Sociedad

¿Los okupas podrán empadronarse en el domicilio en el que viven?

Anna Blanco

Foto: BIGSTOCK

Domingo 10 de mayo de 2020

1 minuto

A partir de la noticia falsa en diversos medios, las redes sociales se han hecho eco del nuevo bulo

Atención bulo: los okupas podrán empadronarse donde viven

La publicación de una nueva resolución del Ministerio de la Presidencia publicada el pasado día 2 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre la normativa de empadronamiento ha dado pie a una nueva controversia tanto en medios comunicación como en redes sociales. 

Diversos medios de comunicación hicieron una interpretación de la nueva resolución que distaba mucho de ser la correcta como posteriormente se ha demostrado. En estos medios se afirmaba que con la nueva resolución se permitía el empadronamiento sin documentación a cualquiera para favorecer que los okupas pudieran cobrar la renta mínima, ayudas por el coronavirus o, incluso, para alterar el censo electoral en favor de la coalición PSOE-Podemos.

Diferentes líderes políticos como Santiago Abascal, Rafael Hernando o Toni Cantó no dudaron en utilizar las redes sociales para difundir esta supuesta noticia e, incluso, la cuenta oficial en twitter del partido ultraderechista Vox lo hizo. 

 

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De hecho, la realidad es que la publicación de una nueva resolución sobre la materia respondía a la necesidad de adaptar las instrucciones técnicas al cumplimiento de una sentencia de la Audiencia Nacional del pasado diciembre, que es firme desde finales de marzo. En ella, se estimaba una demanda de Cáritas para equiparar a los menores extranjeros con los españoles en lo relativo a los requisitos para su identificación. De esta forma, los menores extranjeros hasta los 14 años podrán ser empadronados, bien aportando solo el libro de familia o el certificado de nacimiento, como los menores españoles.

Así pues, las condiciones de empadronamiento para las personas sin domicilio no han cambiado desde 1997 y los requisitos de la resolución publicada el pasado día 2 en el BOE son los mismos que se establecían en una resolución de julio de 1997, bajo el Gobierno de José María Aznar, y en otra de marzo de 2015, durante la etapa de Mariano Rajoy.

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