El Defensor del Pueblo alerta del aumento de reclamaciones por el acceso a la jubilación

El Defensor del Pueblo ha venido reflejando en sus informes anuales el incremento de reclamaciones en materia de jubilación, que se consolida como una tendencia claramente ascendente. Así lo refleja en su Informe anual 2025, presentado este martes, que apunta como causas del mayor volumen de quejas la incertidumbre laboral, el temor a futuras reformas y el aumento de solicitudes por la jubilación de la generación del baby boom.

En concreto, la institución, dirigida por Ángel Gabilondo, subraya cómo la baja tasa de natalidad, junto con la llegada a la jubilación de los boomer (en España son los nacidos entre 1958 y 1975), está suponiendo un importante aumento en las solicitudes de jubilación a partir de 2023, con la previsión de futuras y constantes incorporaciones y el consiguiente aumento del gasto en pensiones.

Del total de 38.762 expedientes tramitados en 2025 (frente a los 34.629 del ejercicio anterior), los asuntos que protagonizan más quejas ciudadanas son, en primer lugar, la Administración de Justicia, seguida de los ministerios de Seguridad Social y de Trabajo y Empleo, Migraciones y Política Social, Interior, Educación y Sanidad.

Más en detalle, respecto a la Seguridad Social, "el número de quejas ha sido similar al del año anterior: 3.300 expedientes, fundamentalmente sobre el reconocimiento y gestión de prestaciones de incapacidad laboral; el Ingreso Mínimo Vital (IMV); las prestaciones por desempleo y cese de actividad de autónomos; la recaudación ejecutiva de deudas con la Seguridad Social; las dificultades para el reconocimiento de la pensión de jubilación, sus complementos por mínimos o por descendencia; los procedimientos de reintegro de prestaciones cobradas indebidamente, o los retrasos en la tramitación de las pensiones no contributivas por parte de las administraciones autonómicas correspondientes", señala el informe.

 

Fuente: Informe 2025 Defensor del Pueblo

Sin acceso a la pensión por faltar cotizaciones de la empresa

Aún más específicamente dentro de la Seguridad Social, el Defensor del Pueblo llama la atención sobre el creciente número de quejas en materia de jubilación y pensiones, destacando que numerosos ciudadanos denuncian no poder acceder a su pensión (o ven reducida su cuantía) porque sus empresas no ingresaron las cotizaciones en su momento y la deuda ha prescrito. Aunque la ley contempla el "principio de automaticidad" (que obligaría a la Seguridad Social a pagar de todos modos), la falta de desarrollo reglamentario obliga a los afectados a acudir a la vía judicial.

Ejemplo destacado: Un colectivo de profesoras de religión que trabajaron para el Ministerio de Educación desde 1983, pero que no fueron dadas de alta correctamente hasta 1999, viéndose obligadas a demandar para cobrar su jubilación. 

El año pasado, la institución formuló una recomendación a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones (SESSP) para que establezca con rango legal o reglamentario un procedimiento que permita la automaticidad de las prestaciones y el pago a los beneficiarios por parte de las entidades gestoras, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o servicios comunes, en los supuestos de responsabilidad empresarial por incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, alta y cotización de trabajadores.

El definitivo desarrollo normativo evitaría que las personas afectadas se vean obligadas a acudir a la vía judicial como único medio para hacer valer su posible derecho al cobro de la jubilación.

Problemas en el cómputo del servicio militar (la mili)

Siguen las quejas por la imposibilidad de sumar el tiempo del servicio militar o la prestación social sustitutoria para la jubilación ordinaria. Los afectados denuncian el incumplimiento de una ley de 2011 que obligaba al Gobierno a compensar estas lagunas, una medida paralizada año tras año, sin incluirse en los Presupuestos Generales del Estado.

Actualmente, este tiempo solo cuenta (con un máximo de un año) para alcanzar el mínimo exigido en las modalidades de jubilación anticipada.

Demoras en el plus por hijos para hombres

Se registran fuertes retrasos (de hasta varios años) en resolver las solicitudes de hombres que reclaman el complemento por aportación demográfica. También hay retrasos en el pago de la indemnización de 1.800 euros fijada por el Supremo para cubrir los gastos judiciales de quienes tuvieron que demandar.

Además, el Defensor se ha opuesto al criterio de la Seguridad Social, que deniega algunas indemnizaciones por prescripción basándose en fechas europeas; la institución exige que el plazo cuente desde la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2023.

Información errónea en informes para la jubilación

Un grupo crítico de quejas proviene de trabajadores que solicitaron informes sobre su jubilación a la Seguridad Social y, basándose en ellos, renunciaron a sus empleos convencidos de que ya tenían derecho a la pensión. Al serles denegada finalmente la jubilación, se quedan sin ingresos, sin posibilidad de cobrar desempleo por haber causado baja voluntaria y con dificultades para encontrar trabajo por su edad.

La Seguridad Social se defiende alegando que esos informes son meramente "orientativos" y no vinculantes, fruto a veces de cambios legislativos entre la fecha del informe y la solicitud real.

También hay quejas de ciudadanos a los que el INSS se niega a elaborarles dicho informe manualmente (cuando falla la web), alegando falta de recursos y limitándolo a personas a las que les falten menos de dos años para jubilarse.

El caso 'Asjubi40' de penalizaciones en largas carreras

Los pensionistas de largas carreras, con 40 o más años cotizados, componen otro grupo de quejas frecuentes al Defensor del Pueblo, reclamando que se supriman los coeficientes reductores que merman su pensión anticipada.

Defendidos por la asociación Asjubi40, denuncian que se sienten penalizados pese a haber sostenido el sistema durante más años que la mayoría de jubialdos.

Ante estas quejas, la Seguridad Social responde que el objetivo dictado por el Pacto de Toledo y Europa es alargar la edad efectiva de jubilación para garantizar la sostenibilidad, y que eliminar estas penalizaciones dispararía el gasto público.

Denuncias de abogados y procuradores mutualistas

Abogados y procuradores denuncian las pensiones extremadamente bajas que les otorgan sus mutualidades de previsión y reclaman una "pasarela" para trasladar sus fondos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Este asunto está actualmente en tramitación parlamentaria.

Otros grupos que reclaman son los miembros del Clero ortodoxo. El Obispado Ortodoxo Rumano lleva años quejándose de la vulnerabilidad de sus ministros de culto al llegar a la jubilación, ya que carecen de convenio para estar en el Régimen General de la Seguridad Social.

Problemas con la cita previa y acceso físico

Vinculado a la necesidad de gestionar la jubilación, en 2025 el Defensor del Pueblo recibió nuevas quejas en las que se planteaba la imposibilidad de obtener cita a través de los canales habilitados al efecto (sede electrónica, teléfono o atención presencial), por el bloqueo del sistema.

Especialmente preocupa a la institución las afirmaciones referidas en esas quejas al hecho de que los vigilantes de seguridad impiden el acceso a ciudadanos que acuden sin cita, incluso cuando las delegaciones administrativas aparentan encontrarse vacías o sin apenas público, y les obligan a realizar esperas a la intemperie, incluidas personas mayores de 65 años o afectadas por la brecha digital.

Por ello, se han reanudado las actuaciones ante la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones que ya concluyeron en 2023, para actualizar la información sobre las medidas en marcha.

Autónomos que no pueden jubilarse por deber cuotas

Un significativo grupo de quejas al Defensor son las presentadas por trabajadores autónomos, que lamentan la denegación de su pensión de jubilación por tener deudas en el pago de sus cuotas a la Seguridad Social.

Aunque el Defensor no puede admitir las quejas, porque la ley exige estar al corriente de pago para cobrar, orienta a los afectados para que soliciten un aplazamiento de deuda a la Tesorería.

Justicia, Seguridad Social y empleo, lo más reclamado

En total, en 2025 la institución del Defensor del Pueblo tramitó un total de 38.762 expedientes frente a los 34.629 registrados en el ejercicio anterior. Dichos expedientes se desglosan en 38.144 quejas, 253 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones y 365 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Además, desde la institución se atendió personalmente a 44.278 ciudadanos (42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de una forma presencial).

Como consecuencia de los expedientes tramitados, se formularon 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 721 fueron recomendaciones, 788 fueron sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.

Los asuntos que protagonizaron más quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2025 estuvieron relacionados, principalmente, con la Administración de la Justicia, la Seguridad Social y Empleo, Migraciones y Política Social, Interior, Educación y Sanidad.

El mayor número de quejas volvió a llegar de las comunidades autónomas más pobladas, entre ellas, las comunidades de Madrid (8.766), Andalucía (4.374), Cataluña (3.702) y Valencia (3.458).