¿Quién puede solicitar el reconocimiento de la situación de dependencia?

¿Quién puede solicitar la revisión del PIA de la Dependencia?

¿Quién puede solicitar la revisión del grado de dependencia?

¿Cuál es el plazo máximo para la resolución de la Dependencia? Esto dice la Ley

La ayuda a la Dependencia es un derecho contemplado en la Ley al que pueden recurrir, a instancia de la persona que puede estar afectada o de su representante. 

Según explican en la web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el procedimiento puede ser iniciado por cualquiera de estos colectivos: 

• Españolas/es: tanto los de origen, como por residencia.
• Extranjeras/os: que residan legalmente en España.
• Menores de edad: personas españolas o extranjeras que tengan menos de 18 de años (si tienen menos de 5, la residencia se exige a quién ejerza su guarda y custodia).
• Personas emigrantes retornadas.

¿Cuál es el plazo máximo para resolver una solicitud?

Cabe recordar que la Ley de Dependencia estipula que el plazo máximo entre la entrada de la solicitud y la resolución de reconocimiento de una prestación –ayuda a domicilio, plaza en una residencia o centro de día, etc.– debe ser de seis meses.

En ese lapso, la persona demandante de esta ayuda deberá ser valorada y, si se dan las circunstancias para ello, se le reconocerá un grado de dependencia –I, II o III–, así como se elaborará su Programa Individual de Atención (PIA).  

Ahora bien, este plazo máximo se sobrepasa en muchas ocasiones en algunas comunidades autónomas, que son las encargadas de realizar este tipo de trámites y las que tienen las competencias en servicios sociales. 

En concreto, aunque las listas de espera y los tiempos de demora se han ido reduciendo en los últimos años –gracias al aumento de la inversión en Dependencia tras la pandemia–, se cuentan por decenas de miles las personas que soportan demoras superiores a las fijadas por Ley.

A marzo de 2025, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, seguía habiendo 182.532 personas que llevan más de seis meses a la espera de una prestación, sin que exista una causa justificada. 

En total, según explican desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, habría actualmente un total de 278.575 solicitantes esperando.

Además, el número medio de días que se tarda para estos trámites sigue excediendo en 158, el máximo fijado por la ley: se sitúa en 338 días.