La Unión Europea pone deberes a España en Dependencia: pide más financiación y mejoras laborales
La UE hizo este verano una serie de recomendaciones al país sobre cuidados de larga duración
La Unión Europea ha puesto deberes a España en materia de Dependencia. El Consejo recomendó en julio a España tomar medidas en 2026 y 2027 para mejorar el acceso a la asistencia sanitaria aumentando las capacidades de la atención primaria y de los cuidados de larga duración, haciendo frente a la escasez de mano de obra y reduciendo los tiempos de espera. Además, instó a abordar las disparidades regionales en el acceso a servicios y corregir los déficits de inversión.
Esta recomendación se hace tras la publicación en junio del análisis realizado por la Comisión Europea en su Country Report Spain 2026. El informe refleja una brecha entre la demanda social y la cobertura pública: mientras que un 28,8% de la población española presenta necesidades de cuidados de larga duración –por encima del 26,6% de media en la UE–, el gasto público en protección social destinado a este fin se sitúa en España en el 0,8% del PIB, menos de la mitad del promedio europeo del 1,7% del PIB.
El documento avisa que sólo el 3,9% de las personas de 65 años o más cuenta con ayuda pública a domicilio en España –frente al 5,5% en la UE– y únicamente un 2,6% percibe prestaciones económicas directas –frente al 6,2% en el entorno comunitario–.
Esta escasez de oferta pública traslada la carga a los hogares: un 13,4% de los dependientes no utiliza ni amplía la ayuda profesional en el hogar por motivos económicos –10,6% en la UE– y un 9,3% de las familias declara grandes dificultades para costearla –8,2% en la UE–.
Otra de las esferas a las que hace referencia el informe es que España destinaría el 66,1% de la financiación pública a la atención residencial y el 20,5% a la atención en el domicilio, a diferencia del patrón europeo, donde estos centros absorben el 46,2% y el entorno domiciliario el 28,8%.
Por otro lado, aunque el 20,3% de los mayores españoles con necesidades ocupa plazas en residencias (frente al 17,7% en la UE), el informe subraya que estas continúan siendo inasequibles para muchos hogares.
Y a ello se suman problemas de gobernanza por diferencias de cobertura entre comunidades autónomas, elevadas tasas de temporalidad laboral, bajos salarios, alta rotación y una persistente informalidad que recae sobre mujeres familiares y trabajadoras de países no comunitarios.
Llegar al 2% del PIB
Desde la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), su presidente Martín Durán, que pone en valor el análisis hecho por Europa y las recomendaciones, afirma que alcanzar la media europea del 1,7% del PIB "no puede ser la meta final", sino únicamente "un primer paso", reclamando fijar por Ley un objetivo del 2% del PIB para corregir la desfinanciación acumulada desde 2006.
Además, desde la organización piden incrementar la capacidad e intensidad asistencial sin sustituir servicios profesionales por opciones de menor coste, garantizar que las comunidades no pueden recortar su aporte, diseñar un plan urgente frente al déficit de enfermeras en residencias y garantizar la transparencia total en la publicación del copago.
Prestaciones económicas
Por su parte, Jesús Cabrera, responsable de Negociación Colectiva Privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), denuncia que los datos europeos demuestran "una absoluta infrafinanciación de la dependencia por parte de la administración pública".
Cabrera contrapone el 0,8% español –actual– no sólo con el 1,7% de la media comunitaria, sino con el 3% o 4% que invierten los países escandinavos, advirtiendo que el envejecimiento demográfico –la población mayor de 65 años pasará del 20% actual al 33% en la década de 2030– hará que incluso el 1,7% o el 2% se quede corto a medio plazo.
Por ello, desde el sindicato piden que el incremento del nivel mínimo aportado por el Gobierno central –se ha comprometido por Ley a garantizar el 50% de los fondos– se traduzca en mejores condiciones laborales, salarios y ratios.
Además, Cabrera se muestra crítico con que buena parte de las últimas prestaciones concedidas se correspondan con prestaciones económicas para cuidados familiares –son el 30% de las ayudas que se dan y representan el porcentaje más elevado–.
"Eso va en contra de la Ley de Dependencia. La ley dice que la prestación económica es algo excepcional, que hay que apostar por la profesionalización del sector a través de residencia, centro de día, teleasistencia o ayuda a domicilio", asevera.
A su juicio, las administraciones recurrirían masivamente a estas pagas porque son más baratas y reducen la lista de espera de forma rápida.
Además, el sindicato también denuncia la falta de transparencia en los copagos, señalando que en las plazas residenciales concertadas las personas mayores llegan a abonar entre el 80% y el 90% de su pensión según la comunidad autónoma.
Desde la Asociación de Empresas de Servicios a la Persona (AESTE), patronal del sector de atención a la dependencia, suscriben plenamente el diagnóstico de las instituciones comunitarias, recordando que el informe de la Comisión ratifica lo que las entidades privadas llevan años denunciando.
AESTE enfatiza que de la brecha entre el 0,8% y el 1,7% del PIB derivan las listas de espera, el sobreesfuerzo económico familiar, la limitada cobertura domiciliaria y las desigualdades territoriales.
La patronal sostiene que la solución no puede limitarse a ajustes organizativos, sino que requiere un refuerzo presupuestario sostenido que llegue a los servicios concertados y contratados por las administraciones públicas. Según la organización, este respaldo financiero resulta imprescindible para que los centros y servicios puedan ofrecer un modelo de calidad con salarios y condiciones laborales atractivas que frenen la alta rotación de profesionales señalada por Bruselas.
Asimismo, AESTE valora de forma muy positiva que el informe europeo reconozca expresamente que la atención en España se presta mediante una combinación de proveedores públicos, empresas privadas y entidades del tercer sector. Para la patronal, esta constatación valida que el sistema español es necesariamente mixto y que los operadores privados constituyen una parte estructural de la capacidad asistencial. Además, defienden que la transición hacia una atención comunitaria no consiste en elegir entre residencia o domicilio, sino en construir un ecosistema de apoyos donde la colaboración público-privada es indispensable para responder al reto demográfico.
¿Qué está haciendo el Gobierno?
Cabe recordar que recientemente el Gobierno aprobó, vía decreto, aportar el 50% de los fondos al sistema de cuidados –antes apenas llegaba al 30%–.
Este porcentaje, que era una petición histórica de mayores y comunidades, también figuraría en la nueva Ley de Dependencia.
Según los cálculos del Ejecutivo, gracias a esta nueva regulación y a la financiación extra, se trabajaría con el objetivo de reducir a la mitad las listas de espera y eliminarlas en 2028 –actualmente, las personas en esta situación en España son más de 200.000 y la demora media supera los 300 días–.
Además, la inyección de fondos debería servir para mejorar las intensidades, así como las condiciones de trabajo.
Cabe señalar que la nueva Ley de Dependencia incluye cambios como la creación de nuevos derechos como el de recibir teleasistencia, la ampliación de servicios ya existentes como la ayuda a domicilio, la garantía de una financiación estable por parte del Estado, la desburocratización de ciertos trámites, la compatibilidad de prestaciones o la reducción del plazo máximo en el que un solicitante de ayuda deberá recibir atención –ahora serán tres meses y antes eran seis–.
