Un funcionario de la Seguridad Social de Zamora estuvo cobrando la pensión de su abuelo muerto durente 16 años, según la sentencia que ha publicado este lunes la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El Jefe de Sección de control de Pensiones de la localidad castellanoleonesa usó las claves para la tramitación de los pagos para rehabilitar la prestación que recibía su abuelo, fallecido en 1993.
Esta resurrección administrativa le reportó al funcionario nada menos que 549.541 euros hasta que decidió dar definitivamente de baja a su abuelo, en abril de 2016. Además, introdujo modificaciones en el expediente de la prestación por jubilación de su padre, de modo que este cobró 35.994 euros más de lo que debía.
También 'rehabilitó' pensiones de viudedad para una amiga
La cosa fue más allá. El empleado público decidió ayudar a una allegada que estaba pasando por problemas económicos con ootro trámite irregular: "Procedió a rehabilitar una pensión de viudedad que había sido dada de baja por fallecimiento de su beneficiaria a la que sustituyó por dicha amiga, que a partir de ese momento comenzó a percibir una pensión de viudedad".
Del mismo modo procedió a rehabilitar una pensión de orfandad en beneficio del hijo de esa amiga percibiéndose indebidamente las pensiones por parte de aquella. El importe total percibido fue de 13.263 y 5.147,40 euros, según los hechos probados", explica el Consejo General del Poder Judicial en un comunicado.
7 años de prisión por falsedad y fraude
Pero el infortunio se cruzó en su camino. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó una primera sentencia de la Audiencia de Zamora a 7 años y 3 meses de prisión por delitos de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil y delito de fraude a la Seguridad Social, pero el Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso que interpuso el funcionario y ha rebajado hoy esa sentencia a 5 años y 7 meses de prisión, y una multa de 600.000 euros.
Por su parte, la amiga que se benefició de las pensiones de viudedad y de orfandad también fue condenada a 1 año y 10 meses de cárcel por la Audiencia de Zamora. Como no recurrió aquella sentencia, no se ve afectada por la resolución del Supremo, así que ambos acusados deberán indemnizar solidariamente a la Seguridad Social con 19.259 euros adicionales.
