Empieza septiembre, el mes tradicional de vuelta al cole, literal y figuradamente, y con él llega el momento de retomar y afrontar las reformas pendientes en materia de pensiones. Algunas son medidas aún por acordar en la Mesa de Diálogo Social; otras implican cimentar y monitorizar cambios ya aprobados y en marcha, que necesitan ser culminados. Y, entre medias, el nuevo disparo de la inflación y las consecuencias de la guerra en Irán están fulminando el poder adquisitivo de los pensionistas, cuando faltan poco más de tres meses para que el Gobierno apruebe la revalorización de pensiones para 2027.

El 31 de diciembre de 2026, además, llega a su fin el periodo progresivo de la reforma desplegada desde 2013, con lo cual, desde el 1 de enero de 2027, la edad de jubilación ordinaria quedará fija en los 67 años para quienes tengan menos de 38 años y medio cotizados. Quienes acumulen esa cotización podrán seguir retirándose con 65 y el 100% de pensión. Aunque la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, asegura que no van a subir la edad de jubilación ni tampoco habrá recortes en pensiones y la jubilación del baby boom será digerible para las arcas públicas, la inquietud por posibles nuevas reformas para cuadrar cuentas pende siempre sobre los jubilados.

El 'melón' de la jubilación anticipada por penosidad y peligrosidad

Sobre la mesa del Gobierno están las reclamaciones de varias profesiones y colectivos que demandan acceder a la jubilación anticipada por razón de penosidad, peligrosidad o insalubridad. Reclaman que se les apliquen criterios técnicos para bajar la edad de jubilación, en función de la incidencia, persistencia y duración de bajas médicas, incapacidades permanentes y/o fallecimientos.

Entre esas profesiones, se hallan los transportistas, a quienes apoyan los sindicatos UGT y CCOO. Podrían acceder los conductores de transporte de mercancías, de viajeros por carretera y grúas autopropulsadas. 

Para la construcción, el Gobierno prevé decidir a partir de febrero qué perfiles del sector constructor podrán beneficiarse de los coeficientes reductores por peeligrosidad.

Otro colectivo pendiente de resolución es el de las cuidadoras, aquellas personas que compatibilizan sus trabajos con la labor de cuidador de grandes dependientes. La ministra  Saiz anunció en octubre de 2025 que analizará y evaluará la fijación de coeficientes reductores de jubilación a estas cuidadoras.

A la espera se encuentran los sanitarios, así como los policías nacionales y guardias civiles: piden factores de corrección para el adelanto de jubilación. Un acceso al retiro anticipado que también reclaman los tripulantes de vuelo y azafatas, que lo exigen por estar sometidos a los mismos riesgos sanitarios derivados del trabajo que los pilotos (estos ya tienen derecho a la jubilación antes de la edad ordinaria).

Reformar el complemento de brecha de género para madres y padres

El Ministerio de Saiz tiene pendiente reformar el complemento de brecha de género, aprobado en 2021 para compensar a las mujeres por el daño sufrido durante su carrera profesional, por haber asumido el cuidado de los hijos, con un lógico perjuicio en su pensión.

Conocido popularmente como plus por hijo, debe ser reestructurado, debido a que en mayo de 2025 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló en contra de este complemento, por considerarlo discriminatorio para los hombres.

Mientras llega la reforma, el Gobierno sigue pagando el complemento mensual, pero los sindicatos UGT y CCOO, miembros de la Mesa de Diálogo Social en pensiones, quieren que la reforma se active cuanto antes, para resolver cualquier inquietud. Proponen estudiar medidas alternativas urgentes en el marco del diálogo social.

Solucionar los recortes de pensión en largas carreras

Los más de 900.000 jubilados anticipados de largas carreras, penalizados por haberse retirado antes de la edad legal ordinaria, reclaman desde hace una década que se supriman los coeficientes reductores cuando la persona tenga 40 o más años cotizados.

Es lo que exige la asociación Asjubi40, que batalla tanto en el ámbito nacional (con partidos políticos, Congreso, Pacto de Toledo, medios de comunicación, hasta con denuncias en los tribunales) como en el ámbito europeo (han presentado una demanda en el Parlamento Europeo).

El 3 de septiembre, Asjubi40 entregará en el Congreso de los Diputados cerca de 200.000 firmas ciudadanas para presionar a Gobierno y parlamentarios a adoptar una solución para "acabar con la condena perpetua y eliminar el recorte de pensión que sufrimos quienes tuvimos que empezar a trabajar siendo casi niños, y fuimos obligados a jubilarnos para poder subsistir", exponen desde su Comité.

Asentar la recién estrenada jubilación flexible

Desde el 28 de agosto es posible acogerse a los nuevos incentivos para jubilados que vuelvan a trabajar a tiempo parcial, mediante la jubilación flexible. Pueden optar los autónomos —cobrarán un 25% de pensión si no han estado en el RETA en los 3 años previos a jubilarse— y mayor jornada para asalariados, con horquilla del 33%-80%.

Con ello, el Gobierno amplía las fórmulas legales de compatibilizar pensión y trabajo, tratando de convencer a trabajadores y pensionistas de que retrasen su jubilación o, al menos, que no se retiren del todo. 

Sin embargo, esta reforma ha suscitado fuertes críticas y rechazo en buena parte de sus destinatarios. Asociaciones de pensionistas, expertos en Seguridad Social, economistas y organizaciones de autónomos advierten de que los cambios son insuficientes y "solo beneficiarán a unos pocos jubilados", aquellos con ingresos elevados.

Tratar de convencer de las bondades de la nueva fórmula es una tarea pendiente tanto para el Ministerio como para sindicatos y empresas, que han pactado este nuevo modelo de jubilación compatible en la Mesa de Diálogo Social. 

Aprobar el reglamento de la pasarela al RETA de los mutualistas en 3 meses

Tras su publicación en el BOE el pasado 31 de julio, ya está aprobada la denominada pasarela al RETA de los mutualistas: una vía excepcional que permitirá a abogados, procuradores y profesionales colegiados que pertenezcan a las mutualidades transferir a la Seguridad Social los derechos económicos acumulados mediante las aportaciones realizadas.

Los interesados podrán presentar su solicitud individualmente durante el plazo de un año desde la entrada en vigor del reglamento que desarrolle la norma. No podrán acogerse quienes sean pensionistas de un régimen público o de la propia mutualidad alternativa, salvo que la pensión percibida sea de viudedad.

Para todo ello, el Gobierno aprobará un reglamento en 3 meses desde la aprobación de la ley, es decir, antes del 31 de octubre próximo, detallando los requisitos de acceso, las condiciones de transferencia de los derechos económicos y la fórmula para convertir las cantidades acumuladas en periodos cotizados al RETA.

Cotización de los autónomos para 2027 

Gobierno, agentes sociales y organizaciones de autónomos tienen pendiente aprobar la cotización por ingresos reales para 2027. Tras una primera fase de puesta en marcha (2023-2025), el sistema se ha estancado en 2026, con un esquema de cuotas congeladas y los mismos tramos de rendimientos netos que regían en 2025.

Falta asimismo avanzar en la reforma del cese de actividad (el denominado paro de los autónomos), en la negociación de un subsidio de paro para mayores de 52 años, que iría dirigido a autónomos que hayan agotado sus prestaciones, con el fin de evitar situaciones de desprotección social en una franja de edad especialmente vulnerable.

Las altas laborales progresivas siguen en el tintero 

El modelo de alta gradual de reincorporación progresiva al trabajo es una de las reformas en mente del Ministerio de Seguridad Social. En principio, se barajaba negociarlo para aplicarlo solo en bajas médicas de larga duración, es decir, que superen los 90 días.

Según ha explicado la ministra Saiz en varias ocasiones, se plantearían para trabajadores de baja por cáncer, infarto, ictus o enfermedad mental. No ha habido avances en las conversaciones con sindicatos y patronal, pero uno de los planteamientos sugería que el trabajador volviera a su puesto de trabajo de forma progresiva una vez esté recuperado. Y siempre, como una opción totalmente voluntaria.

Reactivar el Pacto de Toledo 

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo cumplió 30 años a finales de 2025 como organismo garante de las reformas para sostener el sistema de pensiones, según subrayó entonces el Gobierno. Tanto la ministra Elma Saiz como el secretario de Estado de Pensiones, Borja Suárez, hicieron hincapié en que las recomendaciones de esta comisión, presidida por Mercè Perea, son la "guía para las actuaciones que se deben adoptar en los próximos años".

Lograr el consenso del Pacto de Toledo, de cara a una sociedad que vivirá pronto la jubilación masiva del baby boom, el creciente envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida en jubilación, se presenta como un factor clave para la sostenibilidad de las pensiones futuras, así como para mantener el sistema de revalorización con el IPC para mantener el poder adquisitivo de los jubilados.