El debate en torno a la conocida como 'Ley de Nietos' ha centrado la polémica de las últimas semanas después de que Alberto Núñez Feijóo denunciara la presunta "ingeniería electoral" del Gobierno ante los 2,5 millones de solicitudes de nacionalización que se han recibido en los últimos años, que ha motivado además que la Junta Electoral se haya pronunciado al respecto. Pero los expertos llaman a mirar con detenimiento los hechos y las cifras que rodean a esta ley.

El proceso, que es fruto de una ley aprobada en el Congreso de los Diputados en 2022, abre la puerta a que hijos y nietos exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo puedan obtener la nacionalidad española de pleno derecho. Pero, ¿en qué consiste la norma? ¿Cómo puede afectar realmente al voto? ¿En qué se ha centrado la polémica actual?

¿Qué es la 'Ley de Nietos'?

Se trata de la conocida popularmente como 'Ley de Nietos' a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, del 19 de octubre de 2022. Su objetivo original es conceder la nacionalidad española a los hijos y nietos de quienes perdieron o renunciaron a ella al sufrir el exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, conocido como Anexo I, gran parte de los cuales emigraron a distintos países de América Latina.

Igualmente, el texto establece que podrán adquirir la nacionalidad los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 (Anexo II). También se pueden beneficiar los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes se les haya reconocido su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la ley de Memoria Democrática del 2022 o en la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica del 2007 (Anexo III).

Asimismo, las personas que, siendo hijos de padre o madre originariamente español y nacido en España, hubiesen optado a la nacionalidad española no de origen en virtud del artículo 20.1.b) del Código Civil, así como los hijos menores de edad de quienes adquirieron la nacionalidad española por aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que optaron, a su vez, a la nacionalidad española no de origen en virtud del ejercicio del derecho de opción previsto en el artículo 20.1.a) del Código Civil por estar bajo la patria potestad de un español, podrán ahora acogerse igualmente a la opción contemplada en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática a fin de obtener la nacionalidad española de origen sobrevenida (Anexo IV).

¿Por qué ha estallado la polémica?

El último debate se ha centrado en el impacto que esta medida puede tener en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA). Partidos de la oposición, como el PP y Vox, han acusado en las últimas semanas al Gobierno de Pedro Sánchez de realizar una "ingeniería electoral" con esta ley, pese a ser uno de los partidos que apoyó la norma en 2022. Según argumenta ahora el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el Ejecutivo busca ganar hasta 2,5 millones de nuevos votantes en el extranjero para alterar el censo electoral con fines partidistas.

Por su parte, el Gobierno rechaza estas acusaciones calificándolas de "discurso infundado" y defiende que la ley solo busca saldar una deuda moral y de reparación histórica, argumentando además que el voto exterior es heterogéneo e impredecible.

¿Cómo se ampliaron los supuestos previstos en la ley original? 

Según los abogados de Legálitas (@Legalitas_ES), el foco del conflicto está también en la Instrucción adicional de 25 de octubre de 2022 de la de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que estableció una guía para que los Consulados y los Registros civiles de España pudieran interpretar mejor la norma y tramitar correctamente las solicitudes de nacionalidad española.

En ella se aclara "una segunda opción para que el interesado pueda solicitar la nacionalidad española. Por tanto, la instrucción esclarece conforme a Derecho, que pueden aplicar a la nacionalidad española, aquellos interesados extranjeros que acrediten:

1. Sean descendientes de exiliados españoles

2. Aquellos que simplemente son nietos o hijos de un ciudadano español de origen, sin necesidad de demostrar el exilio". 

¿Cuántas personas han solicitado la nacionalidad?

El proceso se abrió tras la aprobación de la norma hace cuatro años y tenía un plazo inicial de 2 años desde 2022. Sin embargo, como indicaba la ley, se podría ampliar durante un año más, algo que hizo el Gobierno. Así, las solicitudes se pudieron registrar desde octubre de 2022 y hasta octubre de 2025, momento en el cual se cerró el plazo de presentación de las mismas.

Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación a fecha de 31/03/2026, 2,4 millones de personas "han manifestado su interés en optar por la nacionalidad española". Las oficinas consulares en todo el mundo han recibido presencialmente 1,2 millones de expedientes y se han aprobado ya 545.000 expedientes, practicando 306.500 inscripciones en el Registro Civil consular.  Pero según explican los expertos de Legálitas, "el gran número de solicitudes no ha permitido presentar todos los expedientes a tiempo. Algunos consulados han dado cita para finales de 2026 para que presenten la solicitud a aquellos extranjeros interesados". 

¿Implica la inscripción automática en el censo electoral?

Según explicann desde Legálitas, los que obtienen la nacionalidad española por LMD, obligatoriamente se inscriben en El Registro de Matrícula Consular para poder ejercer el derecho del voto desde el extranjero. Pero conseguir la nacionalidad y el pasaporte no incluye directamente a la persona en el Censo de Españoles Residentes Ausentes.

Para poder votar, los nuevos ciudadanos deben figurar como residentes en su demarcación consular correspondiente y completar una serie de trámites administrativos adicionales. Según los expertos, el impacto electoral real es incierto, ya que la participación del voto exterior suele ser baja (en torno al 10%) y no tiene un comportamiento político homogéneo. No obstante, la oposición teme que su influencia sea decisiva en circunscripciones pequeñas con tradición emigrante y márgenes ajustados. 

¿Qué ha decidido la Junta Electoral Central (JEC)?

Tras recibir quejas de diversas formaciones y entidades políticas, la Junta Electoral Central (JEC) ha exigido este julio a la Oficina del Censo Electoral que justifique de forma "suficientemente motivada" en qué provincia y municipio se inscribe a cada nuevo nacionalizado, especialmente cuando esta asignación no coincide con la última residencia en España del solicitante. El objetivo es que se apliquen criterios "objetivos, homogéneos y transparentes". Sin embargo, la JEC ha rechazado la petición de Vox de suspender cautelarmente el censo en el exterior, recordando que la Constitución ampara el derecho al sufragio.

Aún así, cuatro vocales de la JEC han emitido un voto particular en el que denuncian un "incremento irregular del censo". Estos magistrados argumentan que una instrucción interna del Ministerio de Justicia dictada en 2022 desvirtuó la ley original. Según denuncian, esta instrucción amplió el acceso a la nacionalidad a los descendientes de emigrantes que salieron de España por "motivos económicos, laborales o matrimoniales", y no solo a los exiliados políticos, abriendo la puerta a centenares de miles de personas en contra de la voluntad de la ley.