Los expertos reclaman financiación y flexibilidad para que los cuidados sean accesibles para todos

Los cuidados son inasequibles para buena parte de las familias, cuando la administración no los financia. Pese a que los trabajadores del sector cobran sueldos que apenas llegan al SMI, el coste para los usuarios es inmenso, en especial, cuando tienen necesidades importantes, como pueden ser las personas con un mayor grado de Dependencia. 

Por ello, los expertos consultados por 65YMÁS lo tienen claro: es necesario tomar medidas urgentes para atajar esta problemática, aumentando las ayudas, reduciendo las listas de espera y aplicando medidas de flexibilidad. Más, teniendo en cuenta que el número de dependientes no va a parar de aumentar en los próximos años, por el envejecimiento de la población. 

Según advierte a 65YMÁS el economista Julián Salcedo, "en el horizonte de 2050", se estima que los mayores de 65 años "serán el 30% de la población" –actualmente son el 20%–. Y, al mismo tiempo, de los datos del Imserso se desprende que, sólo entre 2020 y 2025, se incrementaron un 25% las peticiones de ayuda. En total, son más de 2 millones las solicitudes registradas y se superan las 1,5 millones de personas con alguna prestación efectiva. Es más, recordaban recientemente desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se calcula que más de seis millones de españoles son "potencialmente dependientes". Y en paralelo, siguen sin resolverse problemas como el de la lista de espera que acumula cerca de 200.000 personas inmersas durante más de seis meses –límite legal– en trámites burocráticos, a la espera de una prestación. 

El verdadero coste de envejecer en casa

El cuidado profesionalizado tiene un precio que choca frontalmente con la realidad de las pensiones españolas: un servicio por horas oscila entre los 14 y los 22 euros, mientras que contratar a una persona en régimen interno (24 horas) supone un desembolso de entre 1.200 y 1.800 euros mensuales, explica Aurelio López-Barajas, CEO de SUPERCUIDADORES.

Desde la Fundación Pilares, su presidenta Pilar Rodríguez, pone un ejemplo muy visual: para atender a una situación de gran dependencia en el domicilio se necesitaría contratar a cinco trabajadoras, lo que dispararía el gasto familiar a 6.105 euros mensuales. Ante este panorama, los servicios privados de calidad se convierten en un privilegio inalcanzable.

Incluso en los casos de menor necesidad de apoyos, el esfuerzo económico requerido es grande. En los supuestos más económicos, en los que, por ejemplo, se contrata por unas pocas horas a personas, en calidad de empleado de hogar –no siempre con algún tipo de titulación– y por el Salario Mínimo Interprofesional –17.094 euros brutos anuales o 9,5 euros la hora–, la cuantía sigue sin ser asumible para usuarios y familias con pocos recursos.

Y a nivel de residencias privadas, la tarifas se disparan. En 2025, el precio alcanzó los 2.074 euros al mes (IVA incluido) de media, según el Informe de Precios de Residencias 2025 elaborado por la plataforma miResi –muchas veces se venden propiedades para poder asumir estos costes–. 

Eso sí, apunta el economista Julián Salcedo, al mismo tiempo, "la capacidad adquisitiva de los españoles en los últimos años prácticamente no ha subido en términos reales –apenas un 1,5% desde 2018–", lo que mantiene la dificultad para "contratar este tipo de servicios asistenciales" –la pensión media en 2026 es de 1.367,4 euros mensuales, pese a que han estado indexadas al IPC–.

"Entre los hogares con personas dependientes que tienen una necesidad no cubierta de cuidados a domicilio, la razón principal en 2024 fue no poder permitírselos: 40,6%", apostilla el consultor y experto en la silver economy, Juan Carlos Alcaide, citando la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. 

Sin embargo, cuando la administración ayuda, el desembolso de los usuarios y las familias se rebaja sustancialmente. En ayuda a domicilio, asegura el presidente de la patronal ASADE, Ignacio Gamboa, "el copago medio se sitúa en torno a los 4-5 euros por hora, una cifra que, en todo caso, queda muy alejada del coste real del servicio, que en 2026 se aproxima a los 22 euros por hora para las entidades prestadoras en el marco de contratos con las administraciones públicas". "Esta diferencia evidencia el importante esfuerzo de financiación pública que sostiene el sistema", contextualiza.

El doble filo del SMI

En este contexto de precios inaccesibles, varios expertos entienden que la subida del SMI, pese a ser una medida de justifica social, supone un potencial problema.

Y es que si las tarifas son muy elevadas, la administración no contribuye y los procesos burocráticos se eternizan, puede crearse el ecosistema perfecto para la economía sumergida y, sobre todo, provoca que los familiares, y en particular, las mujeres, se dediquen al cuidado, con los sacrificios que ello supone –carrera laboral, pensión futura, cotizaciones...–. 

El experto en Silver Economy, Juan Carlos Alcaide, es tajante: la subida del salario mínimo, que es justa, puede provocar esta externalidad, ya que "está tensionando aún más a muchas familias que ya están al límite".

López-Barajas secunda esta advertencia señalando que el encarecimiento de los costes salariales y de cotización sitúa a pensionistas y familias en una posición "económicamente insostenible".

Propuestas

Frente a esta coyuntura, los expertos urgen a aplicar soluciones. Alcaide propone una combinación de innovación tecnológica, compromiso público y colaboración social, con medidas como abaratar y simplificar la formalización mediante incentivos fiscales, la figura del "cheque servicio" y el uso de plataformas tecnológicas y teleasistencia.

Desde Supercuidadores, López-Barajas propone agilizar las valoraciones de dependencia, reducir tiempos administrativos y, sobre todo, profesionalizar el sector impulsando la formación continua y la acreditación de los cuidadores extranjeros.

Finalmente, Pilar Rodríguez urge "a las Administraciones Públicas a desarrollar con mucha mayor diligencia de lo que lo están haciendo el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), incluyendo los apoyos –hoy prácticamente inexistentes– a las familias cuidadoras y subiendo el importe de las prestaciones de la PECEF, que hoy oscilan entre 180 a 455 euros, según grado de dependencia. También podrían incluirse las prestaciones –vinculada al servicio o por asistencia personal– que permitan en mayor medida poder contratar una ayuda externa".