Los mayores piden ayuda ante el alto coste de los cuidados a dependientes: "Es un derecho social"

Los cuidados privados no son asequibles para buena parte de los pensionistas, sobre todo, para las rentas más bajas. 

Por ello, varias de las principales asociaciones de mayores consultadas por 65YMÁS reclaman a la administración que garantice esta ayuda, reduciendo la lista de espera de la Dependencia, aumentando las intensidades e introduciendo medidas de flexibilidad. 

Y al mismo tiempo, añaden, se deben mejorar las condiciones de los trabajadores que prestan estos servicios: los sueldos apenas alcanzan el SMI y abundan las jornadas parciales. 

Y es que, cuando el Estado no está presente –más de 150.000 personas llevan más de seis meses en trámites para conseguir una ayuda–, asumir el coste de los cuidados profesionales en el mercado supone hoy en día hacer un esfuerzo titánico, que puede provocar que las familias, y en especial las mujeres, opten por asumir ellas mismas esta carga, con los sacrificios que esto implica, o que recurran a la economía sumergida. 

SMI y precio de los cuidados

Y en este contexto de asfixia económica, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) –1.221 euros brutos al mes– ha abierto también un intenso debate. Todas las organizaciones aplauden la medida como un acto de justicia, pero alertan de sus efectos colaterales si el Estado no interviene.

Desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) aplauden esta política que "contribuye a dignificar las condiciones laborales de todos los trabajadores y, en este caso, de quienes cuidan".

Sin embargo, avisan que "lo que no puede suceder es que el coste de esa mejora recaiga exclusivamente en las familias, sin apoyo público, porque eso empuja a muchas personas hacia la economía sumergida o a renunciar a los apoyos".

Josep Carné, presidente de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC), recuerda que "estos servicios no son accesibles ni asequibles para una parte importante de la población, especialmente cuando se requieren cuidados intensivos o continuados". 

Y añade que "la subida del SMI es una medida necesaria para dignificar el trabajo de cuidados, pero, sin un refuerzo paralelo de ayudas públicas, lo que hace es incrementar la presión económica sobre las familias".

Desde la Unión de Jubilados y Pensionistas UGT, su secretario general, Anatolio Diez, subraya que existe "una brecha clara entre las necesidades reales de cuidado y la capacidad económica de las familias".

Advierte que, si bien para rentas medias estos servicios pueden ser asequibles con un gran sacrificio, "para las bajas se hacen imposibles sin ayudas públicas o apoyo familiar", recordando que "la atención intensiva –muchas horas o internas– supera con frecuencia la pensión media –1.367,4 euros mensuales–". 

"Se corre el riesgo de expulsar a las familias hacia menos horas de cuidado o hacia una economía sumergida", advierte, ya que "sin financiación pública suficiente, la mejora salarial puede traducirse en menos accesibilidad". 

 

 

 

Por su parte, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández, opina que, aunque no cree que vaya a generar directamente más contratos "en B", "podría suceder que se aminorasen las posibles nuevas contrataciones".

"El efecto que puede tener esta subida es un incremento de contratos a tiempo parcial, que se conviertan por la vía de los hechos en tiempo completo sin remunerar ese exceso de horas", indica.

"El tema es una patata caliente, porque dar una respuesta adecuada en estos momentos es imposible y a la administración ni está ni se la espera. Creo que es hora de mirar cómo se resuelve en otros países de la Unión Europea, que tienen respuestas eficientes y ver la manera de acercarnos a ellas", propone Gloria Veiga, presidenta de Confemac. 

El papel del Estado

La solución, coinciden buena parte de las fuentes consultas, pasa ineludiblemente por una mayor intervención y liderazgo de las administraciones públicas. 

Desde la PMP se exige un gran acuerdo nacional: "Reclamamos un Pacto de Estado en materia de dependencia y cuidados de larga duración, que consolide, con la financiación necesaria, un Sistema Público de Cuidados".

En ese sentido, demandan concretamente que "la inversión en cuidados de larga duración debería alcanzar, al menos, el 1,5% del PIB".

Además, apuestan por facilitar la contratación formal mediante "bonificaciones, deducciones fiscales o cotizaciones más asumibles para las familias vulnerables" y exigen "estándares mínimos de formación para quienes trabajan en cuidados de larga duración".

"El cuidado de las personas mayores debe ser entendido como un derecho social, no como una responsabilidad que recaiga únicamente en las familias", sentencia el presidente de FATEC, Josep Carné, que propone abordar el problema de forma integral, lo cual supone "reforzar la financiación pública del sistema de cuidados, garantizando el acceso universal", impulsar la profesionalización e "intensificar el control para reducir la economía sumergida", desarrollando "un sistema público de cuidados sólido, como pilar del Estado del bienestar".

Desde UGT-UJP, Anatolio Diez también pone sobre la mesa una batería de medidas dirigidas al Estado, reclamando "incrementar las prestaciones de dependencia, reduciendo copagos, adaptando las ayudas a los costes del servicio". Asimismo, propone incentivos a la contratación legal con deducciones fiscales y una "profesionalización real" progresiva, así como "reforzar las Inspecciones de trabajo, luchar de una manera activa contra el empleo irregular".

José Luis Fernández plantea una adaptación fiscal. Su presidente destaca que, dado el peso que asumen los familiares, "tendría que abordarse la fiscalidad de estas situaciones, o sea reducir los costes y poder contratar profesionales".

Fernández propone "un tratamiento fiscal que exonere de parte de los gastos que producen en el ámbito familiar los cuidados, no solo la contratación de personal, sino los instrumentos y adaptaciones del domicilio".

Finalmente, desde la Plataforma Estatal de Colectivos de Familiares y Usuarias de Residencias reclaman ir más allá y "topar los precios en todas aquellas residencias que reciban algún tipo de subvención pública (las concertadas, las acreditadas que tienen residentes con el cheque-servicio)". "No se debería pagar más del 85% de la pensión por parte de los residentes, las CC.AA. y la Administración Central deben subvencionar el importe que supere ese 85%. Y se deben establecer planes de creación de residencias públicas en todas las CC.AA. que puedan tirar de los precios hacia abajo", proponen.