presidenta del Pacto de Toledo, Mercè Perea, las recomendaciones de este pacto del año 2020 ya marcaron a los jóvenes como un "objetivo prioritario" para generarles confianza y seguridad.  A su juicio, los verdaderos "protagonistas de la perdurabilidad del sistema son los jóvenes", motivo por el cual alerta sobre el "gran peligro que supone la desinformación para ellos".

Los expertos rechazan los "discursos del miedo" dirigidos a la juventud

Ana Cobo, portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, se muestra crítica con "los discursos del miedo que intentan convencer a la juventud de que el sistema de protección es una estafa y de que no habrá pensiones para ellos", ilustrándolo con el estereotipo del joven que se va de España para no pagar impuestos.

La diputada socialista considera que detrás de esta estrategia de infundir miedo entre los jóvenes "solo existe un negocio: empujarles a contratar planes de pensiones privados".

A su vez, Águeda Micó, diputada de Compromís, denuncia que existe un "metarrelato de la extrema derecha diseñado de manera específica para enfrentar y destruir el vínculo entre la gente joven y la gente mayor, con el fin de facilitar el negocio privado".

Durante su participación en el debate sobre el blindaje en la Constitución, puso de relieve que el "verdadero problema de la juventud actual no es si cobrarán o no una pensión en el futuro, sino la precariedad actual provocada por un mercado salvaje, la desregularización y la concentración de la riqueza, que impiden a los jóvenes tener una vida garantizada".

Por su parte, el diputado del Grupo Popular Miguel Ángel Paniagua, portavoz en el Pacto de Toledo, atribuye las dudas y temores de los jóvenes al hecho de que "están inmersos en redes sociales, espacios donde hay mucha mentira y manipulación motivados por intereses económicos". Por ello, aboga por hacer un esfuerzo especial para motivar a la juventud a participar activamente en el debate público real.

"Los políticos no deben jugar con el equilibrio intergeneracional"

La célebre abogada laboralista Cristina Almeida reivindica el consenso y la información como factores clave, asegurando que las personas mayores tienen un papel fundamental en la defensa del futuro de los jóvenes: "Lo que hay que decir a los jóvenes es que los mayores y jubilados de la actualidad estamos luchando también por su futuro. Que no nos miren como enemigos, sino que nos vean como salvadores de su derecho a su propia pensión".

Almeida recuerda que la lucha actual por blindar estas prestaciones en la Constitución es, precisamente, para "garantizar la protección de los trabajadores del futuro".

De igual modo, José Luis Tortuero, profesor emérito de la Universidad Complutense, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, alerta del "papel crucial de los jóvenes" en el mantenimiento y salud del sistema de pensiones. Este jurista exige a los políticos que no rompan el "equilibrio de responsabilidades intergeneracionales" y lanza un mensaje contundente: "Sin los jóvenes no hay sistema. Es imprescindible que las nuevas generaciones comprendan y vivan el sistema de protección social".

Tortuero advierte asimismo del riesgo que supone la falta de información y comunicación con las capas jóvenes de la población: "Mientras las entidades financieras llevan décadas acercándose a los jóvenes para venderles planes de pensiones privados, nadie les informa desde el sistema público".

Durante su reciente intervención en el debate organizado por la MERP, este catedrático tildó de "crucial" que la reforma de la Carta Magna modifique los artículos 41, 50 (y eventualmente el 53), para incorporar tres elementos: la defensa del sistema de pensiones como un sistema de reparto contributivo y solidario; el compromiso financiero del Estado; y la garantía de poder adquisitivo y mantenimiento de las pensiones futuras.

¿Cómo se blinda el derecho a la pensión?

La Constitución española, en su artículo 50, incluye una garantía para las pensiones como principio rector de las políticas públicas a llevar a cabo por los legisladores, pero no las reconoce como derecho fundamental. 

El primer paso para blindarlas es lograr un acuerdo político, y en este terreno se vislumbran avances, como el anuncio de PSOE, PP y Compomís de su intención de abordar este debate en el Pacto de Toledo, de cara a las próximas recomendaciones de esta comisión parlamentaria. Como segundo paso, los miembros del Parlamento deben consensuar la fórmula para cambiar el redactado de la Carta Magna. 

El Título X de la Constitución establece cómo y cuándo, así como las implicaciones de la reforma. Exige amplio acuerdo político (mayorías cualificadas en las Cortes) y puede derivar en referéndum, según se trate de procedimientos ordinarios (regidos por el artículo 167) o reforzados (artículo 168), para cambios clave.

Para consagrar las pensiones, presentes y futuras, juristas como Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y director de la Fundación Alternativas, plantean varias opciones:

- Reformar el artículo 41 ("Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes....") y el artículo 50 ("Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica..."). A juicio de López Garrido, esos artículos deberían plasmar explícitamente el mantenimiento del poder adquisitivo conforme al IPC. 

- Modificar el artículo 53, usándolo como un atajo para convertir las pensiones en derecho fundamental sin someterse a la difícil reforma agravada (obligada para cambios de artículos y derechos clave, exige la aprobación de dos tercios de ambas cámaras, disolución de Cortes, elecciones generales, ratificación de las nuevas Cortes y referéndum). Habría que añadir explícitamente que el derecho a las pensiones gozará de las mismas garantías que los derechos fundamentales.

López Garrido avanza que, de este modo, las pensiones adquirirían tres vías de protección cruciales: serían un derecho regulado por ley, respetando siempre su esencia; el ciudadano podría acudir directamente al Tribunal Constitucional para defender su pensión; y cualquier persona podría invocar su derecho a la pensión ante cualquier tribunal ordinario.

"Somos 49 millones de pensionistas", advierte la MERP

Desde 2013, la Mesa Estatal por el Blindaje de Pensiones (MERP) defiende que el sistema público de Seguridad Social "debe garantizar las condiciones de vida, porque somos 49 millones de pensionistas, del presente o del futuro".

Según Joanen Cunyat, portavoz de la MERP, en un momento de tanta incertidumbre, blindar las pensiones es "invertir en confianza y estabilidad para la sociedad. La juventud necesita tener la certeza absoluta de que su país les respaldará económicamente cuando lleguen a la vejez".

Cunyat urge a reformar la Constitución para "incluir un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas y, por tanto, la imposibilidad de que ningún tipo de medida o discriminación, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos, discapacidad o cualquier otra, pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas".

Hace unos días, la MERP presentó un Manifiesto por el blindaje constitucional, apoyado por 100 grandes juristas. Entre los firmantes, la magistrada Manuela Carmena; el exjuez Baltasar Garzón; profesionales como Diego López Garrido, Manuel de la Rocha, Cristina Almeida, Paquita Sauquillo; o los magistrados eméritos del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín y Perfecto Andrés.