El Imserso no cede a las presiones de los ayuntamientos y no podrán gestionar los viajes
Lo que sí que podrán mantener es su labor de información, asesoramiento y acompañamiento
Novedades sobre la polémica en torno a la decisión del Gobierno de dar por extinguidos los convenios históricos con un centenar de ayuntamientos, gracias a los cuales gestionaban sus propias plazas en los viajes del Imserso.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha comunicado que "los cerca de 120 ayuntamientos afectados" recibirán "esta misma semana material informativo con las pautas a seguir para poder realizar labores de información, asesoramiento y acompañamiento con sus vecinos". Ahora bien, esto no significa que vayan a poder recuperar la gestión de las plazas, ni a tener, de nuevo, un número específico asignado para los consistorios.
Este material, que se repartirá a las localidades, "ha sido elaborado por los equipos técnicos de la FEMP y del Imserso, en el marco de las reuniones mantenidas a lo largo de los pasados meses, tras constatar la imposibilidad de mantener la vigencia de dichos convenios", añaden las citadas fuentes.
Cabe señalar que algunos ayuntamientos afectados, como el de Jaén, ha lamentado que no se hayan podido renovar estos convenios, criticando la gestión de la federación de municipios. Según publica el Diario de Jaén, la concejala de Asuntos Sociales, Ángeles Díaz (PSOE), habría asegurado que gracias al acuerdo que tenían para el programa de Turismo Social, podían viajar más de un centenar de pensionistas con ingresos bajos. "Sabemos perfectamente lo que significa este programa. Sólo en la temporada 2025/2026, el Ayuntamiento, a través del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, tenía concedidas 108 plazas para personas con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional", indica.
Finalización de los convenios
Según contextualizan en la FEMP, en mayo, el instituto de mayores "comunicó por carta" la extinción de estos acuerdos históricos –empezaron a firmarse a finales de los años 80– para adecuarse a la "Disposición Adicional octava de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público". La medida, además, justificaban desde el Gobierno, tenía el objetivo de avanzar hacia un modelo "más homogéneo, evitando diferencias territoriales".
En esa misma misiva ya adelantaban, como confirmaron más tarde a 65YMÁS fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que la decisión suponía que los vecinos tendrían que acudir al sistema ordinario –agencias físicas y compra por internet– para poder optar a una plaza.
Ante esta situación, la FEMP que pidió reunirse con el Imserso, para buscar una solución. Y es que los ayuntamientos afectados habían mostrado su preocupación por este cambio y uno de los argumentos que utilizaban para justificar su permanencia es que los convenios eran muy útiles para los mayores menos digitalizados o para quienes vivían en zonas más rurales y con problemas de conexión.
Los consistorios "concernidos, además de contar con la reserva de plazas, venían desarrollando una labor de información, asesoramiento y acompañamiento para facilitar la participación de sus vecinos" en ese programa, recuerdan desde la Federación.
Reuniones entre la FEMP y el Imserso
Así, en una primera reunión en el mes de junio, en el marco del Congreso Mundial de Ciudades Amigables, el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, trasladó a la directora general del Imserso, Mayte Sancho, la inquietud de estos municipios y de algunas federaciones territoriales, como la de Cantabria o Canarias. Ambos se emplazaron a otro encuentro para articular, dentro del marco jurídico vigente, la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran seguir prestando este servicio.
Posteriormente, en julio y ya en la sede del Imserso, los interlocutores, junto a sus equipos, abordaron posibles soluciones. Según aseguran desde la FEMP, el instituto de mayores habría reiterado en ese encuentro "la imposibilidad de mantener los convenios o firmar otros nuevos". "No era posible mantener el sistema de reserva de plazas, ya que todos los usuarios debían poder acceder en condiciones de igualdad a la oferta de viajes", señalan.
"Por ello, y con el fin de que los ayuntamientos que lo deseasen pudieran seguir realizando una labor de información, asesoramiento y acompañamiento para sus vecinos, se acordó la elaboración por parte del Imserso de unos materiales informativos que la FEMP podría remitir a los ayuntamientos", señalan. Estos ya habrían sido recibidos por la federación y se enviarán a los consistorios afectados.
Varios partidos se oponen a la medida
Cabe recordar que varios partidos han mostrado su oposición pública a la extinción de los convenios históricos, gracias a los cuales las localidades gestionaban plazas.
El pasado 4 de junio el Grupo del PP en el Congreso presentó una Proposición no de Ley, en la que se explica que hay "142 entidades locales adheridas" afectadas, que estarían distribuidas de la siguiente manera: "29 municipios en Canarias, 27 en Castilla y León, 26 en Cantabria, 16 en la Comunidad de Madrid, 14 en Andalucía, 11 en Galicia, 9 en Cataluña, 6 en Extremadura, 2 en Castilla-La Mancha, 1 en Aragón y 1 en La Rioja, evidenciando su especial implantación en territorios con elevada dispersión geográfica y envejecimiento poblacional". En el texto, se aseguraba que las razones dadas por el Ejecutivo –es decir, la necesidad de adecuarse a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público– no eran convincentes y afirmaban que se utilizaría esta legislación como excusa para ocultar una supuesta inacción administrativa. Por este motivo, exigían al Gobierno que adaptase los convenios al régimen jurídico de la Ley 40/2015 en un plazo máximo de seis meses para dotarlos de plena seguridad jurídica, para así poder seguir prestando el servicio.
En declaraciones a 65YMÁS, el procurador en las Cortes de Castilla y León y portavoz y secretario general de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, incidía igualmente en la necesidad de mantener la colaboración con los ayuntamientos en la gestión de los viajes del Imserso, denunciando que su supresión supone un abandono de este colectivo e "ignorar", una vez más, "a los habitantes de la España Vaciada".
Por su parte, Coalición Canaria ha registrado recientemente también una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a dar marcha atrás a esta medida.
