El volumen de gasto en incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes alcanzó los 33.000 millones de euros en 2025 (el 14% más que en 2024) y acumula un 60% de incremento en la última década, según datos de la Fundación Economía y Salud, que acaba de publicar un informe en el que propone un paquete de medidas de reforma para modernizar la gestión de las bajas laborales y atajar el impacto económico que generan.

La fundación aclara que, si bien el coste de las bajas se divide casi a partes iguales entre Seguridad Social y empresas, el coste total de la IT para la economía española asciende notablemente al considerar los costes indirectos, con un impacto económico global de 81.574 millones de euros en 2023 (el 5,4% del PIB).

Para hacer frente a la "compleja y costosa" incapacidad temporal, los expertos reunidos por la Fundación Economía y Salud sugieren poner en marcha dos figuras para la incorporación progresiva al trabajo después de bajas médicas de larga duración:

- La "IT parcial", que permitiría al trabajador mantener parte de su jornada adaptándola a su estado de salud.

- La reincorporación progresiva tras recibir el alta médica, con adaptaciones temporales del puesto o de la carga de trabajo.

El exsecretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, es uno de los expertos participantes en el informe (La incapacidad temporal: diagnóstico, desafíos y propuestas de reforma), coordinado por Vicente Pallarés-Carratalá, profesor titular de Medicina en la Universitat Jaume I de Castellón. Todos ellos argumentan que estas figuras intermedias, inexistentes en el ordenamiento español, se aplican en los países nórdicos y Holanda desde hace décadas y ayudan a reducir la duración de las bajas y a prevenir recaídas.

La propuesta está pensada para que, tras sufrir bajas prolongadas como pueden ser las causadas por procesos oncológicos, el trabajador pueda reintegrarse de forma paulatina a su empleo, evitando el impacto abrupto de afrontar una semana completa de 40 horas después de meses de ausencia.

El documento defiende la necesidad de superar la actual dicotomía de "trabajar o no trabajar" mediante la introducción de estas figuras intermedias que, por otra parte, también han sido sugeridas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones bajo lo que en su día denominó baja flexible o alta progresiva.

Reducir la carga económica para las empresas 

Según este informe, el sistema de la IT distribuye la carga económica de las bajas de una manera que desalinea los incentivos de las empresas con respecto a la prevención real. Expone que en las contingencias comunes (enfermedades o accidentes comunes), "dolencias extralaborales sobre las que la empresa no tiene control ni capacidad de prevención directa", la normativa obliga paradójicamente a la empresa a pagar directamente el coste íntegro de la prestación entre el cuarto y el decimoquinto día de baja.

En las contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), "que sí guardan una relación directa con las condiciones de seguridad y salud del centro de trabajo y donde la empresa sí puede actuar de forma determinante", la Seguridad Social (o la mutua) asume el coste de la prestación económica desde el segundo día.

El informe sostiene que este diseño genera una paradoja económica: a la empresa le resulta más costosa una baja por enfermedad común que una de origen profesional.

Para este reequilibrio financiero, los autores sugieren fórmulas inspiradas en modelos internacionales, como mecanismos de cotización variables o bonus-malus vinculados al comportamiento y la siniestralidad real de cada empresa en materia de absentismo, beneficiando con cotizaciones reducidas a aquellas empresas que demuestren entornos más saludables y menores tasas de bajas.

Piden más poder para las mutuas

Además de avanzar hacia una "incapacidad temporal parcial", los expertos abogan por acabar con la fragmentación institucional mediante una estrecha coordinación entre los Servicios Públicos de Salud (SPS), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras y los servicios de prevención. En concreto, proponen avanzar hacia modelos donde la información clínica y la funcional se integren, facilitando que el flujo de datos sea interoperable entre administraciones.

Asimismo, sugieren otorgar una mayor capacidad de intervención a las mutuas y a los servicios de prevención de las empresas para que puedan efectuar revisiones periódicas, formular propuestas de alta justificadas y agilizar la realización de pruebas diagnósticas y procesos de rehabilitación con el fin de ajustar la duración de las bajas.

Denuncian la desconexión existente entre el médico que emite la baja en atención primaria y la realidad laboral del paciente. Para solucionarlo, proponen el uso sistemático de la Ficha de Evaluación de Requerimientos del Trabajo (Ficha Ocupacional), que detalla las tareas y exigencias físicas reales del puesto, permitiendo una valoración clínica basada en la funcionalidad real.

Asimismo, plantean revisar el papel de las mejoras voluntarias pactadas en la negociación colectiva (que en muchos casos garantizan el 100% del salario desde el primer día) para evitar que neutralicen el incentivo económico al retorno al trabajo en las bajas de muy corta duración y reorientarlas hacia procesos graves y prolongados.