La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a dos años y dos meses de prisión a la exdirectora de una residencia de mayores tras confesar haberse apropiado ilícitamente de más de 100.000 euros, según recogen varios medios locales.

La acusada, que habría admitido ser autora de delitos de estafa y fraude, utilizó su cargo directivo para diseñar dos esquemas delictivos independientes: la ocultación sistemática del fallecimiento de un usuario y la comercialización de plazas clandestinas ajenas al control institucional.

El primer fraude probado se inició en enero de 2021, momento en el que la directiva omitió notificar a la Seguridad Social la defunción de uno de los internos para evitar que se suspendiera el ingreso de su pensión.

Aprovechando la vulnerabilidad de la viuda del fallecido, la condenada abrió una nueva cuenta bancaria a su nombre y la vinculó a su propio teléfono móvil.

Mediante el uso de una tarjeta de débito, llegó a transferirse hasta 37.808 euros hacia sus finanzas privadas. 

Paralelamente, operó una segunda trama de mayor envergadura durante casi una década, concretamente entre los años 2013 y 2022. Su método consistía en ofertar una plaza de enfermería que operaba al margen de cualquier registro oficial de la Junta de Andalucía y que no se incluía en el libro de usuarios de la institución.

Aunque firmaba los ingresos con las familias utilizando contratos en apariencia reglamentarios, la directora les exigía que el abono de las mensualidades se realizara en efectivo o mediante ingresos en cuentas bancarias controladas por ella y su hija, logrando así embolsarse ilegalmente otros 140.637 euros.

La condena se ha desglosado en un año y nueve meses por el delito de estafa y cinco meses por el fraude a la Seguridad Social. Además de la pena, la mujer ha sido inhabilitada para trabajar en el sector de las residencias de mayores durante los próximos cinco años y deberá indemnizar a las entidades afectadas, entre ellas la Fundación San Juan de Dios de Lucena y el Banco de Santander.