El número de plazas residenciales para personas mayores en España no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años, que ha pasado de 8 millones de personas en 2010 a 9 millones en 2019. Sin embargo, en este mismo tiempo las plazas residenciales solo han crecido en 12.353, según el informe recientemente publicado por el Imserso (@Imserso). En consecuencia, la ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores se ha reducido, pasando de 4,56 a 4,21, lo que la aleja del objetivo del 5% que aconsejan los organismos internacionales. Y evidencia un déficit de 70.000 plazas en términos absolutos, tal y como denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Las plazas de financiación pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, sólo constituyen 2,5 por cada 100 mayores de 65 años, es decir, la mitad de la ratio aconsejable. Hay que recordar que unas 100.000 personas que tienen reconocido actualmente grado II y III de Dependencia, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho. No se sabe cuántas de ellas han solicitado plaza residencial, pero las estimaciones que se pueden realizar, a partir del porcentaje de personas con grado II y III de dependencia que están recibiendo servicios residenciales, nos permite afirmar que serían unas 70.000 personas, una cifra coincidente con el déficit global de plazas residenciales.
La situación muestra diferencias muy significativas entre comunidad autónomas, como viene siendo habitual en todo lo que tiene que ver con Servicios Sociales. Sólo cinco regiones alcanzan la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y sólo una (Castilla y León) alcanzan también esta ratio con plazas de financiación pública.
Los principales déficits de plazas residenciales, para alcanzar al menos la ratio de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años son Andalucía (donde faltan 27.981 plazas para alcanzar ese ratio), Comunidad Valenciana (con un déficit de 20.844), Galicia (14.858), Región de Murcia (8.364), Cataluña (8.038), Comunidad de Madrid (7.479), Canarias (7.364) y País Vasco (6.063).
Las diferencias también alcanzan a la proporción entre plazas de financiación pública y las de financiación privada, destacando en este sentido comunidades como Aragón, Comunidad de Madrid o Asturias, donde existe un mayor número de plazas residenciales de financiación privada que pública.
Existen también grandes diferencias en los precios y cuantías que abonan los usuarios en las plazas residenciales de financiación pública, tanto en centros propios como en los concertados, en una horquilla que va desde menos de 7.000 euros anuales en comunidades como Valencia, La Rioja, Andalucía, Madrid o Cataluña, hasta más de 8.000 euros en Aragón, Región de Murcia, Navarra o País Vasco; en estas dos últimas comunidades con cuantías que superan los 10.000 y los 11.000 euros, respectivamente. Vale la pena recordar que la pensión media en España no alcanza los 1.000 euros mensuales (1.140 euros la de jubilación y 713 la de viudedad). Resulta así que en algunas comunidades los usuarios abonan más del 40% del precio de las plazas públicas, mientras que en otras apenas superan el 30%, incluso una de ellas, La Rioja, en 25%.
Estos datos expresan el esfuerzo que deben realizar algunas comunidades para promover la construcción de nuevas plazas residenciales para personas mayores y para incrementar las plazas de financiación pública, que aseguran el derecho efectivo a una plaza residencial cuando se precise.
Otras carencias
Pero hay otros debates pendientes, como la ubicación de las plazas residenciales en el territorio, ya que su carencia se centra en las grandes urbes, mientras que, en los medios rurales, en ocasiones excedentarios en plazas, no se adecúan a las características y necesidades de estos territorios y de sus habitantes de más edad, constituyendo un factor que agudiza el vaciamiento de estos territorios, y el sufrimiento de quienes a una edad muy avanzada se ven obligados a abandonarlos.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ve también imprescindible debatir sobre las ratios de plantillas con las que cuentan los centros residenciales de mayores, especialmente en la necesidad de incrementar la ratio gerocultores/as y reformular sus funciones y su remuneración. Pero, sobre todo, es necesario un debate en profundidad sobre el modelo residencial, para superar el modelo asistencialista y sobreprotector que todavía impregna estos centros, avanzando hacia modelos que ofrezcan entornos íntimos, evitando la masificación y facilitando una la convivencia y el desarrollo del proyecto vital de cada persona.
