El Gobierno acaba de remitir a Bruselas el Plan Presupuestario de 2021, que prevé un impacto del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley de lucha contra el fraude de 6.487 millones para el próximo año y de 2.323 millones en 2022 en criterio de caja, gracias a nuevos impuestos 'verdes', a los envases de plástico, un IVA del 21% a bebidas azucaradas y las tasa 'Google' y 'Tobin', lo que permitirá incrementar los ingresos en 33.447 millones el próximo año.
El Gobierno explica que el aumento de los ingresos públicos se explica por la mejora de la economía y la actividad y, en menor medida, por las medidas fiscales que se aplicarán a partir del próximo ejercicio. Entre los cambios impositivos que proyecta en los Presupuestos el Gobierno y que verán la luz en 2021, figuran:
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales e Impuesto sobre Transacciones Financieras
El año que viene entrarán en vigor tanto el nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, más conocido como tasa Google, como el impuesto sobre transacciones financieras o tasa Tobin. Ambos acaban de recibir luz verde definitiva en el Senado y empezarán a funcionar en unos tres meses. El Gobierno calcula que con ellos recaudará unos 1.800 millones de euros en conjunto.
Impuesto sobre envases de plástico de un solo uso
El plan remitido a Bruselas prevé impulsar la fiscalidad medioambiental para recaudar unos 1.311 millones en 2021. En materia de impuestos verdes, el plan presupuestario también contempla la creación del gravamen sobre envases de plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública tras haber sido aprobado el pasado junio por el Consejo de Ministros. Las previsiones de recaudación de esta nueva figura son de 491 millones de euros para 2021.
Incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas
Otro cambio fiscal que verá la luz el año que viene, según los planes del Gobierno, es el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas, que pasará del 10% al 21%, cuyo objetivo es "favorecer hábitos más saludables". La medida ya se contemplaba en el acuerdo de coalición y brindará ingresos por 340 millones de euros en 2021 y 60 millones en 2022.
Subida de impuestos a las rentas altas
El plan presupuestario también recoge, sin explicarlas, una subida de los impuestos directos, previsiblemente en el IRPF de las rentas altas y en sociedades, con un impacto de 2.548 millones en los próximos dos años, y otra en los indirectos, con 1.724 millones.
Que dentro de la subida de impuestos directos va un ascenso del IRPF para las rentas más altas se puede deducir de la afirmación de que la subida permitirá “reforzar la progresividad del sistema impositivo”. Si eso se traduce en eliminar deducciones a las aportaciones a fondos de pensiones o en tipos marginales más altos para las mayores rentas no se aclara.
Cambios en el impuesto de sociedades
Además, también se apunta a cambios en el impuesto de sociedades porque el documento señala que la recaudación aumentará por la subida de los beneficios y por la “adopción de ciertas medidas”, que tampoco se explican.
Impuestos indirectos
En cuanto a los impuestos indirectos tampoco hay muchas pistas aún. El documento señala que la recaudación crecerá por el “efecto de las medidas tributarias, que supondrán un incremento de la recaudación del IVA y de los Impuestos Especiales”. Se podría subir la imposición sobre el diésel o excluir en el IVA a algunos productos de los tipos reducidos pasándolos al general. La implantación del IVA para la sanidad privada es uno de los interrogantes que planea sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado. Lo que dice el documento es que la subida será por “razones de equidad”, pero en su listado final prevé 1.500 millones extra en “otros impuestos“, en un capítulo en principio separado del IVA.
Lucha contra el fraude fiscal
Por otra parte, el docuento tmbién recoge las medidas incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, con la que espera recaudar 828 millones, que permitirán reforzar el control de las prácticas irregulares asociadas a las nuevas tecnologías, combatir la economía sumergida mediante la bajada del límite de pagos en efectivo en el ámbito profesional a 1.000 euros y también combatir la elusión fiscal de las grandes multinacionales para hacer un sistema tributario más justo, prohibiendo también las amnistías fiscales.
