Miriam Gómez Sanz
Economía familiar
Más de un tercio de los ingresos de los hogares procede de ayudas públicas
Fedea muestra cómo cambia la dependencia de las prestaciones públicas a lo largo de la vida
Algo más de un tercio de los recursos de los hogares españoles procede de prestaciones públicas, según el informe Cuentas generacionales de los miembros de los hogares elaborado por Fedea. De esas prestaciones, casi el 40% son monetarias, fundamentalmente pensiones, y el resto toma la forma de servicios públicos como sanidad o educación. Los dos tercios restantes provienen de rentas del trabajo y de los activos.
El estudio, basado en datos de 2022, cifra los recursos totales de los hogares residentes en España en el 111% del PIB, lo que equivale a una media de 32.391 euros por persona. De esos recursos, el 44% se destina al consumo privado, el 23% al consumo público, el 26% al pago de impuestos y cotizaciones sociales y el 7% restante al ahorro.
El informe revela que existen fases sistemáticas de déficit y superávit según la edad. Durante la infancia y la juventud, el consumo supera ampliamente a los ingresos del trabajo, y ese déficit se cubre mediante transferencias públicas y privadas. Entre los 30 y los 60 años, las rentas laborales superan al consumo y generan un superávit que sostiene el ahorro propio y financia a otros grupos de edad.
En las edades avanzadas, la reducción de los ingresos laborales vuelve a crear un déficit que se compensa con pensiones, otras transferaciones públicas y el uso de los activos acumulados durante la etapa activa.
El estudio detecta una diferencia apreciable entre las rentas medias de hombres y mujeres durante la mayor parte de la vida adulta, muy influenciada por los patrones de actividad ligados a la maternidad. Esa brecha se traslada también a las prestaciones públicas monetarias, especialmente a las pensiones, así como al ahorro y a los impuestos.
Los tres pilares que redistribuyen la riqueza
Fedea identifica tres grandes mecanismos de redistribución en España. El primero es el sector público, que a través de pensiones, sanidad, educación y consumo colectivo financia el déficit de las etapas no activas.
El segundo son las transferencias privadas dentro del hogar, principalmente de adultos hacia jóvenes, que resultan esenciales para sostener el consumo en las primeras fases de la vida y ponen de relieve el papel de la familia como complemento del sistema público.
El tercero es la reasignación basada en activos –rentas del capital y desahorro–, que cobra mayor importancia en las edades avanzadas como reflejo del ahorro acumulado durante los años de actividad laboral.
