La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA) lanza una campaña de recogida de firmas en Change.org bajo el nombre "No podemos esperar más: financiación pública para los tratamientos del alzhéimer". La iniciativa pide al Ministerio de Sanidad que financie en el Sistema Nacional de Salud los primeros y únicos tratamientos capaces de retrasar la evolución de la enfermedad y reclama que el acceso a ellos dependa solo de criterios médicos y no de la capacidad económica de cada paciente. Para lograrlo, CEAFA hace un llamamiento a la ciudadanía para que firme y comparta la petición.

El alzhéimer es una enfermedad progresiva e irreversible que afecta en España a más de 800.000 personas y cada año se diagnostican unos 40.000 nuevos casos, más del 65% en mujeres. Durante años, los tratamientos disponibles se han limitado a aliviar los síntomas. Hoy, por primera vez, existen dos fármacos, lecanemab y donanemab, que pueden ralentizar la progresión de la enfermedad en un grupo concreto de pacientes en fases iniciales que cumplan estrictos criterios médicos. Según la Sociedad Española de Neurología, alrededor del 4% de las personas con alzhéimer en España podrían ser candidatas.

Aunque la Unión Europea ya los ha autorizado, en España se ha rechazado su financiación pública, de modo que solo pueden recibirlos quienes asumen su coste por la vía privada.

Qué pide la campaña

La petición reclama que el Ministerio de Sanidad financie lecanemab y donanemab en el Sistema Nacional de Salud; que las personas con alzhéimer que cumplan los criterios médicos puedan acceder a estos tratamientos de forma pública, segura y equitativa; y que el tiempo no siga jugando en contra de quienes hoy todavía pueden tener una oportunidad.

El factor tiempo es decisivo porque el alzhéimer no espera y, cuando la enfermedad progresa, la posibilidad de recibir el tratamiento puede desaparecer para siempre. CEAFA insiste en que no se puede permitir que una decisión administrativa haga perder un tiempo que, para los pacientes que podrían acceder a él, es irrecuperable.

Cada firma cuenta

La campaña parte de un respaldo que lleva años visibilizándose. El último ejemplo de apoyo sucedió hace solo unas semanas, cuando más de 500 personas con alzhéimer, familiares y profesionales participaron en el vídeo ''No podemos esperar más' para reclamar el acceso público a los tratamientos. Ahora, la Confederación quiere que esa voz crezca. 

Por ello, hace un llamamiento a familias, cuidadores, profesionales, asociaciones y a la ciudadanía en general para que firmen y difundan la petición en sus entornos y redes sociales. “Esta petición solo tendrá la fuerza que le demos entre todos. Cada firma es una persona que dice que no está de acuerdo con que esta oportunidad esté solo al alcance de quien puede pagarla. Necesitamos que firme mucha gente, y que además lo comparta, porque cuantas más firmas reunamos, más difícil será ignorar esta reivindicación” explica Jesús Rodrigo, director de CEAFA.

La petición está disponible aquí: https://c.org/4kjJY4Kfqv

Denuncia ante el Defensor del Pueblo

Por otra parte, CEAFA ha remitido una queja al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la que traslada la situación de "inequidad" generada por la falta de financiación pública de los únicos tratamientos autorizados en Europa capaces de ralentizar la progresión del alzhéimer en sus fases iniciales.

En su escrito, CEAFA recuerda que los fármacos fueron autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) en 2025 para determinados pacientes con enfermedad de Alzheimer en fase temprana, bajo estrictos criterios clínicos y de seguridad. Sin embargo, subraya que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha rechazado en varias ocasiones su inclusión en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, la última vez el pasado 15 de julio.

Como consecuencia, la confederación destaca que estos tratamientos permanecen fuera de la financiación pública, mientras que su autorización de comercialización permite su prescripción en el ámbito privado para quienes puedan costearlos. "Personas con la misma enfermedad, la misma necesidad sanitaria y la misma indicación clínica reciben así una respuesta diferente en función de sus recursos económicos", advierte.

A esta desigualdad, añade, se suma la urgencia del tiempo, puesto que el acceso a estos tratamientos solo es posible en las etapas tempranas del alzhéimer. Así, cada mes de retraso hace que personas que hoy cumplen criterios clínicos dejen de cumplirlos, lo que conlleva la pérdida definitiva de la oportunidad de beneficiarse de una terapia que podría ralentizar la progresión de su enfermedad.

CEAFA enmarca esta reivindicación como una cuestión que afecta directamente al ejercicio de derechos fundamentales y no únicamente como un debate sobre política farmacéutica. Señala que la falta de acceso equitativo compromete el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española y debe valorarse según el artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a promover una igualdad real y efectiva.

La queja también invoca los principios de equidad e igualdad efectiva recogidos en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, así como las garantías del artículo 49 de la Constitución en materia de autonomía personal, dado que muchas personas con alzhéimer se encuentran o llegarán a encontrarse en situación de discapacidad o dependencia.

La confederación recuerda que el pasado mes de julio, tras el rechazo reiterado de la financiación de los tratamientos, junto con siete sociedades científicas, hizo pública una carta abierta en la que expresaba su profunda decepción por la decisión de la CIPM.

En ella, defendía que la respuesta no debía ser limitar el acceso a estas terapias, sino incorporarlas de forma ordenada, con una selección estricta de pacientes y seguimiento especializado, de modo que quienes cumplen los criterios clínicos puedan decidir libremente, con información transparente, si desean acceder a ellas.

Por todo ello, y dado que entre las funciones constitucionales del Defensor del Pueblo se encuentran la defensa de los derechos reconocidos en la Constitución y la supervisión de la actuación de las administraciones públicas, CEAFA ha solicitado un encuentro con Ángel Gabilondo para trasladarle de primera mano la realidad de los pacientes y sus familias.