Las claves del nuevo Plan Estatal de Vivienda: ayudas al alquiler, rehabilitación, accesibilidad...

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que se impulsará la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial, así como nuevas ayudas para facilitar el acceso al alquiler y a la emancipación, y que pone el foco en al acceso a vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables.

"Garantizamos que ningún euro de financiación que ponemos encima de la mesa vaya para la especulación, sino para el derecho (a la vivienda)", ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Además, tal y como avanzó ayer la ministra de Vivienda, el plan contará con una cláusula para garantizar que los procedimientos de adjudicación de vivienda pública sigan cauces "objetivos, transparentes y público" tras el escándalo del reparto de VPO en ciudades como Alicante.

"Fue objeto de atención informativa el caso de una inmobiliaria privada donde se conformaron colas para acceder a una promoción de vivienda asequible para jóvenes que parecía que estaban esperando las entradas a un concierto (...) Esto no es un concierto, es un derecho. No son las entradas para un concierto. Por tanto, tienen que existir mecanismos públicos de transparencia que lo garanticen", ha expuesto.

El 40% del presupuesto del plan irá destinado a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

 

 

El plan, que cuenta con una inversión de 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, determina que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante.

Sin embargo, según ha indicado la ministra, el Gobierno ha articulado la disposición presupuestaria para que en el segundo semestre del año el plan pueda desplegarse por todo el territorio, con la asunción por parte de la Administración General de todo el esfuerzo para este año, con el objetivo de que no haya "excusas" para no implementar el plan.

"Es un plan muy importante que creo que va a ser muy útil como solución al problema de la vivienda, no de manera tangencial sino yendo a cambios estructurales que eran muy demandado por la ciudadanía, por el sector que ha sido avalado por los empresarios, por los sindicatos, con todas las aportaciones y que espero que se despliegue con esa lealtad que merece una respuesta tan necesaria como esta a solventar el problema de la vivienda por parte de las comunidades autónomas", ha expuesto Rodríguez.

En esta línea, la ministra ha afirmado que para el plan se ha ahondado en las garantías jurídicas y es el plan más participativo, con 28 encuentros con las comunidades autónomas para conformar el plan y con 400 aportaciones recibidas por parte del sector y que se han incorporado.

Asimismo, según ha detallado Rodríguez, el Consejo de Estado también ha estudiado el plan, ofreciendo un dictamen favorable, con algunas aportaciones que se han tenido en cuenta, que mejoran el plan y que darán "mayor tranquilidad" al mismo.

Tres focos: construir, rehabilitar y proteger

El Plan de Vivienda, que nace bajo el "paraguas" de la Ley por el Derecho a la Vivienda, persigue tres objetivos: construir, rehabilitar y proteger.

Para ello, el Gobierno blinda la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella, condicionando la financiación de viviendas a que estas sirvan siempre al interés general; incorpora la cláusula antifraude en las adjudicaciones y ofrecerá datos públicos sobre el mercado de la vivienda para que no provengan de "portales privados con intereses privado".

Además, en un ejercicio de gobernanza participativa, el Consejo Asesor de Vivienda analizará el cumplimiento de este plan con carácter anual.

Asimismo, según ha indicado la ministra de Vivienda, el plan también realizará una laboral fiscalizadora de todas las administraciones para que el Ejecutivo central no pierda el control del desarrollo de las viviendas que son financiadas con dinero público a través de articular canales de transparencia y de acción con carácter semestral para poder hacer seguimiento.

 

 

El calendario que maneja el Gobierno, tras la aprobación en Consejo de Ministros del nuevo Plan de Vivienda es realizar en lo que queda de abril una ronda de reuniones técnicas bilaterales para la redacción del convenio y una comisión multilateral con las comunidades autónomas tras la aprobación del plan; y en mayo, llevar a cabo la primera conferencia sectorial para aprobar la distribución territorial de los fondos, ya acordados con las comunidades autónomas, con el objetivo de desplegar a partir del segundo semestre los efectos del plan.

Esfuerzo por CCAA

En términos absolutos, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor dotación presupuestaria del nuevo plan, al alcanzar los 1.197 millones de euros, lo que supone un incremento de 877 millones respecto al plan previo. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones (+815 millones), y Cataluña, con 1.015 millones (+473 millones).

Por su parte, Castilla y León contará con 378 millones de euros del presupuesto, tras sumar 277 millones adicionales, mientras que Canarias alcanzará los 371 millones (+272 millones). Galicia dispondrá de 399 millones, con un aumento de 293 millones, mientras que Castilla-La Mancha, recibirá 280 millones (+205 millones).

A Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (+558 millones); Aragón, 266 millones (+195 millones); a Islas Baleares, 168 millones (+123 millones); y a Asturias, 231 millones (+175 millones). La Región de Murcia recibirá 308 millones, lo que supone un incremento de 258 millones.

A Cantabria le corresponderán 133 millones (+98 millones); a Extremadura, con 210 millones (+154 millones); y La Rioja, 266 millones (+195 millones).

Respecto a las ciudades autónomas, Ceuta contará con una dotación de 7 millones de euros, lo que representa un aumento de 4,7 millones, mientras que Melilla dispondrá igualmente de 7 millones, con un incremento de 2,8 millones respecto al periodo anterior.

Las ayudas que incluye el plan

El Plan Estatal de Vivienda contempla una serie de ayudas que pueden llegar a alcanzar los 102.000 euros por vivienda si ésta se construye en una zona tensionada y se emplean métodos de industrialización.

El plan refuerza las ayudas a la construcción de nueva vivienda pública o en colaboración público-privada, con hasta 85.000 euros por vivienda y con precios máximos de alquiler de 900 euros mensuales y protección permanente. En municipios de menos de 10.000 habitantes se permitirá además la venta, manteniendo siempre el carácter protegido.

Este precio máximo de alquiler ha sido calculado sobre una vivienda estándar de gran tamaño (85 metros cuadrados útiles) con garaje y trastero (25 metros cuadrados). Es una cifra orientativa que podrá variar en función del tamaño de la vivienda y sus anexos, atendiendo a los precios máximos fijados en el Plan Estatal de Vivienda

También se incorporan vez ayudas específicas a la urbanización de suelos que reserven al menos un 40% a vivienda protegida, con hasta 8.000 euros por futura vivienda.

Para impulsar la industrialización del sector, se prevé una ayuda adicional de hasta 8.500 euros por vivienda cuando se empleen técnicas constructivas industrializadas, de modo que la subvención total puede alcanzar los 93.500 euros por vivienda nueva.

Esta cuantía podrá elevarse hasta 102.000 euros cuando las promociones se ubiquen en zonas de mercado residencial tensionado, al añadirse otra ayuda extra de hasta 8.500 euros dirigida a contener precios allí donde la presión es mayor.

El Plan también busca ampliar el parque público mediante la adquisición de vivienda a particulares por parte de las comunidades autónomas, financiando la Administración Central hasta el 70% del coste -y hasta el 85% en zonas tensionadas- para destinarla a alquiler asequible con rentas máximas de 800 euros mensuales.

A esto se suma una ayuda de hasta 17.000 euros –o 25.000 euros si la vivienda se encuentra en una zona tensionada– a particulares que cedan una vivienda a la comunidad autónoma para que sea la administración quien la ponga a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible por un máximo de 600 euros mensuales. La comunidad autónoma se encargará de la gestión integral del alquiler y, cuando finalice el contrato, devolverá la vivienda a su propietario en condiciones óptimas.

Además, se destinarán hasta 12.000 euros para financiar obras de reforma o rehabilitación de las viviendas cedidas, una medida especialmente útil en las zonas rurales, donde se concentra el grueso de viviendas vacías, muchas veces por su situación de inhabitabilidad.

En el ámbito de la rehabilitación, el plan articula un paquete de ayudas para obras de mejora estructural, accesibilidad y eficiencia energética. Las subvenciones podrán alcanzar los 8.000 euros por vivienda para actuaciones estructurales, las intervenciones en accesibilidad podrán recibir hasta 13.000 euros por vivienda y las de rehabilitación energética hasta 20.500 euros, en función del ahorro de energía primaria, el tamaño del inmueble y el coste total de las obras.

El plan pone el foco en los cascos históricos y el patrimonio construido, con una ayuda adicional de hasta 30.000 euros cuando la vivienda rehabilitada se ubique en estas áreas o cuente con protección patrimonial, lo que permite alcanzar hasta 50.000 euros de apoyo si se suman mejoras estructurales, de accesibilidad y eficiencia energética.

Además, se crean ayudas específicas para movilizar vivienda vacía que lleve desocupada más de dos años, con hasta 30.000 euros por vivienda –35.000 en el medio rural– condicionadas a que se destinen después al alquiler residencial asequible durante un mínimo de cinco años.

El tercer bloque se centra en reforzar la protección de los colectivos con mayores dificultades, empezando por las personas jóvenes, que podrán acceder a una ayuda al alquiler de hasta 300 euros mensuales modulable por las comunidades autónomas.

También se prevé una ayuda de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que compren o construyan su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes, ampliable a localidades de hasta 20.000 habitantes afectadas por pérdida de población.

Las mujeres víctimas de violencia de género contarán con una línea específica de ayudas que garantiza una solución habitacional inmediata, adecuada y digna, asumiendo la Administración el pago del alquiler hasta un máximo de 1.000 euros mensuales, ampliable por las comunidades autónomas si lo consideran necesario.

El plan recoge igualmente apoyos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, con una ayuda general al alquiler de 250 euros para hogares con recursos limitados.