El adelanto electoral frena medidas clave para los mayores

Junto al freno a la reforma laboral o la ley mordaza, el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019 y su posterior adelanto electoral al 28 de abril, dejan en papel mojado muchas de las reformas sociales propuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La disolución de las Cortes el próximo 5 de marzo dejará fuera de aprobación todas las normas que no hayan concluido su tramitación como la muerte digna, el incremento presupuestario a la Dependencia y el acceso a la sanidad universal. En total, 31 proyectos quedarán paralizados ante la nueva situación.  

Ley Muerte Digna

El Proyecto de Ley sobre derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, impulsado por Ciudadanos, no verá la luz pese a haber sido aprobado el pasado diciembre por el Congreso. La ley, que muchos esperaban fuese la antesala a la regulación de la eutanasia, se quedará en el Senado, sin que haya tiempo para su aprobación definitiva.

La Ley de Muerte Digna, suponía garantizar una serie de derechos para las personas que están en la fase final de su vida como el derecho a la información asistencial, el derecho a la toma de decisiones, el derecho al tratamiento del dolor, al acompañamiento y a la intimidad. La norma también establecía que toda persona mayor de edad y con plena capacidad de obrar tendría derecho a manifestar anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desease recibir en el proceso final de su vida.

Incremento del gasto en Dependencia

Una de las partidas que más preveía aumentar con los PGE 2019 propuestos por Sánchez, era la destinada a las ayudas a la dependencia. La propuesta sugería destinar más de 500 millones más para la atención a la dependencia para atender a los 80.000 grandes dependientes y dependientes severos que existen en España.

De haberse aprobado, este aumento hubiese supuesto un total de 1.822 millones de euros de aportación de la Administración General del Estado a la atención a la Dependencia (cerca del 28% del gasto público total anual), según fuentes oficiales.

Pese al varapalo en el Congreso tras el freno a los presupuestos, los expertos aseguran que hay vías parlamentarias para lograr que salga adelante este acuerdo de mínimos, tal y como se comprometieron los grupos parlamentarios al renovar el Pacto de Estado de la Dependencia el pasado 14 de diciembre.

Sanidad Universal

El Real Decreto para la universalización de la atención sanitaria aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio se quedará también en trámite parlamentario. Su freno se debe a que el Gobierno del PSOE decidió transformarlo en proyecto de ley, y ya no hay tiempo para que pase por el Congreso.

La restauración de esta ley suponía reconocer el derecho a la asistencia sanitaria tanto a residentes en España, como a inmigrantes. Ha sido una medida polémica para la oposición debido a su financiación, pese a que la ministra de Sanidad, Carmen Montón, aseguró que esta medida "no implica un mayor coste para las arcas públicas”. Tampoco iniciaron su tramitación la ley de prevención del suicidio, la norma contra las pseudociencias o el nuevo reglamento de las especialidades médicas.