El fuerte encarecimiento que soportan los hogares españoles no da tregua, sino que empeora aún más, a tenor de los últimos datos oficiales, que vienen a confirmar que la vuelta al cole de pensionistas y trabajadores, tras la pausa veraniega de 2026, es de las más duras de los últimos años. En efecto, el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa anual 7 décimas en agosto, alcanzando el 4,3% y marcando su nivel más alto desde febrero de 2023 (entonces fue del 6%).

La inflación, impulsada por la subida de los combustibles y por el alza de los alimentos (el 2,3% más caros que hace un año), encadena dos meses consecutivos de ascensos y se sitúa por encima del 4% por primera vez desde abril de 2023.

Aunque el Gobierno asegura que no dejará "de acompañar y de apoyar a las familias ante las subidas de los precios" (palabras del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo), lo cierto es que este nuevo disparo de la inflación amplía drásticamente la brecha con la revalorización general del 2,7% que tienen las pensiones contributivas en 2026, engullendo por completo la subida que tuvieron en enero pasado.

De hecho, el encarecimiento desorbitado de la cesta de la compra y el consiguiente empobrecimiento de los jubilados más humildes son dos denuncias unánimes de las principales plataformas y movimientos de pensionistas, que anuncian un nuevo otoño caliente y se manifestarán en las calles de Madrid el próximo 24 de octubre. 

Las organizaciones participantes en esta marcha coinciden en varias exigencias de emergencia dirigidas al Gobierno y al Parlamento, entre las que destaca topar los precios de los bienes de primera necesidad y aplicar un 0% de IVA a la cesta básica de alimentos. Reclaman asimismo una paga compensatoria y que la subida anual de sus prestaciones "se efectúe en función del IPC real", ante lo que califican como una "pérdida acumulada de poder adquisitivo inaguantable". Sin olvidar su histórica reivindicación de subir las pensiones mínimas hasta equipararlas con el SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

Coespe: "Muchos jubilados deben elegir entre comer, medicinas o alquiler"

Desde la coordinadora estatal de pensionistas Coespe (@CoespeOficial), Damián Rodríguez advierte de que la cifra oficial del IPC se queda muy corta para reflejar la realidad del colectivo. "Los gastos básicos que más sufrimos las personas mayores, como los alimentos frescos, la energía y los servicios de salud, suelen subir muy por encima de la media", subraya este portavoz, al tiempo que desvela "situaciones extremas en las que muchos jubilados y sus familias se ven obligados a elegir entre comer, comprar medicinas o pagar el alquiler". 

Rodríguez hace hincapié en que la posición unitaria de los movimientos de jubilados pasa por reclamar la subida de salarios y pensiones públicas con el IPC real, una cláusula de compensación de la pérdida del poder adquisitivo, equiparar la pensión mínima al SMI y cerrar la brecha de género. "Y topar el precio de los bienes básicos forma parte también de nuestra reivindicación", asegura a 65YMÁS, ante la escalada sin fin de la inflación.

La alarma pensionista por la subida de precios es evidente: "Desde la plataforma Unidad de Acción Pensionista, en el mes de julio pedimos una reunión con la ministra Elma Saiz, así como con el ministro de Presidencia, y hasta el momento no hay respuesta", expone Damián Rodríguez, para quien "la subida de la inflación es tremenda. Y el Gobierno y el Parlamento no pueden mirar hacia otro lado".

El MPEH vasco denuncia pérdidas netas de casi 200 euros por el IPC

Los jubilados vascos del MPEH (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria), a punto de cumplir 9 años de concentraciones de los lunes al sol frente a ayuntamientos vascos y navarros, denuncian también el empobrecimiento por culpa de la inflación.

Hace unas semanas, los portavoces del colectivo Andrea Uña y Jon Fano señalaban que el desfase inflacionario representaba una pérdida neta de 168 euros anuales para una pensión media de 1.500 euros, cuando el IPC de julio se situaba en el 3,6%. Ni que decir tiene que el deterioro se agrava tras haber alcanzado el IPC una subida del 4,3% en agosto.

"La constante sangría económica aboca a miles de jubilados a renunciar a una alimentación sana, calefacción o servicios de atención por dependencia", critica Andrea Uña, recordando que el MPEH lucha desde hace años para que los gobiernos autonómicos del País Vasco y Navarra complementen las pagas más bajas hasta alcanzar el SMI.

Asjubi40: "La revalorización a año pasado no llena hoy la nevera"

Desde la Asociación por la Jubilación Anticipada sin Penalizar con 40 años cotizados, Asjubi40 (@asjubi40), su portavoz Santiago Menchero califica de "brindis al sol" el discurso oficial sobre las subidas de pagas, insistiendo en que prometer compensaciones "a año pasado no sirve para pagar las facturas de hoy ni llenar la nevera esta semana".

Menchero pone de relieve "el castigo que sufren los trabajadores con 40, 44 y hasta 45 años de cotización que fueron expulsados del mercado laboral y a quienes se les aplican penalizaciones perpetuas de hasta el 40% sobre su base reguladora".

Esta asociación considera inaceptable que la subida del 2,7% se aplique sobre pensiones mermadas de origen y exige el cumplimiento íntegro de las recomendaciones del Pacto de Toledo, mediante la "derogación inmediata de los coeficientes reductores en el caso de personas con largas carreras laborales".

Los sindicatos piden actuar en la fijación de precios

Ante el recrudecimiento de la inflación en agosto, los sindicatos no han dudado en exigir acciones concretas al Gobierno para frenar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos.

De una parte, CCOO reclama intervenir en la fijación de los precios de la energía ante el repunte de precios, advirtiendo de que representa "un duro golpe al poder adquisitivo de millones de personas trabajadoras, que pierden más de un punto porcentual de poder de compra" respecto a la inflación. Asimismo, recuerda que los altos precios de la vivienda no se incluyen en el cálculo del IPC, lo que agrava la situación financiera de las familias.

A su vez, UGT considera "esencial" una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional y garantizar un crecimiento salarial acorde al incremento de los precios. Ante el aumento de la inflación, expone que la subida salarial media "se mantiene por debajo de la inflación por sexto mes consecutivo, lo que implica un recorte del poder de compra de una parte importante de los trabajadores".

También USO denuncia que las familias siguen perdiendo poder adquisitivo "mes tras mes". El sindicato señala que el aumento de los productos afecta directamente a la cesta de la compra y a los gastos básicos, que ya absorben una parte creciente del presupuesto familiar. "Con vivienda disparada y alimentación encareciéndose de forma sostenida, la inflación real que sufren las familias es muy superior a la media general", apunta USO, para quien la "desconexión" entre precios y salarios está consolidando un fenómeno de "trabajadores pobres y personas con empleo que no pueden cubrir adecuadamente sus gastos esenciales".