Reforma de la Ley de Dependencia: UGT y CCOO ven riesgo de "empleo sumergido y desprofesionalizado"

El Gobierno aprueba, en segunda vuelta, la reforma de la Ley de Dependencia: novedades

UGT y CCOO han valorado los "avances" introducidos en la reforma de la ley de dependencia aprobada este martes por el Consejo de Ministros pero advierten del riesgo de caer en fenómenos de "empleo sumergido y desprofesionalizado".

"El proyecto de ley insiste una vez más en la flexibilización de los requisitos que se establecen para reconocer la prestación económica de cuidado familiar, ahora desvinculándola no sólo del vínculo familiar sino también de la propia convivencia con la persona dependiente. En nuestra opinión, tal posibilidad debería habilitarse únicamente a entornos rurales, donde la proximidad e inmediatez no solo está garantizada, sino que es más difícil poder recurrir a otro tipo de prestaciones profesionales. Ya que, de otro modo, este tipo de medidas con toda probabilidad redundarán en fenómenos de empleo sumergido y desprofesionalizado para atender a las personas en situación de dependencia", subrayan los sindicatos en un comunicado.

También muestran su "preocupación" por la supresión de la atención sanitaria en las residencias, que "redundará en una reducción de la calidad de la atención que hoy ofrecen estos servicios", y piden que se mantenga la referencia a que "el servicio de atención residencial debe ofrecer, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario".

Compromiso de financiación

Igualmente, consideran "necesario" incluir "un compromiso de financiación pública suficiente" sin necesidad de acudir a una participación igual de relevante al copago. Según precisan, el anteproyecto de Ley no incluye ni en su articulado ni en su memoria de acompañamiento "una referencia expresa a ninguna medida orientada al fortalecimiento y a la suficiencia de la financiación pública del sistema".

Al mismo tiempo, CCOO y UGT piden garantizar que en dicha financiación pública participen a partes iguales el Estado y las comunidades autónomas y alertan respecto de "la insuficiencia que supone que el total del gasto destinado a financiar el sistema de dependencia se limite al 0,8% del PIB cuando el resto de los países de nuestro entorno destinan entre el 1,5% y el 2% del PIB".

En todo caso, también destacan algunos avances positivos como que el proyecto de ley haya incluido "acordar con las comunidades autónomas unos criterios comunes en todo el Estado para regular el copago que asumen las personas beneficiarias" o el establecimiento de un plazo máximo de un año para que se concreten por acuerdo con las comunidades autónomas los aspectos en relación con la garantía de atención profesional con la que se prestarán los nuevos servicios de cuidado en domicilio.

Además, celebran la inclusión de un "amplio apartado" en la nueva ley que regulará la calidad del empleo en el sistema de dependencia y destaca el compromiso de que la totalidad de las plantillas deben contar con la cualificación profesional adecuada, así como que todas las empresas y entidades, públicas y privadas, que operen en el sector cuenten obligatoriamente con ratios de plantilla suficientes, distinguiendo ratios globales (para personal de servicios auxiliares como cocina, limpieza, etc.) y ratios de atención directa (personal cualificado dedicado exclusivamente a atender a las personas dependientes).