El Ingreso Mínimo Vital llega a menos de la mitad de las personas que podrían recibirlo

Expertos en economía han advertido de que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación puesta en marcha en 2020, en medio de la pandemia de Covid, aún presenta "limitaciones estructurales" que hacen que llegue a "menos de la mitad" de las personas potencialmente beneficiarias.

"El IMV llega a menos de la mitad de las personas potencialmente beneficiarias, lo que limita sensiblemente su eficacia. Aunque este porcentaje no difiere del de otros países con sistemas más consolidados, el IMV deja fuera a hogares especialmente vulnerables. La responsabilidad de esta baja demanda no deber atribuirse a las personas potencialmente beneficiarias, sino al diseño y a la gestión del programa", ha señalado el director del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED, Luis Ayala.

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles en una sesión titulada El Ingreso Mínimo Vital, a examen, celebrada por el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

En relación con esta prestación, los expertos coinciden en que su creación en 2020 representó un avance relevante en la política social española, al establecer por primera vez una prestación estatal de garantía de ingresos mínimos con el objetivo de reducir la pobreza severa y ofrecer una red de seguridad a los hogares con menos recursos.

Según datos de la Seguridad Social, en 2024 la prestación alcanzó a más de dos millones de personas distribuidas en 673.000 hogares, con un gasto total superior a 6.000 millones de euros (incluyendo las prestaciones familiares no contributivas de la Seguridad Social).

En conjunto, según han señalado, el programa ha permitido reducir en torno a un 6% la tasa de pobreza severa, con un coste fiscal reducido en comparación con su impacto social.

Si bien, los expertos han avisado de que la prestación presenta limitaciones estructurales que reducen su eficacia, ya que llega a menos de la mitad de las personas potencialmente beneficiarias debido a barreras de acceso y a una gestión compleja, marcada por la rigidez administrativa, la lentitud en la tramitación y la escasa coordinación entre la Seguridad Social y los servicios sociales autonómicos.

A estas dificultades se suman, según han precisado, problemas de incentivos laborales, pues la retirada completa de la ayuda cuando aumentan los ingresos puede desincentivar la aceptación de mejores empleos o más horas de trabajo. Aunque la compatibilidad temporal con las rentas del trabajo atenúa parcialmente este efecto, los expertos coinciden en que resulta insuficiente para favorecer una inserción laboral sostenida.

Asimismo, subrayan la falta de armonización territorial, la coexistencia con rentas mínimas autonómicas heterogéneas y la necesidad de mejorar el cálculo de las rentas, incorporando el alquiler imputado.

Por ello, los expertos apuntan la necesidad de introducir mejoras en su diseño que aumenten la cobertura efectiva, simplifiquen su gestión y refuercen los incentivos al empleo.

Entre otras medidas, proponen: Simplificar los procedimientos administrativos y reducir los plazos de tramitación; trasladar la gestión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades autónomas o flexibilizar la definición de las unidades de convivencia y los requisitos de empadronamiento, con el fin de no excluir a personas en situación de inestabilidad residencial.

También sugieren corregir las disfunciones derivadas de los cobros indebidos mediante reglas de devolución proporcionadas que eviten sobreendeudamiento en los hogares perceptores; sustituir la actual compatibilidad temporal con las rentas del trabajo por un esquema de retirada gradual de la prestación, garantizando que trabajar siempre resulte rentable o alinear la cuantía de la prestación con el umbral de pobreza y aplicar las escalas de equivalencia empleadas por Eurostat, eliminando los topes que penalizan a los hogares con más miembros.

Igualmente, abogan por integrar en el IMV los complementos destinados a energía y vivienda, sustituyendo los actuales bonos sociales por transferencias directas más transparentes y equitativas y revisar el conjunto de ayudas finalistas existentes para avanzar hacia un modelo más integrado de transferencias monetarias, entre otras medidas.