Elecciones Castilla y León: los mayores exigen pensiones dignas e igualdad territorial

La segunda cita electoral de este 2026 tiene lugar este domingo 15 de marzo en Castilla y León, después de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunciase el pasado 19 de enero la disolución de las Cortes tras agotar la legislatura, puesto que este domingo era la fecha límite para la celebración de los comicios autonómicos (las últimas elecciones tuvieron lugar el domingo 13 de febrero de 2022). 

Según la última encuesta preelectoral difundida por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tendríamos un empate técnico entre PP, que sería primera fuerza con un 33,4% de los apoyos y el PSOE (33,2). Las autonómicas de Castilla y León también cortarían la dinámica ascendente de Vox, tras los resultados en Extremadura y Aragón, que pierde algo más de un punto respecto a las elecciones de hace cuatro años.

Como viene siendo habitual en cada cita electoral, las personas mayores vuelven a conformarse como un colectivo relevante, y es que representan, en este caso en Castilla y León, el 27,25% de la población, según datos del censo de Población de la Junta de Castilla y León a 1 de enero de 2025. Conscientes de esta realidad, desde 65YMÁS les hemos preguntado para saber cuáles son sus principales reivindicaciones y preocupaciones. 

Defender los derechos económicos de los mayores

La subida de las pensiones para hacer frente al coste de la vida es la principal reivindicación que señala Inmaculada Ruiz Martín, presidenta nacional de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) y de la federación provincial y local de Ávila, y también vicepresidenta de la Federación Territorial de las Asociaciones Provinciales de Pensionistas y Jubilados – UDP Castilla y León. 

Es "lo que pensamos todos los mayores, que hay que hacer frente a una subida grande de precios", todo ello teniendo en cuenta, tal y como subraya, que Castilla y León, y especialmente Ávila, "es de las provincias que cobran pensiones más bajas de España". En concreto, según datos de enero de 2026 del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la pensión media mensual en la región es de 1.365,95 euros, rozando la media nacional (1.363,36 euros), y situándose algo más de 300 euros por debajo de la pensión media más alta (1.673,48 euros en el País Vasco) y apenas 200 euros por encima de la pensión media más baja (1.163,32 euros en Extremadura).

"Las pensiones son muy bajas, los salarios también y esto hace que la vida se haya vuelto muy cara, sobre todo con el turismo que últimamente se ha implantado aquí en estas provincias pequeñas. Hay muchísimo turismo y entonces la vida se ha encarecido mucho", explica. Todo ello sin olvidar peticiones que realizan siempre, añade, como es "paz y tranquilidad para poder vivir estos años lo mejor posible". 

Desde la Red de Federaciones provinciales de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, compuesta por 1.548 asociaciones repartidas en las nueve provincias, coinciden en la importancia de "regular las pensiones para poder recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido durante los últimos años". 

"Queremos que se tenga en cuenta la voz de las personas mayores, que en Castilla y León somos cerca de las 650.000 personas" y "unos políticos que consideren a las personas mayores una fuerza activa de la sociedad, facilitando nuestra participación en la definición y ejecución de las medidas de promoción social y atención a nuestro colectivo. Sin olvidar el dar continuidad a los proyectos orientados a mejorar el bienestar emocional", reclama Montserrat Martínez, secretaria de la junta directiva de la Red y también presidenta de la Federación de Soria.

"Castilla y León es una comunidad envejecida, empobrecida y despoblada", señalan desde la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Castilla y León, donde las personas mayores de la región se encuentran "dispersas por zonas rurales, con servicios públicos en estas zonas deficientes, comenzando por el transporte, la sanidad, la dependencia, etc.", critican. 

En este sentido, para Felipe de Diego Martínez, Secretario General de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de Castilla y León, su principal reivindicación también se centra en las pensiones. En la misma línea que a nivel estatal, exigen "políticas y medidas que garanticen la seguridad y sostenibilidad del sistema público de pensiones, defender la revalorización de las pensiones y oponerse a mecanismos que puedan deteriorarlas (como el factor de sostenibilidad), buscando que las pensiones no pierdan poder adquisitivo". 

En esta línea, también aluden a la defensa de los derechos económicos y sociales de las personas mayores, y piden "la eliminación de recortes que afecten a los ingresos de pensionistas" y "obtener beneficios y medidas específicas orientadas a mejorar la calidad de vida en la jubilación". 

 

Acceso adecuado y digno a la atención sanitaria y a la dependencia

"Cuando las personas mayores necesitan cuidados, unos servicios de atención accesibles y de calidad se hacen imprescindibles", señala la secretaria de la junta directiva de la Red de Federaciones de asociaciones de jubilados y pensionistas de Castilla y León. Es por ello que exigen de los gobiernos "una administración ágil, que sepa gestionar las ayudas con rapidez para que estas lleguen a quien las necesita lo antes posible".

"Queremos un gobierno que mantenga un número de plazas residenciales suficiente, pero también el desarrollo de cuidados en nuestros propios hogares. En este sentido, la apuesta por la tecnología, incorporando sistemas y equipos tecnológicos para la teleasistencia, la rehabilitación a distancia o la domotización de los hogares pueden suponer un gran avance", señala. 

Desde UJP UGT de Castilla y León reivindican también "el fortalecimiento de recursos y servicios que afectan directamente a las personas jubiladas/pensionistas, como el acceso adecuado y digno a la atención sanitaria y a la dependencia; y políticas que favorezcan el envejecimiento activo y la participación social".

Martínez señala que sus reivindicaciones se dirigen también a "exigir la garantía de recursos y atenciones necesarias para las personas mayores en función del momento vital en el que se encuentren. Por una parte, una programación de actividades que ayuden a las personas a participar y a mantener una vida saludable y activa, ofreciendo diversas alternativas culturales, educativas como el acceso a la universidad, de ocio, deportivas, etc. para que cada persona encuentre aquella que más vaya con su interés". 

Más concretamente, en el ámbito sanitario, desde la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Castilla y León piden "más recursos en Atención Primaria, que haya más Gerontólogos", pues, subrayan, "las enfermedades crónicas de las personas mayores, no son iguales que el resto de la población más joven, ni requieren la misma prevención y el mismo tratamiento". Sin olvidar la "reducción de las listas de espera".

"La protección de la salud y la atención sanitaria constituyen uno de los pilares del Estado de Bienestar y un servicio público fundamental, por lo que entendemos necesario reforzar el Sistema Nacional de Salud y demandamos una financiación adecuada y suficiente, ello implica mejorar los recursos humanos, evitar la privatización y externalización de los Servicios Públicos", añaden, considerando pertinente también, y así lo reclaman a los partidos mayoritarios, "alcanzar un Pacto por la Sanidad en su vertiente política, institucional y social, como garantía para consolidar el Sistema Sanitario Público y para revertir los efectos de la crisis en el Sistema Sanitario". 

Asimismo, piden "acercar la atención especializada a los núcleos rurales e ir reduciendo de forma contundente y rápida la lista de espera de las intervenciones quirúrgicas, de consultas de médicos especialistas y de las pruebas diagnósticas". 

 

 

También reclaman "más agilidad en hacer valoraciones de grado de dependencia, menos listas de espera, más recursos, más plazas residenciales públicas, atención sanitaria y ratios de personal en cuidados suficientes y de calidad". 

"La atención a la dependencia en esta autonomía es una apuesta sindical continuada, incluso antes de la Ley de la Dependencia estatal. Las medidas que se negocian y acuerdan en el ámbito del Diálogo Social Estatal, garantizan después de muchos años, su mantenimiento y mejora, así como la incorporación de nuevas personas dependientes por derecho. El acuerdo firmado en el 2024 sobre la dependencia en Castilla y León, que da continuidad a otros acuerdos anteriores, si se cumple adecuadamente, avanza en la consolidación y en mejoras del sistema y de ser efectivamente cumplido, deberá permitirnos seguir siendo referentes en el sistema de la dependencia donde, a pesar de las deficiencias, estamos muy bien situados, según las diversas valoraciones públicas del sistema", explican, reclamando a la Administración Autonómica y a las Administraciones Locales (Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales) "que cumplan con los compromisos acordados". 

"La nueva ley de residencias y centros de día no ha mejorado ni ampliado lo contemplado en el ámbito estatal. Ni incrementa la financiación ni mejora la ratio de atención a las personas dependientes, con el fin de proporcionar una atención adecuada y de calidad. Tampoco avanza en el equilibrio del sector público y concertado, ni es fuente de generación de empleo cualificado, tal y como pretendíamos, también para la aplicación en las zonas rurales", es por ello que consideran que "debe ser reformada y mejorada sustancialmente". 

En esta línea, piden "seguir mejorando el servicio de teleasistencia avanzada, tanto en cobertura a las personas usuarias como en incremento de éstas, dotando para ello al servicio de mayor financiación, formación e implantación de nueva aparatología digital, especialmente en las áreas rurales donde el porcentaje de personas mayores que viven solas es mayor". 

"Hay que regular adecuando la figura del asistente personal, definiendo con claridad las funciones a desarrollar y la formación precisa para ello, así como las condiciones de contratación, para garantizar su profesionalización en desarrollo del acuerdo de Diálogo Social en Dependencia 2024-2027", así como "mejorar la financiación necesaria a las corporaciones locales para un servicio de ayuda a domicilio que mejore las prestaciones, tanto en intensidad como en calidad, garantizando así el bienestar de las personas dependientes usuarias, formación y empleo de calidad para las personas que lo prestan y un avance real hacia la homogeneidad en la comunidad". 

Soledad, brecha digital y España vaciada

La UJP UGT de Castilla y León hace referencia también al "problema social gravísimo" que supone la soledad no deseada, y reclaman "planes públicos de acompañamiento y redes comunitarias reales; atención domiciliaria suficiente y profesional; centros de día y espacios de convivencia en los pueblos; y transporte social para que nadie quede aislado". 

"La soledad no se combate con campañas, se combate con servicios públicos y presencia humana", destacan. 

La brecha digital, así como el edadismo, son otros temas que preocupan a la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Castilla y León, tanto con las instituciones como con la banca, por lo que solicitan "ayuda personalizada".

"Castilla y León es el ejemplo más duro de la desigualdad territorial: se envejece más y se abandona más", denuncian, a su vez, desde UJP UGT de Castilla y León, es por ello que exigen "sanidad rural garantizada, sin cerrar consultorios; transporte público digno; acceso a banca y servicios esenciales; cobertura digital real, porque hoy sin internet también se excluye; y políticas para que la gente joven pueda quedarse, porque si no, el territorio muere. Nosotros lo tenemos claro: no hay justicia social si hay abandono rural". 

La Red de Federaciones provinciales de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León también apoya la iniciativa impulsada por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León, que busca asegurar que el tren recupere su acceso directo al centro de la ciudad, eliminando la necesidad de trasbordos en autobús para los pasajeros. Reivindican, así, "los mismos derechos a tener un transporte público adecuado, especialmente en el entorno rural, donde favorece el aislamiento de los mayores". 

Y consideran que "el apoyo al movimiento asociacionista de las personas mayores por parte de los gobiernos es vital para garantizar nuestra participación social y hacer valer nuestros derechos como colectivo", y es que, explica, "el apoyo a un movimiento como la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas permite ofrecer actividades, oportunidades de convivencia y participación social a los mayores que viven en las pequeñas poblaciones de nuestra comunidad autónoma". 

 

Acabar con el edadismo laboral

Con más de medio millón de desempleados mayores de 55 años, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al cuarto trimestre de 2025, y publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la UJP UGT de Castilla y León pide que "se acabe la discriminación por edad. El edadismo laboral es real: a partir de los 55 te consideran caro o inútil. Y para nosotros eso es intolerable. Exigimos inspección, sanciones y medidas que obliguen a las empresas a dejar de expulsar experiencia". 

También piden "políticas activas específicas para mayores de 55. No valen cursos genéricos. Pedimos recualificación adaptada a perfiles sénior, orientación laboral real e incentivos a la contratación estable". 

Asimismo, reclaman "protección social para quienes no van a reengancharse, porque muchos mayores de 55 no encuentran trabajo, aunque quieran", es por ello por lo que exigen "subsidios suficientes, cotizaciones protegidas para no perder pensión, y medidas para evitar jubilaciones forzosas y pobreza futura. Y lo decimos porque es de justicia que quien ha trabajado toda su vida no puede ser castigado al final del camino". 

La Red de Federaciones de asociaciones de jubilados y pensionistas de Castilla y León pone el foco en este sentido en la importancia de que se ofrezcan "oportunidades para el aprovechamiento del talento que reúnen estas personas. Son muchas las actividades en las que el talento sénior puede poner su experiencia y saber hacer al servicio de los ciudadanos", señalan, por lo que consideran "importante impulsar experiencias intergeneracionales que refuercen la imagen de fuerza laboral activa de estas personas como, por ejemplo, aquellas en las que las personas mayores asesoran a jóvenes emprendedores".

De igual forma, piden que "en la contratación pública de las administraciones se promuevan las condiciones para que las empresas contratistas incorporen en su plantilla a personas de 55 o más años". 

Igualmente, desde la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Castilla y León señalan que el desempleo sénior "repercute en las pensiones  futuras de este colectivo", por lo que "se debería incentivar a las empresas para que contraten personas mayores de 55 años y no perder la experiencia laboral de estas personas". 

Asimismo, consideran, además, que es el momento, "ya aprobado y consolidado el Ingreso Mínimo Vital, de carácter estatal, con más de 33.000 personas titulares directas, de construir una nueva renta autonómica para básicamente mejorar las cuantías de forma general, ligada a la escolarización, a la inserción social y laboral y amplíe, además, la cobertura de hijos/as, personas con discapacidad o dependientes, y para lograr mayor integración social y laboral de estas personas así como mejorar las tasas de cobertura en estas prestaciones sociales a la ciudadanía de Castilla y León".

Asimismo, consideran necesario "fortalecer los CEAS, Centros de Acción Social", algo que "sigue siendo indispensable, con recursos humanos y técnicos".

Proteger el derecho a la vivienda

"El derecho a la vivienda debe estar protegido con todas las garantías, por ello, el acceso a la vivienda debe ser un derecho subjetivo para todas las personas, ya que es un pilar fundamental para el desarrollo de una vida digna y para una verdadera inclusión social", reclaman desde la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Castilla y León.

Para ello, señalan que "será necesario incrementar sustancialmente el parque público de vivienda existente, distribuirlo coherentemente por toda la comunidad y erradicar los focos de infravivienda. Además, toda iniciativa pública que se construya deberá conservar la calificación permanente de vivienda protegida y se deberán destinar todos los esfuerzos a mejorar las políticas del alquiler, especialmente para los jóvenes. Aunque también es un problema para personas mayores vulnerables". 

También reclaman "fomentar la calidad y sostenibilidad, así como mejorar la eficiencia energética y la seguridad de la vivienda y el apoyo a la rehabilitación de espacios urbanos y de vivienda particular". 

 

"Exigimos derechos"

Desde la Red de Federaciones provinciales de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León muestran su esperanza de que "se tengan en cuenta nuestras peticiones", aunque, señalan, "solamente será posible que se hagan realidad a corto y a medio plazo, con menos polarización, más acuerdos, sinergias y colaboración. Los que tenemos más experiencia sabemos que los problemas de la ciudadanía solamente se resuelven desde el consenso de nuestros representantes políticos". 

Por su parte, la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Castilla y León asegura que, pese a lo que ocurra en las urnas, "seguiremos luchando por que se mejore la vida de las personas mayores y personas vulnerables, que se tengan en cuenta nuestras reivindicaciones y que se respeten nuestros derechos". 

Para la UJP UGT de Castilla y León la voz de las personas mayores "se escucha cuando interesa electoralmente. Pero no se escucha de verdad cuando se cierran consultorios, se recortan servicios sociales, se privatizan cuidados o se abandona el medio rural. El mayor problema es que a menudo se nos trata como votantes pasivos, no como ciudadanos con derechos. Y eso es lo que denunciamos", subrayan, apuntando que ver estas peticiones cumplidas "depende de una sola cosa: la presión social y política. Si no hay movilización, si no hay sindicatos y mayores organizados, las promesas siempre se quedan en papel mojado". También reclaman "que los intereses de los jubilados y pensionistas de la UJP UGT puedan estar representados en órganos de decisión como el Consejo de Mayores de la Junta de Castilla y León, donde se puede influir directamente en políticas que afectan a este colectivo". 

"Esperamos que todos los partidos hablen de mayores en campaña, que se adquiera el compromiso de eliminar el edadismo brutal que vivimos los mayores, que prime la defensa de los servicios públicos como sanidad y educación, que se impulse el acceso a la vivienda digna, que se elimine la desigualdad social y territorial, que se fortalezca el sistema público de pensiones, que se sigan manteniendo las políticas progresistas para poder proteger derechos sociales y laborales", añaden. "No pedimos favores. Exigimos derechos. No queremos caridad. Queremos justicia social. Y en Castilla y León, exigimos igualdad territorial: vivir en un pueblo no puede ser una condena en ningún caso". 

En definitiva, las personas mayores en Castilla y León piden "algo muy simple", señala el Secretario General de UJP UGT de Castilla y León, como es "respeto, derechos y hechos. No queremos discursos ni homenajes vacíos. Queremos compromisos medibles y urgentes para garantizar sobre todo una vida con derechos y dignidad".