La nueva Ley de Dependencia nace con dudas sobre su futuro cumplimiento: "El papel lo aguanta todo"
Mayores, familiares, empresas y expertos exigen que se pongan todos los medios para que se aplique
La nueva Ley de Dependencia ya es una realidad. A falta de que se publique en el BOE y comience a aplicarse progresivamente, la reforma de la norma que nació en 2006 superó su último trámite parlamentario el pasado miércoles. Entre los cambios más relevantes introducidos destacan la creación de nuevos derechos como el de recibir teleasistencia, la ampliación de servicios ya existentes como la ayuda a domicilio, la garantía de una financiación estable por parte del Estado –que sufragará el 50% de los fondos–, la desburocratización de ciertos trámites, la compatibilidad de prestaciones o la reducción del plazo máximo en el que un solicitante de ayuda deberá recibir atención –ahora serán tres meses y antes eran seis–.
Con todos estas modificaciones y el aporte extra de fondos de la Administración Central, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que el objetivo es que las listas de espera se reduzcan a la "mitad en 2027" y desaparezcan en "2028". Además, esta inyección suplementaria de dinero, acompañada de la nueva regulación, deberían servir, en paralelo, para mejorar tanto las intensidades como las condiciones de los trabajadores del sector.
Ahora bien, aunque la modificación de la Ley haya sido vista con buenos ojos por expertos, patronales, mayores y familiares, prácticamente todos comparten también que existe un riesgo de que los cambios introducidos se queden en el "papel", si no hay voluntad ni medios suficientes para aplicarlos. Y es que ya ocurrió hace 20 años, con la primera versión de la norma. Pese a que esta creaba nuevos derechos y prestaciones, en la práctica, el sistema no logró llegar a todos –decenas de miles de potenciales usuarios han muerto en las listas de espera– y, cuando lo hizo, no siempre prestó un cuidado de calidad que atendiese las necesidades y deseos de los dependientes –pocas horas, trabajos precarios, falta de formación, institucionalización...–. Por ello, el sector reclama que las administraciones se pongan ya manos a la obra para que la nueva legislación se aplique realmente y los servicios lleguen a todos los dependientes.
Garantizar su efectividad real
En ese sentido, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha valorado esta aprobación como un avance histórico "hacia un sistema más justo, inclusivo y centrado en las personas", al tiempo que ha reclamado que "el desarrollo reglamentario y presupuestario de la norma garantice la efectividad real de los nuevos derechos reconocidos".
En la misma línea, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) –que forma parte de la PMP–, a través de su presidente José Luis Fernández, ha respaldado la reforma, si bien ha destacado también varios desafíos pendientes. Por una parte, aunque celebra el acortamiento de seis a tres meses del plazo legal para resolver las prestaciones, advierte de que este periodo continúa siendo "insuficiente", sobre todo para la población vulnerable con pensiones más reducidas. En el ámbito económico, la organización, que ve con buenos ojos que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación, considera imprescindible estructurar un plan plurianual que permita alcanzar progresivamente el 1,6 % del PIB en inversión en Dependencia. Además, Fernández pide mayor reconocimiento y formación para los cuidadores familiares, elevar las exigencias a los profesionales para evitar malas prácticas y crear comisiones junto a las entidades del sector que evalúen anualmente el cumplimiento de las medidas para asegurar que las ayudas asignadas sean "inmediatas" y que los objetivos marcados se cumplen, como el de eliminar las listas de espera en 2028.
Cabe destacar que tanto la PMP como CEOMA forman parte del Comité Asesor de 65YMÁS, que reúne a las 13 principales entidades de mayores del país.
"El papel lo aguanta todo"
"El éxito de la reforma no se medirá por el número de derechos reconocidos en el BOE, sino por la capacidad de las administraciones para hacerlos efectivos en la vida diaria de las personas", opinan en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD). Por ello, reclaman:
- Un Pacto de Estado por la Dependencia y la Discapacidad.
- Financiación suficiente y finalista.
- La creación de órganos independientes de control, evaluación e inspección.
- Más transparencia y rendición de cuentas.
- La garantía efectiva de la libertad de elección.
- El desarrollo de nuevos recursos y profesionales.
"El papel lo aguanta todo. Lo verdaderamente importante es comprobar dentro de uno, dos o tres años si han disminuido las listas de espera, si las diferencias territoriales se han reducido y si las familias reciben realmente los apoyos prometidos", apuntan.
Responsabilidad autonómica
Por su parte, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, entiende que la clave ahora, "además de la aprobación de la Ley", es la gestión "con pericia" del incremento de presupuesto que ya "han recibido las comunidades". Sin esta correcta aplicación, indica, la norma "puede convertirse en derechos de papel". "Ahora la responsabilidad está en los gobiernos autonómicos y las decisiones que tomen para eliminar burocracia, reducir listas de espera, incrementar las cuantías de las prestaciones económicas y mejorar la intensidad y compatibilidad de servicios, así como las condiciones laborales de las trabajadoras del sector", indica.
Desigualdades territoriales
En HelpAge International España recuerdan que la reforma "debe ir acompañada de una implementación efectiva, una financiación suficiente y una coordinación adecuada entre administraciones, para corregir las desigualdades territoriales que aún persisten". "La consolidación de la financiación estatal y el compromiso de reforzar el sistema son pasos positivos, pero será necesario hacer un seguimiento riguroso de su aplicación y de sus resultados", señalan. Además, reclaman que se "incorpore una perspectiva de edad, género y derechos humanos" en todo el proceso de implementación.
IVA reducido
Cabe señalar que el texto final ha sido criticado por la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA), que ha denunciado el "varapalo" que ha supuesto en los derechos de los pacientes de ELA el hecho de que se haya rechazado una enmienda para incluir, en el Proyecto de Ley de Discapacidad y Dependencia, un IVA reducido del 4% para adaptación de vivienda o vehículo. "Hace unos meses fue la burocracia para tramitar las ayudas a los cuidados del Grado III+ de Dependencia en fases avanzadas de la enfermedad y ahora estamos indignados ante un nuevo recorte en los avances que prometía la nueva reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad que se estaba tramitando y que inciden directamente en la vida de las personas con ELA", ha indicado la organización.
Actualizar las tarifas y la falta de trabajadores
Para el presidente del Círculo de Atención a Personas (CEAPs), Rafael Sánchez-Ostiz, la reforma supone "un avance" pero alerta de que este punto "positivo" no puede "despistar de los retos" que tiene el sector y que "están condicionando su viabilidad". Entre otros, señala la necesaria "flexibilización en la cualificación del personal", la "desigualdad entre comunidades autónomas" y el "déficit crónico de personas para trabajar en el sector de los cuidados". En concreto, desde el Gobierno se estima que serán necesarios casi 260.000 profesionales más de aquí a 2030. Al mismo tiempo, Sánchez-Ostiz pide "seguir incrementando la inversión para alcanzar el 2% del PIB en la media de los países de la OCDE".
Desde AESTE celebran que el Estado asuma por ley el 50% del coste del SAAD y también ponen de relieve los nuevos derechos y prestaciones que contempla, aunque advierten de que "prestarlos exige profesionales". "Pedimos que esa financiación llegue hasta el coste real de la atención y pueda impactar así en un mayor reconocimiento para los profesionales", han zanjado.
En un sentido similar se pronuncia Ignacio Gamboa, presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE). "Lo más urgente es garantizar que el incremento llegue efectivamente a los servicios profesionales", afirma. "Este dinero puede servir para aumentar el número de destinatarios de los servicios, reducir listas de espera y mejorar las intensidades de los usuarios que ya reciben atención, pero también debe mejorar las condiciones sociolaborales de los profesionales y para ello es imprescindible actualizar los contratos y precios de la ayuda a domicilio, adaptándolos a los costes reales de prestación y permitiendo seguir mejorando la atención a las personas dependientes y las condiciones de los profesionales", indica. Y avisa también de que, "a medio plazo, el gran desafío seguirá siendo la falta de profesionales".
Para Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), "la aprobación es un paso importante, pero ahora toca conseguir que se traduzca en mejoras reales". "Debemos ir más allá y dotar a la Dependencia de un modelo de financiación estable, suficiente y previsible. Un derecho universal no puede estar condicionado cada año por la disponibilidad presupuestaria y el incremento de la aportación estatal debe ser adicional, sin que las comunidades autónomas reduzcan su esfuerzo".
El aviso de una experta de FUNCAS sobre la financiación
Finalmente, cabe señalar que, este jueves, la investigadora de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Elisa Chuliá, ha vaticinado, en la presentación del libro Los cuidados de larga duración en España. Un desafío en tiempo de descuento, coordinado por ella y José Antonio Herce, que la Ley aprobada tendrá "dificultades de implantación" y exigirá "mucho más que dinero". "No dudo de las buenas intenciones y de la voluntad política del legislador", pero "es arriesgado pensar que a corto plazo podamos cambiar inercias", pese a que la norma se presente como "una refundación" del modelo, ha asegurado, según recoge Europa Press.
Hasta ahora, ha indicado, "por cada euro que paga el Estado en cuidados de larga duración, las familias aportan 3,5 euros, incluyendo la falta de productividad", es decir 17.000 millones por los 65.000 millones de los ciudadanos. De hecho, "el gasto público en dependencia en España es mucho más bajo que en otros países", como "los nórdicos, que invierten entre el 3 y el 4% del PIB", siendo el gasto en la nación del 0,8% y la media europea del 1,8%, ha concretado.
"Se precisarían seis años seguidos con este nivel de gasto para acercarnos a la media europea", ha especificado en relación con los 6.200 millones más prometidos por el Gobierno en la nueva ley. Las soluciones económicas planteadas, que no son las únicas necesarias, como ha insistido, "quizás no sean suficientes", por lo que ha incidido en que "hablar de la refundación de un modelo que lleva implantado 20 años y, además, está descentralizado, es algo arriesgado".
A todo ello, Chuliá ha añadido la evolución del número de beneficiarios, que es "muy relevante". Tras ejemplificarlo indicando que los casi 1,7 millones reflejados en la obra son ya casi 1,8 millones, ha apuntado que desde 2021, crece "a 100.000 por año", con una estimación precavida de Funcas de que serán 2,5 millones en 2050. Por lo anterior, ha insistido en que existe una "reserva inicial" en cuanto a la rápida eficacia de la norma y ha animado a ser "cautos" sobre "el propósito de rectificar algunos desarrollos y añadir prestaciones que se quieren ahora impulsar". "Hay que ser un poco más modestos", ya que "se están infraestimando" cuestiones como "el crecimiento de la demanda" y "la diversidad del colectivo".
