El año nuevo ha traído a los holandeses un nuevo sistema de pensiones. En Países Bajos acaba de entrar en vigor una profunda transformación de su sistema de pensiones que supone romper la “hucha común”. Pasarán de un modelo de reparto a otro modelo de aportación definida que vincula las prestaciones a los mercados. Cerca de 9,5 millones de pensiones pasarán a un modelo basado en cuentas individuales. Esto implica que un cuarto de los billones de euros con los que cuenta el modelo neerlandés será gestionado de forma activa, asumiendo más riesgos en las inversiones, con el objetivo de conseguir mayor rentabilidad.
Hasta ahora, el sistema se apoyaba en una gran bolsa común, obligatoria y de carácter colectivo, en la que las aportaciones de los trabajadores en activo financiaban las pensiones de los jubilados, con una política de inversión conservadora. Este esquema garantizaba prestaciones relativamente estables, aunque a menudo insuficientes para compensar plenamente la inflación.
Con el nuevo modelo, los fondos podrán diversificar más sus carteras y asumir mayores riesgos, aumentando el peso de activos como la renta variable, la deuda corporativa o las hipotecas. La gestión, sin embargo, será diferenciada por edades, de modo que quienes estén próximos a la jubilación mantendrán perfiles más prudentes. El nuevo sistema, en efecto, introduce una gestión del riesgo dual entre trabajadores jóvenes y mayores. Existe el temor de que los fondos incrementen su exposición a activos más volátiles para quienes tienen la jubilación lejana, reduciendo la presencia de bonos y las coberturas frente a los tipos de interés, que además serán de menor duración, según apuntan analistas citados por Bloomberg.
El objetivo de la reforma es reforzar la sostenibilidad de los grandes fondos sectoriales, aceptando un mayor nivel de riesgo en sus inversiones para mejorar la rentabilidad. Esto abre la puerta a que la mayor reserva de pensiones de la Unión Europea, con activos próximos a los dos billones de euros, incremente su exposición a activos de mayor riesgo.
Así, desde el pasado día 1 de enero, los primeros grandes fondos —que gestionan más de 500.000 millones de euros— han iniciado la transición y dispondrán de un año para ajustar carteras, calcular los repartos, aplicar incrementos iniciales y asignar las compensaciones previstas. Otros, como el fondo de los funcionarios ABP, retrasarán el cambio hasta 2027. El banco central neerlandés (DNB), está revisando los planes de transición para comprobar que el reparto de activos sea equitativo entre jubilados y trabajadores en activo.
El modelo de Países Bajos se basa en tres pilares: una pensión estatal básica (AOW), financiada vía impuestos y no ligada al salario; los planes privados individuales; y los fondos sectoriales, que constituyen el eje central del sistema y son los directamente afectados por la reforma.
Este esquema sirvió de referencia parcial para la última reforma de las pensiones en España, que buscó potenciar los planes de empleo sectoriales. La diferencia es que en Países Bajos estos fondos no son un complemento, sino el elemento principal que determina los ingresos futuros de los jubilados, a diferencia del sistema español, más apoyado en las pensiones públicas.
Durante décadas, el sistema neerlandés funcionó bajo un modelo de prestación definida, con pensiones calculadas en función del salario y los años cotizados, y una estrategia inversora centrada en bonos soberanos y derivados ligados a los tipos de interés. Sin embargo, el prolongado periodo de tipos bajos y el envejecimiento de la población han dificultado la protección frente a la inflación y han puesto en riesgo las prestaciones.
La reforma, aprobada en 2023 y con aplicación progresiva hasta 2028, rompe con ese enfoque. Los activos de cada fondo se reparten en “cuentas individuales potenciales”, y el importe final de la pensión pasa a depender de las aportaciones realizadas y del rendimiento de las inversiones.
Organizaciones de jubilados han llevado a los fondos ante los tribunales al considerar que pierden derechos de indexación acumulados, lo que califican como una “expropiación sin compensación”. Buscan que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la UE para determinar si se vulnera la normativa europea sobre protección de la propiedad.
También hay inquietud entre trabajadores que cambian de empleo o reducen su jornada antes del traspaso al nuevo sistema, ya que podrían perder total o parcialmente las compensaciones previstas.
