La inmigración actúa como un amortiguador fundamental para el sistema de pensiones en España, ya que la llegada de población extranjera se concentra en edades laborales, lo que contribuye a aumentar el número de cotizantes a la Seguridad Social y contrarresta el envejecimiento demográfico, sirviendo para mitigar el efecto de la inminente y masiva jubilación del baby boom.

Así lo defiende el Gobierno y lo detalla la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, para quien, si en España hubiera "menos migrantes, peligrarían pensiones, cuidados, sanidad, educación y la huerta de Europa. La migración es indispensable para nuestro Estado del bienestar".

La también portavoz del Ejecutivo cita el informe España ante el reto migratorio. Dos futuros posibles, elaborado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, para subrayar la extraordinaria aportación de la inmigración para el futuro del país.

🇪🇸 ¿Te imaginas una España con menos migrantes? Peligrarían pensiones, cuidados, sanidad, educación y la huerta de Europa. La migración es indispensable para nuestro estado del bienestar.

📄 Informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia ⬇️https://t.co/nmcMj6A62v pic.twitter.com/HamN6H6MVj

— Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) May 14, 2026

Este informe contempla un escenario base (el actual con el ritmo de migración prevista) y otro donde la entrada de inmigrantes se redujera un 30%; en este segundo caso, el sistema se enfrentaría a una base de trabajadores más pequeña mientras el número de jubilados seguiría creciendo de manera sostenida. Así las cosas, financiar las pensiones sería cada vez más complicado.

Según las proyecciones que maneja el estudio, con menos migrantes, en 2075 cada trabajador tendría que aportar alrededor de 2.000 euros anuales adicionales para mantener el nivel actual de prestaciones.

El informe arroja otros datos clave: en un escenario de baja migración, llegado el año 2075, el gasto en pensiones, medido en términos de porcentaje sobre el PIB, sería un 1,2% superior con respecto al escenario base. El tramo más delicado se concentra entre 2050 y 2060, años en los que la jubilación del baby boom disparará la demanda de prestaciones. En esos años, la brecha entre el escenario base y el de reducida migración alcanza su máximo, con un coste adicional cercano al 1,4% del PIB.

Se dispararían las necesidades de financiación

Esta brecha en términos de PIB se traduce en mayores necesidades de financiación, si hubiera menos migración:

-  Harían falta unos 9.500 millones de euros adicionales en 2035 para sostener las pensiones.

- Serían necesarios en torno a 30.000 millones extra en 2055 para pagar las nóminas a los pensionistas.

- Hasta 32.000 millones adicionales costaría abonar las pensiones en 2075, en el escenario de reducida migración.

Al final del horizonte, esta diferencia representa una pérdida equivalente a la financiación de uno de cada diez pensionistas. Para cerrar esa brecha, las contribuciones a la Seguridad Social tendrían que aumentar un 12%, un monto de dinero equivalente a los ya citados 2.000 euros extra por trabajador al año.

Con menos migrantes habría fuertes subidas de impuestos 

Además de tensionar las pensiones, el efecto de reducir los flujos migratorios empeoraría el equilibrio fiscal general del Estado del bienestar, de acuerdo con el informe España ante el reto migratorio. Dos futuros posibles.

La razón de este desajuste es que, aunque haya menos población y se reduzca ligeramente el gasto en algunos servicios públicos, la caída en los ingresos procedentes de los impuestos y cotizaciones de los migrantes sería mucho más brusca.

Para compensar toda esta pérdida recaudatoria sin los migrantes, el Estado se vería obligado a aplicar fuertes subidas de impuestos al resto de la población, tales como aumentar un 14% la recaudación del Impuesto de Sociedades o subir en torno a un 6% el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).